Jueces independientes para una República posible
Vierne5. / La Voz Del NIN.
LA VOZ DEL NIN | Sábado, 24 de octubre de 2026
La renovación del TSJ debe garantizar jueces independientes, justicia para las víctimas y una República donde nadie esté por encima de la ley.
Independencia judicial en Venezuela; reforma del TSJ; justicia independiente; Estado de derecho venezolano
Jueces independientes para una República posible
Una República no comienza cuando cambia el ocupante del palacio presidencial. Comienza cuando un ciudadano puede entrar a un tribunal sin preguntarse a qué partido pertenece el juez, quién lo nombró o qué intereses deberá proteger antes de dictar sentencia.
Venezuela se aproxima a una decisión que puede determinar el destino de su reconstrucción institucional durante las próximas generaciones. La renovación del Tribunal Supremo de Justicia, planteada como una meta para noviembre, no puede reducirse a una operación de distribución de magistraturas entre fuerzas políticas. Sería cambiar los nombres de quienes administran la justicia sin modificar las condiciones que permitieron someterla.
Un juez independiente no es un lujo institucional. Es la primera estructura sismorresistente del Estado de derecho.
El país puede reconstruir edificios, recuperar inversiones, reactivar pozos petroleros y negociar acuerdos internacionales. Pero si un juez continúa dependiendo de una llamada política para decidir, todas esas conquistas permanecerán asentadas sobre un terreno institucional inestable.
El Nuevo Ideal Nacional debe establecer una prioridad inequívoca: antes de repartir el poder, hay que limitarlo mediante instituciones capaces de proteger al ciudadano.
El peligro de sustituir una dependencia por otra
La dirigente opositora Dinorah Figuera ha identificado noviembre como una fecha objetivo para avanzar en la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El proceso forma parte de las conversaciones de reinstitucionalización desarrolladas entre representantes del poder político y sectores opositores.
La iniciativa puede abrir una oportunidad histórica. También puede convertirse en una decepción monumental si sus protagonistas confunden pluralidad política con independencia judicial.
Un tribunal no es independiente porque cada organización política consiga colocar a uno de sus representantes. Tampoco porque se acuerde una composición aparentemente equilibrada entre dirigentes del chavismo y de la oposición.
El equilibrio partidista puede facilitar una negociación, pero no constituye por sí mismo una garantía de justicia.
La verdadera independencia exige que los magistrados no deban obediencia a quienes promovieron sus nombramientos. Exige trayectorias profesionales verificables, procesos públicos de selección, declaraciones de intereses, evaluación de méritos y mecanismos efectivos para impedir interferencias.
Si el nuevo TSJ surge de una negociación inaccesible para la ciudadanía, comenzará su existencia arrastrando precisamente el problema que debería corregir: la percepción de que las instituciones pertenecen a quienes controlan el poder.
Venezuela no necesita magistrados de una facción contra magistrados de otra. Necesita jueces de la República.
La tragedia también exige justicia
Los terremotos del 24 de junio han colocado ante los venezolanos una realidad imposible de disimular con discursos.
El último balance nacional oficial disponible, correspondiente al 24 de agosto, registró 6.509 fallecidos. Las autoridades habían evaluado 60.785 viviendas afectadas y clasificado 11.001 como inmuebles de alto riesgo.
Un reporte de seguimiento de la emergencia documentó la retirada de 600.790 toneladas de escombros, equivalentes al 28,61 % del volumen estimado, mientras las nuevas viviendas entregadas apenas alcanzaban 335 unidades.
Las cifras revelan la dimensión material de la tragedia, pero también los límites de la respuesta institucional.
Amnistía Internacional advirtió que todavía no existe un registro nacional oficial consolidado de personas desaparecidas. Las iniciativas ciudadanas han reunido numerosos reportes, aunque las duplicidades y diferencias entre fuentes impiden convertirlos automáticamente en un balance definitivo.
Precisamente ahí comienza una obligación elemental del Estado: identificar a las víctimas, esclarecer lo sucedido, publicar información verificable y garantizar mecanismos de reclamación.
El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos de los terremotos. Ese volumen de pérdidas demanda no solamente financiamiento y capacidad técnica, sino instituciones que permitan investigar posibles irregularidades en permisos de construcción, inspecciones, contrataciones y manejo de fondos.
No corresponde declarar culpables a ingenieros, alcaldes, constructores o funcionarios sin pruebas. Pero tampoco corresponde impedir que se investiguen eventuales negligencias, incumplimientos o actos de corrupción.
