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TSJ: 1.343 postulaciones bajo la lupa ciudadana

Vierne5. / La Voz del Lector.

Renovación del Tribunal Supremo de Justicia; impugnaciones de magistrados del TSJ; independencia judicial en Venezuela; vigilancia ciudadana del Poder Judicial.

¿De qué sirve renovar el Tribunal Supremo de Justicia si quienes deben impartir justicia terminan reproduciendo las mismas prácticas que han provocado tanta desconfianza en Venezuela? Esta es la preocupación que atraviesa los mensajes recibidos por Vierne5, donde los lectores cuestionan las 1.343 postulaciones anunciadas para el sistema judicial, reclaman una selección transparente y advierten que el país no puede permitirse otro cambio de nombres sin una transformación verdadera. En medio de las críticas también aparecen preguntas sobre los comentaristas políticos, la responsabilidad de los dirigentes, los presos políticos y la presencia del poder en los actos populares. Son inquietudes diferentes que conducen a una misma exigencia: instituciones independientes y ciudadanos capaces de vigilarlas.

Los mensajes mezclan ironía, indignación, esperanza y una considerable dosis de escepticismo. Algunos lectores desconfían de quienes interpretan diariamente la realidad política desde estudios de televisión y redes sociales. Otros consideran que la renovación judicial podría convertirse en una oportunidad perdida si no se examinan cuidadosamente los antecedentes de los aspirantes.

También hay quienes piden mayor presencia de los dirigentes democráticos junto a las familias de presos políticos y quienes cuestionan la utilización de celebraciones deportivas como escenarios de protagonismo gubernamental.

En todos los casos aparece una preocupación por recuperar la credibilidad de la vida pública venezolana.

Los llamados «lojanalistas» y la desconfianza hacia los opinadores

Uno de los lectores comienza con una pregunta aparentemente sencilla: ¿quiénes son los «lojanalistas»?

La conversación ofrece respuestas cargadas de ironía. Varios participantes utilizan ese término para referirse a comentaristas políticos cuya independencia cuestionan y a quienes consideran demasiado complacientes con quienes ejercen el poder.

Un lector los compara con alcancías que solamente hacen ruido cuando reciben monedas. Otro los describe como personas que, en su opinión, adaptan sus lealtades a las oportunidades políticas.

La expresión refleja una desconfianza ciudadana hacia determinados espacios de análisis y comunicación.

Sin embargo, es importante distinguir entre una opinión crítica y una acusación comprobada. Los mensajes no aportan evidencias que permitan afirmar que los analistas cuestionados reciben pagos ilegales o instrucciones para favorecer a determinadas autoridades.

La independencia de los comentaristas puede examinarse legítimamente mediante sus declaraciones, antecedentes profesionales, relaciones contractuales conocidas y posibles conflictos de intereses.

Pero discrepar de sus análisis no demuestra que exista corrupción.

El reclamo ciudadano apunta a una necesidad más amplia: Venezuela necesita espacios de opinión transparentes, capaces de informar sobre sus vínculos y de diferenciar el análisis profesional de la propaganda política.

1.343 postulaciones: una renovación que debe examinarse con rigor

El centro de las preocupaciones está en la renovación del sistema judicial venezolano.

El viernes 20 de noviembre de 2026, el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional publicó las listas correspondientes a 1.343 postulaciones para distintos cargos.

De ellas, 1.066 corresponden a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 166 a la Inspectoría General de Tribunales y 111 a la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.

La información fue documentada por Crónica Uno, que también recogió las primeras observaciones sobre el proceso.

Para uno de los lectores, el elevado número de postulaciones genera preocupación porque considera que entre los aspirantes podrían encontrarse profesionales vinculados a prácticas judiciales cuestionadas durante años.

Su mensaje utiliza expresiones particularmente duras para describir el riesgo de que la selección termine favoreciendo la continuidad institucional.

La preocupación merece atención, pero una candidatura no demuestra falta de honorabilidad ni responsabilidad en hechos irregulares.

