Vierne5 / La prensa en Guatemala advirtió al gobierno de este país que o le callará, trasdiversos sucesos en los que la principal acción ha sido las detenciones y el amedrentamiento.
El periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador en 1996 de El Periódico, de Guatemala, lleva siete meses en prisión. «Por desgracia, esta es la regla y no la excepción», lamenta Héctor Coloj, del Observatorio de los Periodistas en Guatemala.
«En ocasiones, las personas sobrepasan en prisión preventiva el tiempo de condena que les correspondería» de ser declarados culpables, explicó.
Pero, en este caso, Coloj, ve en la demora «un mensaje amedrentador» para la prensa crítica o los opositores a este «régimen autoritario». El acusado todavía no ha sido juzgado y ya ha sido imputado por el tribunal en otro caso.
Coloj alega que ambos son montajes para evitar que siga denunciando casos de corrupción política desde su periódico, ahora ya únicamente digital porque le han confiscado el papel. Entretanto, sus sucesivos cuatro abogados han tenido que ir desistiendo de su defensa. Dos de ellos, incluso, han sido acusados penalmente por «entorpecer» la investigación».
Ahora Zamora Marroquín «ejercerá su propia defensa» para «no exponer a terceros en su lucha por la búsqueda de justicia», dijo su último abogado en su carta de renuncia. «Este encarnizamiento judicial contra El Periódico asesta un grave golpe a la libertad de prensa en Guatemala e instaura un clima de censura», denunció en un comunicado el director en América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Artur Romeu, en el que pide la «liberación inmediata» de Marroquín y sus colaboradores injustamente encarcelados.
«Sin periodismo libre, plural e independiente no hay democracia. Pues la libertad de prensa es la que nos permite verificar la existencia de todas las otras», afirma Romeu, consultado por la agencia alemana de noticias DW.
«Cuando se debilitan los mecanismos de acceso a la información y de transparencia, no son solamente los periodistas las víctimas, es también el conjunto de la ciudadanía», precisó.
Y no es el único que considera que la propia democracia está en peligro en el país: este martes, las siete principales asociaciones de prensa de Guatemala difundieron un comunicado en rechazo «a la pretensión de investigar a periodistas y columnistas al amparo de la Ley contra la delincuencia organizada».
Antes lo habían hecho organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o el Comité para la Protección de los Periodistas (CPP). Incluso el gobierno estadounidense había expresado su «profunda preocupación» por el caso.
El sábado, decenas de periodistas se manifestaron frente a la Corte Suprema de Justicia en Ciudad de Guatemala, así como en otras localidades, al grito de «¡no nos callarán!».
El propio comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, dijo este jueves que «es necesario reforzar en Guatemala los mecanismos de protección para garantizar la independencia del sistema judicial». Y recordó en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que alrededor de cincuenta personas se han exiliado de Guatemala desde 2018, entre jueces, fiscales y periodistas, víctimas de una persecución judicial por su lucha contra la corrupción.
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