La justicia transicional no puede ser un mercado de favores
Vierne5. / La Voz Del NIN
La justicia transicional en Venezuela exige verdad, reparación y tribunales independientes. La estabilidad no puede comprarse con impunidad.
Reconciliación nacional; justicia y reparación; impunidad política; transición democrática venezolana
LA VOZ DEL NIN | Sábado, 31 de octubre de 2026
La justicia transicional no puede ser un mercado de favores
Una República comienza a perder su futuro cuando quienes negocian la paz creen que también pueden negociar la verdad. Cuando la estabilidad económica se utiliza para justificar silencios judiciales, cuando las víctimas son invitadas a olvidar sin haber recibido reparación y cuando el cumplimiento de la ley depende de la utilidad política de cada acusado, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía.
Ese es uno de los peligros más graves de la transición venezolana.
Venezuela necesita acuerdos políticos, inversión extranjera, normalización económica y reconstrucción institucional. Necesita recuperar su capacidad productiva y ofrecer estabilidad a una sociedad agotada por años de confrontación y por una emergencia humanitaria agravada tras los terremotos del 24 de junio.
Pero ninguna de esas necesidades autoriza a intercambiar impunidad por beneficios económicos o tranquilidad política.
La justicia transicional no puede ser un mercado de favores. Debe convertirse en el fundamento moral, jurídico y democrático de la nueva República.
Reconciliar no significa absolver al poder
Las transiciones políticas suelen enfrentar una contradicción difícil: necesitan incorporar a sectores que participaron en el sistema anterior y, al mismo tiempo, deben establecer responsabilidades por los abusos cometidos.
Resolver esa contradicción exige inteligencia institucional, no improvisación ni revancha.
La reconciliación supone reconocer la dignidad del adversario, garantizar su derecho a participar en la vida pública y abandonar la persecución política como instrumento de gobierno. Pero no obliga a declarar inocente a quien haya cometido un delito ni permite borrar las obligaciones del Estado frente a las víctimas.
Una negociación política puede establecer garantías de convivencia, mecanismos de desmovilización, reformas institucionales y condiciones para el retorno de los exiliados. Lo que no puede hacer legítimamente es transformar esos acuerdos en inmunidades generales frente a graves violaciones de derechos humanos.
El Nuevo Ideal Nacional debe sostener una diferencia fundamental: el adversario político merece derechos; quien sea acusado de un delito merece debido proceso; y la víctima merece verdad, justicia y reparación.
Confundir esas categorías significa reproducir la arbitrariedad que se pretende superar.
Una República democrática no puede funcionar mediante absoluciones negociadas ni mediante condenas dictadas desde los discursos.
La responsabilidad penal es individual, requiere pruebas y corresponde establecerla a tribunales independientes.
La tragedia nacional no puede desaparecer entre negociaciones
Los terremotos de junio dejaron una herida que continúa definiendo la realidad venezolana.
El último balance nacional oficial consolidado, correspondiente al 24 de agosto y recogido posteriormente por Amnistía Internacional, registró 6.509 personas fallecidas.
Las autoridades habían evaluado 60.785 viviendas, de las cuales 11.001 fueron clasificadas como inmuebles de alto riesgo.
La situación de las personas desaparecidas continúa atravesada por una grave insuficiencia informativa. Amnistía Internacional ha advertido sobre la ausencia de un registro nacional oficial consolidado y sobre las diferencias y duplicidades presentes en diversas iniciativas de documentación ciudadana.
Esta incertidumbre exige respuestas públicas, no cifras utilizadas como instrumentos de confrontación política.
El balance de reconstrucción correspondiente a agosto registraba 600.790 toneladas de escombros retirados, equivalentes al 28,61 % del volumen estimado, mientras las viviendas nuevas entregadas alcanzaban 335 unidades.
Son cifras históricas que no deben confundirse con el avance exacto de las operaciones al cierre de octubre. La obligación del Estado es publicar actualizaciones periódicas que permitan evaluar qué se ha realizado desde entonces.
Las familias afectadas necesitan conocer el estado de las búsquedas, los criterios de asignación de viviendas, las condiciones de seguridad de las edificaciones y el destino de los recursos públicos.
También requieren investigaciones técnicas independientes cuando existan indicios de negligencia constructiva, incumplimiento de normas o irregularidades administrativas.
No corresponde acusar colectivamente a las constructoras o a los funcionarios municipales. Corresponde investigar cada caso, preservar las pruebas y determinar responsabilidades cuando los hechos lo justifiquen.
La tragedia no puede convertirse en una excusa para nuevos negocios opacos ni en un expediente que se cierre por conveniencia política.
Los acuerdos petroleros no compran inocencia
La recuperación de las relaciones energéticas entre Venezuela y Estados Unidos ofrece oportunidades que el país necesita aprovechar.
La industria petrolera requiere inversiones, tecnología, seguridad jurídica, rehabilitación de infraestructura y reglas estables para operar.