Precisamente por eso resulta fundamental que los expedientes sean examinados individualmente, con criterios públicos, documentación verificable y posibilidad de formular objeciones.

La cantidad de postulaciones no constituye por sí sola una irregularidad. Lo decisivo será la calidad del procedimiento y la independencia de las personas finalmente seleccionadas.

El artículo 264 y el derecho ciudadano a impugnar

Varios lectores cuestionan que magistrados actualmente en funciones aparezcan entre los aspirantes a integrar el nuevo tribunal.

Su preocupación se apoya en el artículo 264 de la Constitución venezolana, que establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años.

La disposición también reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos a formular objeciones fundamentadas contra las personas postuladas.

El texto constitucional puede consultarse en Acceso a la Justicia.

La existencia de un período único plantea una cuestión jurídica relevante cuando un magistrado que ya ha ejercido el cargo intenta obtener una nueva designación.

Sin embargo, corresponde revisar cada situación individualmente, incluyendo las fechas de nombramiento, la naturaleza del cargo ejercido y las disposiciones legales aplicables.

No puede afirmarse que todos los aspirantes actualmente vinculados al Poder Judicial se encuentren automáticamente inhabilitados.

Lo que sí puede exigirse es que el comité explique públicamente cómo aplicará las normas constitucionales y qué criterios utilizará para resolver las objeciones.

La Constitución no debe funcionar como un argumento que se invoca solamente cuando resulta conveniente. Sus requisitos deben cumplirse de manera consistente y verificable.

La oportunidad de ejercer contraloría ciudadana

Desde el sábado 21 de noviembre y hasta el 5 de diciembre de 2026 permanece abierto el período para presentar impugnaciones contra los aspirantes.

Según el procedimiento divulgado por el Comité de Postulaciones Judiciales, las objeciones deben presentarse por escrito, identificar a la persona cuestionada y acompañarse de pruebas que permitan examinar los argumentos.

La Secretaría de la Asamblea Nacional informó que la recepción presencial se realiza en la sede del Museo Bolivariano, en Caracas, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Los requisitos fueron recogidos por El Diario.

Para los lectores, este mecanismo representa una oportunidad que no debería desaprovecharse.

Uno de ellos pide expresamente que se impugne a quienes hayan participado en prácticas incompatibles con la independencia judicial o incumplan los requisitos constitucionales.

El llamado puede entenderse como una invitación a ejercer vigilancia cívica mediante los procedimientos establecidos, sin sustituir las pruebas por acusaciones generales.

También se ha conocido el trabajo del ingeniero Giuseppe Gangi, quien presentó una plataforma digital para organizar información pública sobre los aspirantes y facilitar su revisión.

Esta iniciativa demuestra que la participación ciudadana puede contribuir a examinar antecedentes y detectar posibles inconsistencias, siempre que los datos se comprueben antes de formular señalamientos.

Una justicia independiente comienza también por un proceso de selección sometido al escrutinio público.

Los presos políticos no pueden quedar fuera de la discusión

La renovación judicial despierta expectativas especialmente importantes entre quienes esperan respuestas sobre detenciones y procesos relacionados con actividades políticas.

Los lectores mencionan centros de reclusión como Ramo Verde, El Rodeo y El Helicoide, y reclaman que los dirigentes presten atención a las condiciones de las personas encarceladas y a las necesidades de sus familias.

Uno de los mensajes dirige un exhorto particular a Dinorah Figuera, a quien pide una mayor presencia pública en el seguimiento de los casos de presos políticos.

También evoca a mujeres venezolanas reconocidas por sus luchas, sus actuaciones públicas o las circunstancias de persecución que han enfrentado, como María Lourdes Afiuni y María Corina Machado.

La preocupación no consiste únicamente en reclamar visitas a los centros penitenciarios. El mensaje expresa el deseo de que las figuras políticas mantengan contacto directo con las víctimas y sus familiares.