Una vivienda que se derrumbó exige explicaciones. Una familia que perdió a sus seres queridos merece verdad. Y el dinero destinado a reconstruir exige vigilancia.
La justicia independiente transforma esas exigencias en derechos efectivos, no en favores administrados desde una oficina.
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El petróleo vuelve, pero ¿quién vigila el dinero?
La reactivación energética ha recuperado protagonismo en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Con ella regresan las inversiones, los acuerdos empresariales y las preguntas sobre quién administra los recursos estratégicos del país.
El 23 de octubre, El Pitazo informó sobre la aparición del empresario Alejandro Betancourt en una actividad oficial en el Zulia junto a Delcy Rodríguez y el representante estadounidense John Barrett. El medio vinculó su presencia con North American Blue Energy Partners, empresa participante en el nuevo escenario petrolero.
Las controversias públicas sobre el pasado de cualquier empresario justifican escrutinio y preguntas documentadas, pero no autorizan a presentar acusaciones como delitos demostrados sin decisiones judiciales que las sustenten.
Lo verdaderamente importante es el principio general: ningún acuerdo energético debe quedar fuera de las obligaciones de transparencia, competencia y rendición de cuentas.
El 16 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense emitió la Licencia General 60A, relacionada con determinadas transacciones necesarias para atender las consecuencias de los terremotos.
La autorización no equivale a un permiso ilimitado para utilizar todos los ingresos petroleros sin controles. Su alcance debe distinguirse de otras licencias, operaciones y obligaciones financieras.
Una República moderna tendría que responder públicamente preguntas concretas:
- ¿Qué empresas obtienen los contratos y mediante qué procedimientos?
- ¿Cuáles son los beneficiarios finales de las sociedades contratistas?
- ¿Qué ingresos corresponden efectivamente al Estado venezolano?
- ¿Qué criterios determinan la distribución territorial de los recursos?
- ¿Qué organismos fiscalizan los pagos y certifican la ejecución de las obras?
- ¿Cómo puede un ciudadano impugnar una adjudicación irregular?
Estas preguntas no constituyen obstáculos para la inversión. Son garantías para la inversión responsable.
El país necesita capital, tecnología, producción y empleo. Pero necesita también tribunales capaces de resolver controversias comerciales sin presiones políticas y de sancionar irregularidades cuando sean demostradas.
El petróleo puede financiar la reconstrucción. Solo las instituciones pueden impedir que vuelva a financiar la impunidad.
Los expedientes del miedo y el derecho a la verdad
El debate sobre la reforma judicial también alcanza a los organismos de inteligencia y seguridad.
El diario español ABC publicó, según recogió El Pitazo el 23 de octubre, informaciones sobre una presunta entrega de archivos reservados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a funcionarios estadounidenses. Se trata de afirmaciones periodísticas cuya dimensión y consecuencias requieren verificación independiente.
Pero incluso sin asumirlas como hechos judicialmente establecidos, la discusión revela una cuestión fundamental: ¿qué debe hacer una democracia con los archivos de un aparato de inteligencia señalado durante años por organizaciones de derechos humanos?
La respuesta no puede ser destruirlos, comercializarlos o utilizarlos como instrumentos de chantaje político.
Los documentos pertinentes deben preservarse mediante procedimientos legales, cadenas de custodia y controles institucionales. Las víctimas tienen derecho a mecanismos de esclarecimiento, mientras la información personal de ciudadanos ajenos a investigaciones debe mantenerse protegida.
La reforma de los organismos de inteligencia debe someterlos a control civil democrático, autorización judicial para las medidas intrusivas y supervisión parlamentaria efectiva.
Un Estado que permite perseguir arbitrariamente a sus ciudadanos no se vuelve democrático porque cambie la dirección de sus servicios de inteligencia. Se vuelve democrático cuando desaparece la posibilidad de utilizar esos servicios para perseguir la disidencia.
La libertad no puede depender de un calendario político
El balance publicado por Foro Penal al 5 de octubre registró 322 personas consideradas presas políticas. De ellas, 170 permanecían sin condena. La organización también documentó miles de personas sometidas a medidas restrictivas de libertad.
Estas cifras obligan a rechazar una idea peligrosa: que la liberación de personas arbitrariamente detenidas pueda convertirse en una concesión negociable dentro de los acuerdos políticos.
La libertad personal es un derecho, no una recompensa por la buena marcha de una mesa de diálogo.
La revisión de las detenciones arbitrarias debe realizarse sin dilaciones, respetando procedimientos legales y garantizando reparación cuando corresponda.
