El costo de perdonar sin reparar en Venezuela
Vierne5. / La Voz Del NIN.
21 de octubre de 2026 | LA VOZ DEL NIN
Venezuela necesita reconciliación, pero no impunidad. La justicia, la reparación y la transparencia deben guiar su reconstrucción.
Impunidad en Venezuela; justicia y reparación; reconciliación nacional; transición democrática venezolana
El costo de perdonar sin reparar
Venezuela necesita reconciliación, pero no necesita amnesia. Necesita acuerdos, pero no acuerdos que conviertan la responsabilidad en moneda de cambio. Necesita estabilidad, pero una estabilidad construida sobre instituciones y derechos, no sobre el silencio de las víctimas. Esa diferencia será decisiva para saber si estamos asistiendo al nacimiento de una República moderna o simplemente a la sustitución de unos administradores del poder por otros.
Perdonar puede ser una virtud humana. En política, sin embargo, perdonar sin verdad, sin responsabilidades y sin reparación puede convertirse en una forma sofisticada de impunidad.
Ese es uno de los dilemas centrales de la Venezuela que emerge entre los escombros físicos de los terremotos, los escombros institucionales de décadas de degradación y una negociación política en la que Caracas, Washington y los distintos sectores nacionales intentan definir las reglas del día siguiente.
La paz no puede comprarse entregando la justicia como parte de pago.
Una República no puede construirse sobre el olvido
Existe una tentación comprensible en toda transición: acelerar acuerdos, reducir tensiones, levantar sanciones, recuperar inversiones, normalizar relaciones internacionales y dejar atrás los conflictos del pasado. Venezuela necesita buena parte de eso. Pero una cosa es facilitar la reconstrucción nacional y otra muy distinta declarar que los daños ya no importan.
El Nuevo Ideal Nacional que defendemos no puede fundarse en la venganza, pero tampoco en el olvido conveniente. Debe fundarse en un principio mucho más exigente: reconciliar sin encubrir, reconstruir sin premiar la irresponsabilidad y avanzar sin borrar a las víctimas de la historia.
Por eso cualquier negociación política debe tener límites claros. Ninguna flexibilización internacional, ningún acuerdo energético y ninguna reforma institucional debería transformarse en un salvoconducto para quien haya cometido delitos, administrado irregularmente recursos públicos o violado derechos fundamentales.
La democracia necesita perdón político cuando corresponda. Pero el Estado de derecho necesita responsabilidad jurídica cuando existan pruebas.
6.509 razones para no convertir la tragedia en estadística
Los terremotos del 24 de junio dejaron una herida que todavía no puede darse por cerrada. El último balance oficial disponible sitúa en 6.509 el número de fallecidos. Las autoridades habían inspeccionado 60.785 viviendas, identificado 11.001 inmuebles de alto riesgo y entregado apenas 335 nuevas viviendas a familias afectadas. Para agosto se habían retirado más de 600.000 toneladas de escombros, pero esa cantidad representaba solo el 28,61 % del volumen estimado.
Detrás de esas cifras existen nombres, familias, niños, trabajadores y comunidades enteras. Existen personas que perdieron la casa, el negocio, la escuela, el empleo y, en demasiados casos, a quienes amaban.
También existe una cuestión que debería incomodar a cualquier gobierno democrático: todavía no hay suficiente claridad pública sobre el universo de desaparecidos. Amnistía Internacional advirtió en septiembre sobre las contradicciones entre distintos registros y sobre la ausencia de una cifra nacional oficial suficientemente transparente y desagregada.
Precisamente por eso una reconstrucción seria no puede funcionar como una inmensa caja negra.
El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los terremotos y advirtió que la velocidad de la reconstrucción será determinante para la recuperación económica y social. Esto transforma la transparencia en una cuestión de seguridad nacional.
No basta con reconstruir concreto. Hay que reconstruir confianza.
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El petróleo debe financiar ciudadanía, no nuevas dependencias
La normalización parcial de la economía venezolana ha abierto otro frente. Durante septiembre, Venezuela exportó aproximadamente 1,08 millones de barriles diarios de petróleo y unos 629.000 terminaron en Estados Unidos. Es decir, más de la mitad de las exportaciones petroleras venezolanas de ese mes tuvieron como destino el mercado estadounidense.