Pero también requiere controles suficientes para impedir que la apertura económica reproduzca los mecanismos de corrupción que durante décadas debilitaron la administración pública.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense emitió el 16 de octubre la Licencia General 60A, relacionada con determinadas transacciones necesarias para las labores de socorro por los terremotos.
La autorización permite operaciones dentro de su ámbito específico, pero no significa que todos los ingresos petroleros venezolanos estén sujetos a ese mismo instrumento ni constituye una exoneración de las demás obligaciones legales.
La propia normativa estadounidense distingue estas operaciones de otras autorizaciones y mantiene determinadas exigencias financieras para actividades fuera del alcance de la licencia humanitaria.
La complejidad regulatoria refuerza la necesidad de una administración transparente.
Cada contrato energético que comprometa recursos públicos debe estar sometido a mecanismos legales de divulgación, fiscalización y control.
La nacionalidad de un inversionista, la importancia estratégica de una empresa o su cercanía con funcionarios no pueden determinar quién responde ante la justicia.
La estabilidad económica exige seguridad jurídica para todos, incluida la posibilidad de investigar presuntos actos de corrupción sin interferencias políticas.
El petróleo puede financiar la reconstrucción de Venezuela. Lo que nunca debe financiar es el silencio de sus instituciones.
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La amnistía no puede sustituir a la justicia
El 19 de febrero de 2026 Venezuela promulgó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, presentada como un instrumento para facilitar la reconciliación política.
La existencia de esa ley representa un hecho institucional relevante. Su eficacia, sin embargo, depende de cómo se aplica y de quiénes pueden acceder realmente a sus beneficios.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado las exclusiones y la falta de transparencia en determinados procedimientos.
La amnistía puede contribuir a cerrar procesos relacionados con el ejercicio legítimo de derechos políticos y libertades fundamentales. También puede ayudar a corregir situaciones derivadas de la criminalización arbitraria de la protesta y la disidencia.
Pero no debe utilizarse para proteger a responsables de torturas, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra ni otras violaciones graves que el derecho internacional exige investigar.
Tampoco debería convertirse en un mecanismo discrecional donde algunos ciudadanos reciben beneficios por su cercanía al poder mientras otros permanecen sometidos a procesos arbitrarios.
La reconciliación necesita reglas públicas, criterios uniformes, recursos judiciales y garantías de igualdad ante la ley.
Una amnistía que no puede ser examinada por la ciudadanía corre el riesgo de reproducir los privilegios que afirma querer eliminar.
Las puertas de las prisiones también miden la transición
El Foro Penal registró 322 personas consideradas presas políticas al 26 de octubre de 2026. De ellas, 171 permanecían sin condena.
La organización también ha documentado miles de personas sometidas a medidas restrictivas de libertad y un extenso historial de detenciones por motivos políticos.
La cifra actual debe distinguirse de los registros acumulados y de los números correspondientes a meses anteriores.
La disminución de las detenciones constituye un avance cuando se traduce en libertades efectivas. Pero ninguna transición puede considerarse plenamente consolidada mientras subsistan privaciones arbitrarias de libertad.
La libertad de una persona que ha sido detenida injustamente no debe depender de su valor como pieza de negociación.
La liberación, el sobreseimiento y la reparación deben responder a procedimientos legales y a la protección de derechos fundamentales.
Asimismo, las denuncias de tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves requieren investigaciones independientes, preservación de evidencias y mecanismos efectivos de protección de testigos y víctimas.
La justicia transicional debe ofrecer garantías para todos los involucrados: víctimas, testigos, acusados y familiares.
Una sociedad no supera sus abusos cuando cambia quién puede encarcelar. Los supera cuando nadie puede privar arbitrariamente de libertad a otro ciudadano.
Desarmar la intimidación y recuperar el territorio
El Estado de derecho tampoco puede consolidarse mientras existan estructuras armadas irregulares capaces de intimidar comunidades, interferir en la participación política o ejercer formas de control territorial.
Las denuncias sobre actuación de colectivos armados, extorsiones en controles viales y abusos de agentes de seguridad deben investigarse individualmente y mediante procedimientos verificables.
La respuesta democrática exige recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, fortalecer los mecanismos de control civil y garantizar que los cuerpos de seguridad actúen sometidos a la Constitución.
Los programas de desarme y reinserción pueden resultar necesarios para reducir la violencia, siempre que incorporen verificación, supervisión independiente y responsabilidad por delitos graves.
La profesionalización de las instituciones policiales y militares debe incluir controles disciplinarios, formación en derechos humanos y mecanismos seguros para denunciar abusos.
La ciudadanía no puede vivir entre el temor al delincuente y el temor a quien debería protegerla.
La verdadera autoridad del Estado no se mide por su capacidad de intimidar, sino por su obligación de proteger.
Seis garantías para una justicia transicional legítima
La transición venezolana necesita una arquitectura institucional que reduzca la discrecionalidad y convierta la rendición de cuentas en una obligación permanente.
