Vierne5 / Alrededor de 50 mil presos en Venezuela iniciaron una huelga de hambre para exigir a las autoridades que resuelvan con celeridad el retardo procesal que les agobia.
Familiares de los detenidos también reclamaron en diversas partes del país, la solución a las condiciones infrahumanas que produce el hacinamiento, el deterioro de la salud de los encarcelados y la falta de alimentos y agua.
La protesta se ha extendido por 51 centros de reclusión, incluidas cárceles que dependen del Ministerio de Servicio Penitenciario, calabozos policiales y hasta los anexos femeninos.
Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, dice que los recintos carcelarios de los estados Nueva Esparta, Apure, Amazonas y Delta Amacuro, son los únicos que no se han sumado a la protesta que se mantiene en al menos 17 estados.
El hacinamiento y el retardo procesal en las cárceles venezolanas no son temas nuevos, tienen más de una década, pero especialistas afirman que ambos problemas se intensificaron tras la operación “Cacique Guaicaipuro”, con la que se clausuraron siete cárceles en el año 2023 en un intento de desarticular los grupos de delincuencia organizada que operan en estos lugares y con la que se trasladaron miles de presos a otros recintos donde ya había gran cantidad de detenidos.
“Es algo que se veía venir a raíz de la operación Guaicaipuro porque hizo que aumentara el hacinamiento en otras cárceles y que aumentara el retardo procesal que existe desde hace muchos años”, afirma Nieto Palma.
Por su parte, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), expone que desde que Chávez llegó al poder y hasta la fecha, unos 14 ministros han tratado de resolver el retardo procesal y en general el tema de las garantías judiciales, sin poder solucionar nada. “Han hecho que crezca el hacinamiento y han llevado el problema a otras cárceles hacinadas”, indica.
En opinión de Prado, “ellos mismos, las autoridades, han creado el inconveniente que les está explotando en la cara”.
Los especialistas Carlos Nieto Palma y Humberto Prado afirman que los problemas de hacinamiento y retardo procesal se intensificaron tras la denominada operación, porque cerró siete cárceles y trasladó el caos a recintos que ya estaban superpoblados.
También recuerdan a las autoridades que los presos son responsabilidad del Estado y se les debe garantizar sus derechos humanos.
- www.vierne5.com y semanariovierne5@gmail.com