Esa relación puede convertirse en una oportunidad extraordinaria o en la reproducción de un viejo error venezolano: creer que la renta petrolera sustituye las instituciones.
La OFAC amplió recientemente mediante la Licencia General 60A la autorización de determinadas transacciones vinculadas a las tareas de socorro por los terremotos. Estados Unidos, además, desplegó capacidades logísticas y humanitarias a través del Comando Sur, mientras organismos multilaterales participan en evaluaciones y planes de recuperación.
Nada de ello debería administrarse mediante mecanismos inaccesibles para la ciudadanía.
Venezuela necesita un portal nacional de reconstrucción donde cualquier ciudadano pueda conocer, proyecto por proyecto:
- Cuánto dinero entra.
- Qué organismo lo administra.
- Qué empresa obtiene cada contrato.
- Qué obra se ejecutará.
- Cuál es su costo unitario.
- Qué porcentaje está terminado.
- Cuántos empleos venezolanos genera.
- Quién certifica la obra antes de pagarla.
Eso es contraloría republicana en el siglo XXI. No discursos sobre transparencia, sino datos abiertos que permitan auditarla.
La justicia que nazca ahora será examinada durante una generación
La negociación entre representantes del Gobierno encargado y sectores de la oposición ha colocado sobre la mesa la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Dinorah Figuera ha situado noviembre como una referencia para avanzar en la renovación judicial.
Es una oportunidad histórica, pero también una prueba.
Cambiar magistrados sin cambiar las reglas sería maquillaje institucional. Un nuevo TSJ no tendrá legitimidad porque sus integrantes utilicen otros nombres, sino porque sus decisiones puedan ser examinadas, porque exista independencia judicial, porque los jueces no reciban instrucciones políticas y porque ningún ciudadano vuelva a pensar que su sentencia depende de quién gobierna Miraflores.
La misma prueba se aplica a los presos políticos. El balance publicado por Foro Penal al 5 de octubre contabilizaba todavía 322 personas consideradas presas políticas. Mientras exista un venezolano encarcelado arbitrariamente por sus ideas, la transición estará incompleta.
La revisión de la llamada Ley contra el Odio tampoco puede convertirse en una operación cosmética. Una democracia no necesita leyes suficientemente ambiguas como para convertir una opinión incómoda en delito.
El camino razonable debería combinar cinco decisiones:
- Liberación inmediata de quienes permanezcan detenidos arbitrariamente.
- Revisión independiente de las condenas y procesos políticamente contaminados.
- Reforma profunda de las normas utilizadas para criminalizar la disidencia.
- Una amnistía política cuidadosamente delimitada que no proteja crímenes graves, tortura, corrupción demostrada ni violaciones de derechos humanos.
- Garantías de debido proceso tanto para acusados como para víctimas.
La justicia democrática no consiste en cambiar quién persigue a quién. Consiste en terminar con la persecución como método de gobierno.
Nueva York recuerda algo que Caracas no debe olvidar
Mientras Venezuela negocia su arquitectura institucional, Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan en Nueva York acusaciones que ellos rechazan y respecto de las cuales se han declarado no culpables. La Fiscalía estadounidense incorporó cargos relacionados con una presunta conspiración para cometer tortura y el juicio está previsto para comenzar el 14 de junio de 2027.
La presunción de inocencia debe respetarse. También debe respetarse el derecho de las víctimas a que las acusaciones sean investigadas por tribunales independientes.
Esa misma regla debería convertirse en doctrina venezolana.
Ni absoluciones negociadas en despachos ni condenas dictadas desde tribunas políticas. Investigación, pruebas, defensa, jueces independientes y sentencias.
Eso es República.
Elecciones sí, pero primero ciudadanía e instituciones
Donald Trump ha dicho públicamente que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones. Esa opinión no puede sustituir la soberanía venezolana, pero coloca sobre la mesa una realidad que tampoco debemos ignorar: una elección no se vuelve democrática únicamente porque existan urnas.