Desde el Nuevo Ideal Nacional proponemos seis garantías fundamentales:
- Una comisión independiente de esclarecimiento. Con participación de víctimas, especialistas y organizaciones civiles, facultada para documentar violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones públicas.
- Un sistema nacional de reparación. Con criterios verificables para compensación, rehabilitación, restitución de derechos y garantías de no repetición.
- Fiscalías y tribunales independientes. Con selección basada en méritos, protección frente a interferencias y procedimientos transparentes.
- Auditoría pública de la reconstrucción. Mediante datos abiertos sobre contratos, beneficiarios, desembolsos, costos, avances y resultados.
- Protección a denunciantes y testigos. Para investigar corrupción y abusos sin exponer a quienes aportan información a represalias.
- Control ciudadano permanente. Con participación de universidades, colegios profesionales, organizaciones comunitarias y medios independientes.
Estas garantías no pueden depender exclusivamente de la buena voluntad de los gobernantes.
Deben traducirse en leyes, presupuestos, obligaciones institucionales y mecanismos judiciales que permitan exigir su cumplimiento.
La reconstrucción debe generar trabajo, no dependencia
Venezuela necesita transformar los recursos destinados a la emergencia en capacidad productiva duradera.
La asistencia humanitaria continúa siendo indispensable para las familias en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la recuperación nacional debe crear oportunidades de empleo formal y capacitación para quienes puedan participar voluntariamente en las tareas de reconstrucción.
Los municipios pueden convertirse en centros de contratación transparente de trabajadores, técnicos, pequeños empresarios e ingenieros.
Los proyectos de infraestructura deben incluir normas de seguridad, remuneraciones dignas, inspección técnica independiente y oportunidades para proveedores locales.
La reconstrucción de una escuela puede convertirse también en capacitación para jóvenes trabajadores. La rehabilitación de una carretera puede reactivar actividades agrícolas y comerciales. La reparación de hospitales puede fortalecer redes de proveedores y servicios.
La clave consiste en que cada inversión produzca resultados verificables y capacidades permanentes.
El desarrollo nacional no debe depender de relaciones clientelares con quienes administran los recursos.
El ciudadano no necesita pertenecer a una organización política para obtener trabajo, acceder a una vivienda o recibir asistencia.
Las elecciones importan, pero no sustituyen al Estado de derecho
La reorganización del sistema electoral constituye una tarea indispensable para recuperar la confianza democrática.
Venezuela necesita autoridades electorales independientes, registro verificable, observación imparcial y garantías para todas las organizaciones políticas.
Pero un calendario electoral, por sí solo, no garantiza una República.
La democracia necesita instituciones que funcionen cuando termina la campaña, tribunales que protejan al ciudadano y organismos de control capaces de investigar al gobierno elegido.
La situación material del país no puede utilizarse como justificación para suspender indefinidamente los derechos políticos. Tampoco puede ignorarse que unas elecciones auténticamente libres requieren condiciones institucionales que deben construirse con transparencia.
La responsabilidad de establecer esas garantías corresponde fundamentalmente a los venezolanos y a sus instituciones, con el acompañamiento internacional que resulte compatible con la soberanía nacional y los derechos humanos.
La justicia transicional no debe convertirse en un instrumento para definir quién tiene derecho a competir políticamente según su utilidad para los negociadores.
Debe garantizar que la ley se aplique con imparcialidad, independientemente de quién gobierne.
La República no está en venta
Venezuela tiene ante sí una oportunidad extraordinaria: transformar una etapa de emergencia y reordenamiento político en el nacimiento de una democracia moderna.
Pero esa oportunidad puede desperdiciarse si la negociación económica reemplaza la justicia, si los acuerdos institucionales se convierten en repartos burocráticos y si las víctimas vuelven a quedar excluidas de las decisiones que determinan su futuro.
El Nuevo Ideal Nacional debe rechazar tanto la venganza como la impunidad.
No se trata de perseguir a quienes piensan distinto. Se trata de impedir que cualquier funcionario, empresario, dirigente o agente de seguridad pueda utilizar el poder para evadir responsabilidades demostradas.
La reconciliación debe permitir que los venezolanos vuelvan a encontrarse como ciudadanos iguales ante la ley.
La reconstrucción necesita contratos auditables, comunidades participantes, salarios dignos y autoridades obligadas a explicar sus decisiones.
La ciudadanía debe sostener la lupa de la auditoría digital en una mano y las herramientas de reconstrucción en la otra.
La primera permite vigilar el poder. Las segundas permiten levantar el país.
Ambas son indispensables.
Porque una Nación puede recuperar su producción petrolera, reconstruir sus edificios y celebrar nuevas elecciones. Pero si conserva un sistema donde los poderosos negocian su inocencia y las víctimas deben mendigar justicia, habrá cambiado muchas cosas sin transformar lo esencial.
La República no puede edificarse sobre el silencio de sus víctimas ni financiarse con el precio de la impunidad.
La justicia no es una ficha de negociación. La verdad no es una concesión. Y Venezuela no está en venta.
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