Especialistas de la agencia alemana de noticias DW han publicado esta semana un análisis sobre la situación política en Venezuela, en el que se destaca el impacto que ha causado y que causará la eliminación del interinato de Juan Guaidó en el devenir cercano, de mediano y de largo plazo para la llamada oposición democrática en el país.
Señalan que, un día antes de finalizar el 2022, con 72 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones, los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en el 2015, aprobaron en segunda discusión la «Ley de Reforma del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Este instrumento legal -anotan-, puso fin a la presidencia interina que desde hace cuatro años venía ejerciendo Juan Guaidó, luego de que esta Asamblea Nacional declarara como ilegítima la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República, realizada en mayo de 2018.
“Esta supresión del interinato necesariamente marca un nuevo rumbo, con importantes desafíos, en el empinado camino que la oposición venezolana ha venido recorriendo durante estos últimos 20 años en su intento de reinstaurar la democracia en el país”, señalan.
Y es que la situación no la tienen fácil. De acuerdo con las declaraciones de líderes de los partidos proponentes de la reforma—Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tempo-, el gobierno interino, que había sido concebido como el instrumento para salir de la dictadura, fue burocratizándose con el paso del tiempo y alejándose cada vez más de su razón de ser.
Se señala, además, que la mayor parte de los apoyos internacionales obtenidos inicialmente fueron perdiéndose como resultado de los errores y escándalos de corrupción que afectaron al interinato.
En un comunicado -precisan-, “los proponentes de la reforma expresaron que «el gobierno interino dejó de ser útil en la democratización de Venezuela” y que “no reviste ningún interés ya para la ciudadanía”. Ello explica la necesidad de superar esta figura y desarrollar una nueva estrategia política que le permita al liderazgo político opositor reconectar con la gente y sus necesidades; reconstituir el espacio interno de movilización y lucha de los partidos políticos y de la sociedad civil; y recobrar el apoyo mayoritario de la comunidad internacional.
La Ley de Reforma del Estatuto, aprobada el 30 de diciembre pasado, mantiene los señalamientos respecto al «ejercicio ilegítimo y de facto del gobierno por parte del régimen autocrático”, así como la ilegitimidad de la Asamblea Nacional electa el 2020. Igualmente conserva como objetivos de la Asamblea Nacional electa en el 2015 la búsqueda de la reconciliación nacional; la restitución de la democracia en Venezuela y la plena vigencia de la Constitución; y la protección de los activos pertenecientes a la República en el extranjero.
Salen de Guaidó y se reservan crear un Consejo de Administración y Protección de Activos, integrado por cinco miembros independientes y sin ningún tipo de vinculación partidista, quienes serán designados por la Asamblea Nacional.
Este Consejo será el órgano competente para proteger todos los bienes o activos del país en el exterior. Además, conservan las juntas ad-hoc del Banco Central de Venezuela y de PDVSA; aparte de que la Asamblea Nacional “se reserva la potestad de designar representantes internacionales que actúen en materias de derechos humanos, migración o crisis humanitaria y lucha contra la corrupción, en organismos multilaterales, protección democrática de los activos para Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, y/o donde sea requerido”.
Además, suprimen el resto de los cargos administrativos creados en virtud del Estatuto de 2019 y prorrogan el período de la Asamblea Nacional electa en el 2015 hasta por 12 meses a partir del 5 de enero de este 2023.
El éxito de esta nueva estructura jurídica en cuanto a la preservación de los activos de Venezuela en el exterior, señalan los analistas, dependerá del reconocimiento por parte de los gobiernos extranjeros donde se encuentran ubicados los bienes venezolanos. Hasta los momentos, ninguno de esos gobiernos ha emitido declaraciones expresas en este sentido.
Esta nueva etapa en la lucha por recobrar la democracia en el país está signada por «el propósito de asumir la estrategia electoral como la vía más realista para producir el cambio político en nuestro país”, según se afirma en la exposición de motivos de la reforma del Estatuto.
Como elemento positivo destacan que en esta dirección hay coincidencias entre los diferentes sectores de la oposición, hayan o no estado de acuerdo con la decisión de suprimir la presidencia interina.
El mismo Juan Guaidó, en declaraciones para RTVE noticias, afirmó este primero de enero que lo que queda es “recomponer la alternativa democrática en nuestro país”.
“Hemos convocado a unas primarias para reunificar a toda la oposición y presionar la exigencia de esa elección presidencial que es una solución, una alternativa para recuperar la democracia y retomar la movilización a pesar de los riesgos. Pero ese es el mecanismo para ejercer nuestros derechos”.
Esa es una vía, débil, pero es una vía.
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