Hace falta un árbitro confiable, libertad de expresión, partidos habilitados, candidatos con garantías, registro electoral verificable, observación independiente, justicia electoral imparcial y seguridad para quienes hagan campaña.
El objetivo no debe ser retrasar indefinidamente el voto. Debe ser hacer imposible que volvamos a discutir durante años si el voto realmente contó.
La democracia sostenible requiere instituciones antes, durante y después de una elección.
De la asistencia al trabajo
La reconstrucción ofrece además una oportunidad que Venezuela no puede desperdiciar: convertir millones de dólares destinados a emergencia en millones de horas de trabajo productivo para los propios venezolanos.
Quien vive hoy en un refugio no debería quedar condenado al papel pasivo de beneficiario. Puede convertirse, cuando las condiciones lo permitan, en trabajador remunerado de la reconstrucción de su comunidad.
Albañiles, electricistas, soldadores, transportistas, ingenieros, arquitectos, técnicos, jóvenes aprendices y pequeños empresarios deberían estar en el centro de un programa nacional de reconstrucción.
Eso significa pagar salarios, capacitar trabajadores, formalizar empleos y dejar capacidad productiva instalada después de la emergencia.
La mejor política social no es perpetuar un campamento. Es permitir que la familia abandone el campamento con vivienda, trabajo y autonomía.
La economía necesita reglas tan firmes como la moneda
Incluso el debate sobre una eventual dolarización, impulsado entre otros por el economista Steve Hanke, debe analizarse con rigor y sin convertir una propuesta académica y política en un hecho consumado. Venezuela todavía no ha aprobado una dolarización oficial.
Pero ese debate deja una enseñanza importante: ninguna moneda salvará a un Estado que gasta sin disciplina, oculta sus cuentas o modifica las reglas según la conveniencia política del momento.
Bolívar o dólar, la verdadera moneda de una República moderna se llama confianza.
Y la confianza depende de presupuestos verificables, propiedad privada protegida, estabilidad jurídica, deuda sostenible, instituciones independientes y funcionarios obligados a rendir cuentas.
El Nuevo Ideal Nacional empieza donde termina la impunidad
Venezuela tiene ante sí una oportunidad que generaciones anteriores no tuvieron. Puede reconstruir simultáneamente sus ciudades, su economía y sus instituciones.
Pero para hacerlo tendrá que rechazar dos extremos igualmente destructivos: la revancha que pretende perseguir a todo adversario y la amnesia que pretende perdonarlo todo.
Una República adulta sabe distinguir.
Reconcilia al adversario político. Investiga al presunto delincuente. Repara a la víctima. Protege al inocente. Recupera el dinero público. Desarma estructuras irregulares. Profesionaliza las fuerzas del Estado. Abre los contratos. Publica las cuentas. Devuelve al ciudadano el derecho a vigilar a quienes administran su patrimonio.
Eso es mucho más revolucionario que cualquier consigna.
Durante demasiado tiempo los venezolanos fueron invitados a mirar hacia arriba esperando órdenes, subsidios, permisos o salvadores. El país que viene debe mirar horizontalmente: hacia el vecino, la escuela, el municipio, la empresa, la comunidad y las instituciones que cada ciudadano tiene derecho a fiscalizar.
La reconstrucción física será inmensa. La reconstrucción moral será todavía mayor.
Por eso el mensaje a quienes negocian en Caracas, Washington o cualquier otra capital debe ser inequívoco: negocien la convivencia, faciliten la inversión, reconstruyan las instituciones y encuentren los acuerdos necesarios para devolver estabilidad al país.
Pero no negocien el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
Porque el costo de perdonar sin reparar no aparece inmediatamente en ningún presupuesto. Se acumula silenciosamente en la desconfianza, en el resentimiento, en la corrupción que vuelve, en la justicia que nadie respeta y en la generación que aprende que el poder siempre consigue escapar de sus consecuencias.
Venezuela ya pagó demasiado por esa lección.
Esta vez el ciudadano debe sostener la lupa de la auditoría en una mano y la herramienta de reconstrucción en la otra. Hay barrios que levantar, escuelas que recuperar, instituciones que rehacer y responsabilidades que esclarecer.
El futuro puede reconciliar. Lo que no puede hacer es falsificar el pasado.
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