Una amnistía política puede contribuir a la reconciliación, pero necesita límites compatibles con el derecho internacional. No debe encubrir torturas, crímenes de lesa humanidad ni otras violaciones graves que requieran investigación y responsabilidad individual.
También será necesario investigar, con pruebas y garantías procesales, las denuncias sobre extorsiones en alcabalas, actuaciones de grupos armados irregulares y abusos cometidos desde instituciones de seguridad.
Una justicia verdadera no aplica castigos colectivos ni utiliza la filiación política como prueba de culpabilidad.
La ley debe proteger al inocente, juzgar al responsable y garantizar a cada víctima el derecho a ser escuchada.
Cinco garantías para que noviembre no sea otra frustración
La renovación del TSJ necesita un método suficientemente exigente para resistir la presión de los partidos, las organizaciones económicas y los poderes militares.
Desde la visión del Nuevo Ideal Nacional proponemos cinco garantías esenciales:
- Selección pública por méritos. Convocatorias abiertas, criterios verificables y evaluación profesional de cada aspirante.
- Audiencias ciudadanas. Comparecencias públicas para examinar independencia, experiencia, patrimonio y posibles conflictos de intereses.
- Autonomía funcional. Protección efectiva frente a destituciones arbitrarias, instrucciones partidistas y presiones económicas.
- Transparencia judicial. Publicación accesible de sentencias, estadísticas, criterios de asignación de causas y decisiones disciplinarias, con las reservas legales necesarias.
- Responsabilidad institucional. Investigación independiente de corrupción judicial, mecanismos de recusación y canales seguros para denunciar interferencias.
Estas garantías deben extenderse progresivamente a los tribunales de instancia, las fiscalías y los órganos encargados de la administración de justicia.
De poco serviría renovar la cúspide del Poder Judicial si el ciudadano continúa encontrando arbitrariedad en el tribunal de su municipio.
La República se demuestra en la vida cotidiana
La independencia judicial suele parecer una discusión reservada a constitucionalistas. En realidad, determina si una familia puede recuperar su vivienda, si un trabajador logra cobrar su salario, si una empresa puede exigir el cumplimiento de un contrato o si una persona detenida injustamente obtiene protección.
También determina si una escuela reconstruida cumple las normas de seguridad, si una licitación puede impugnarse y si un funcionario debe responder por el manejo irregular del presupuesto.
La justicia está presente incluso cuando nadie pronuncia su nombre.
Por eso la ciudadanía debe participar en la vigilancia de la renovación judicial mediante organizaciones profesionales, universidades, colegios de abogados, medios independientes y asociaciones civiles.
La auditoría digital de nombramientos, contratos y sentencias debe convertirse en una práctica democrática permanente.
Venezuela necesita ciudadanos que puedan fiscalizar el poder sin temor y gobernantes capaces de aceptar que la crítica legítima no representa una amenaza para la estabilidad.
La última frontera del viejo poder
El presidente Donald Trump ha expresado reservas sobre la preparación de Venezuela para unas nuevas elecciones. Ese debate no puede resolverse únicamente desde Washington ni convertirse en una excusa para postergar indefinidamente la soberanía popular.
La renovación judicial debe contribuir a que los venezolanos puedan ejercer sus derechos políticos mediante instituciones confiables, un sistema electoral verificable y garantías efectivas para todas las opciones democráticas.
La independencia de los tribunales tampoco puede quedar condicionada al resultado de futuras elecciones. Precisamente su función consiste en proteger la Constitución cualquiera que sea el gobierno surgido de las urnas.
Venezuela ha conocido demasiadas instituciones diseñadas para obedecer al poder de turno. Ha llegado el momento de construir instituciones capaces de decirle que no.
En noviembre no debería decidirse qué partido obtiene más magistrados. Debería decidirse si los jueces volverán a ser custodios de la ley o continuarán actuando bajo la sombra de las negociaciones políticas.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los candidatos, examinar sus trayectorias, cuestionar sus conflictos de intereses y exigir procedimientos transparentes.
La tarea de reconstrucción exige una lupa para vigilar cada nombramiento y cada contrato, pero también manos dispuestas a levantar las escuelas, los hospitales y los barrios devastados.
Porque una República no se reconstruye exclusivamente en los tribunales ni solamente entre los escombros. Se reconstruye cuando el derecho protege el esfuerzo de cada ciudadano.
La historia no recordará noviembre por el número de magistrados designados, sino por la libertad que esos magistrados sean capaces de defender.
Sin jueces independientes habrá nuevos edificios, nuevos negocios y nuevos discursos. Pero seguirá faltando lo esencial: una República donde nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley.
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