Vierne5 / Doscientos veintidós reclusos considerados como presos políticos del gobierno de Daniel Ortega, fueron sacados de las cárceles, expulsados a los Estados Unidos y despojados de su nacionalidad, “para que el gobierno de Joe Biden «vea a ver qué hace con ellos”.
Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, dijo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le confirmó que 222 prisioneros objeto de la represalias, entre ellos sacerdotes, periodistas y candidatos presidenciales, fueron puestos en un avión y llevados a Washington este jueves temprano.
Por su parte, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato, de 1985 a 1990, y quien está actualmente exiliado en España, expresó su satisfacción por la liberación de los presos, pero no con el procedimiento.
«Hoy es un gran día para la lucha por la libertad de Nicaragua al salir de las cárceles tantos prisioneros injustamente condenados o procesados, cárceles en las que nunca deberían haber estado. Van al destierro, pero van a la libertad», tuiteó sin embargo Ramírez.
«Es una liberación masiva» de prisioneros pocas veces vista, dijo McFields, quien expresó el reconocimiento a las familias de los prisioneros por nunca dejar de presionar para su liberación.
Los familiares de algunos de los liberados también confirmaron que los prisioneros volaban a Washington. Berta Valle, esposa del líder opositor Félix Maradiaga, dijo que el Departamento de Estado le confirmó que su esposo estaba en el avión. Ninguno de los gobiernos ha confirmado nada oficialmente.
Por su parte, La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) confirmó que entre los liberados y «desterrados» a Washington se encuentran los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Máx Jérez. Alemán, de 24 años, increpó en una transmisión televisada en vivo a Ortega durante el inicio de un fallido diálogo nacional en mayo de 2018 y le pidió su renuncia para resolver la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, y esto le trajo consecuencias.
Muchos más detenidos, probablemente más del doble de los liberados, fueron juzgados y enviados a prisión en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007.
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