Sin embargo, el acceso a establecimientos de reclusión depende de condiciones legales y administrativas que deben ser respetadas.

Lo esencial es que existan mecanismos efectivos de supervisión, atención médica, comunicación familiar y revisión judicial de las detenciones.

Una transición democrática no puede limitarse a reemplazar autoridades mientras permanecen sin resolver las denuncias de violaciones de derechos fundamentales.

La Universidad Central y el encuentro del 25 de noviembre

Los lectores también expresan expectativas ante la próxima participación de María Corina Machado en la Universidad Central de Venezuela.

El encuentro está anunciado para el miércoles 25 de noviembre en el Aula Magna de la UCV, como parte de las actividades de la Semana del Estudiante Universitario.

La convocatoria fue promovida por la Federación de Centros Universitarios y confirmada públicamente por Machado.

La información fue difundida por El Pitazo.

Para quienes nos escriben, la reunión representa una oportunidad para fortalecer el diálogo entre el liderazgo político y las nuevas generaciones.

La universidad constituye uno de los espacios históricos del pensamiento crítico venezolano. Su importancia no depende de que todos sus estudiantes compartan una misma posición política.

Por el contrario, la recuperación democrática requiere universidades abiertas al debate, capaces de formar ciudadanos con independencia de criterio.

La política y el festejo de los campeones del béisbol

Otro mensaje cuestiona la participación de Delcy Rodríguez en el homenaje realizado a los integrantes de la selección venezolana campeona del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El acto se celebró el viernes 20 de noviembre en el estadio Jorge Luis García Carneiro, en La Guaira, con la presencia de peloteros y jóvenes de escuelas deportivas.

El encuentro fue reseñado por Meridiano.

Uno de los lectores considera que la presencia de la presidenta encargada podría interpretarse como un intento de asociar su imagen política con un logro deportivo que pertenece a toda la nación.

Reconoce que las autoridades suelen recibir oficialmente a los deportistas destacados, pero cuestiona el protagonismo gubernamental en celebraciones populares.

La observación plantea una diferencia importante entre el reconocimiento institucional y la utilización partidista del deporte.

No existen elementos suficientes para afirmar que el acto haya sido organizado exclusivamente con fines de propaganda personal. Pero el debate sobre los límites entre celebración pública y promoción política resulta legítimo.

Los triunfos deportivos son una fuente de orgullo compartido que debería unir a los venezolanos más allá de sus diferencias.

Renovar significa algo más que cambiar nombres

Las reflexiones sobre los analistas políticos, el TSJ, los presos políticos, las universidades y los actos deportivos parecen tratar asuntos diferentes.

Sin embargo, todas contienen una inquietud común: la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y en quienes intervienen en la vida pública.

En Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe abrir espacio a estas voces sin convertir las sospechas en sentencias ni las discrepancias políticas en descalificaciones personales.

El país necesita medios capaces de preguntar, ciudadanos dispuestos a examinar documentos y autoridades que expliquen sus decisiones.

La renovación del Tribunal Supremo de Justicia será una prueba especialmente importante.

Los venezolanos no deberían conformarse con nuevos nombramientos si permanecen los mismos problemas de independencia, falta de transparencia y dificultades para acceder a la justicia.

Tampoco sería correcto condenar anticipadamente a todos los postulantes. Entre ellos pueden existir profesionales comprometidos con el derecho y con la recuperación institucional del país.

El desafío consiste en distinguirlos mediante procedimientos serios y verificables.

Uno de los lectores resume su esperanza con una exigencia: que la justicia se cumpla y que la Constitución sea respetada.

Es una aspiración que trasciende las simpatías políticas y que debería orientar cualquier proceso de transformación democrática.

Porque renovar no significa simplemente sustituir a unas personas por otras. Significa construir instituciones capaces de actuar con independencia, corregir injusticias y responder ante todos los ciudadanos.

El futuro del nuevo TSJ todavía está por definirse. Pero el examen ciudadano ya comenzó.

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