Instituciones para la emergencia larga
Vierne5. / Editorial.
La emergencia venezolana durará años. Reconstruir exige instituciones técnicas, meritocracia, datos abiertos, justicia y control ciudadano.
Reconstrucción institucional de Venezuela; instituciones para la reconstrucción; emergencia prolongada en Venezuela; meritocracia y reconstrucción
Venezuela debe aceptar una verdad incómoda: la emergencia no terminará cuando desaparezca el último campamento ni cuando una mesa política anuncie que las instituciones han sido renovadas. El terremoto convirtió en ruinas edificios y viviendas, pero también dejó expuesta una debilidad mucho más profunda: un Estado diseñado para administrar normalidad burocrática cuando el país necesitará durante años administrar excepcionalidad, reconstrucción, inversión, justicia y desconfianza social al mismo tiempo.
Instituciones para la emergencia larga significa comprender que ya no basta reparar lo que se cayó. Hay que rediseñar la maquinaria pública que tendrá que reconstruirlo. Venezuela necesita organismos capaces de gestionar miles de millones de dólares, decenas de miles de viviendas, infraestructura eléctrica deteriorada, comunidades desplazadas y una transición política todavía incompleta sin convertir la excepcionalidad en otra puerta para el clientelismo, la improvisación o el reparto partidista.
La política nacional sigue moviéndose. Delcy Rodríguez recibió recientemente en Miraflores a Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez después de la tercera ronda de negociaciones. Las partes acordaron avanzar en aspectos institucionales y preparan una nueva ronda para noviembre. Al mismo tiempo, María Corina Machado regresó este domingo a Venezuela después de casi diez meses fuera del país y fue recibida por miles de ciudadanos durante su recorrido desde Lara hasta Caracas.
Son movimientos importantes. Pero ninguno modifica la primera ley de esta etapa: la legitimidad institucional tendrá que demostrarse en el terreno.
Una emergencia de meses exige instituciones pensadas para años
El último balance oficial nacional detallado ampliamente disponible mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio. Los equipos técnicos habían evaluado 60.785 viviendas: 35.545 fueron consideradas habitables, 14.239 quedaron bajo restricciones y 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo.
Para finales de agosto se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, equivalentes entonces al 28,61 % del volumen calculado, y se habían entregado solamente 335 viviendas nuevas.
Estas cifras muestran por qué resulta engañoso hablar de una recuperación como si se tratara de una operación breve.
Hay viviendas que reforzar, otras que sustituir, escuelas que reparar, infraestructura que reconstruir, servicios que estabilizar y comunidades que reintegrar económica y socialmente.
El país necesita prepararse para una emergencia que cambiará de forma, pero que seguirá condicionando la vida nacional durante años.
También las estadísticas necesitan instituciones duraderas
Parte de la nueva arquitectura debe comenzar por algo elemental: saber exactamente qué está ocurriendo.
El dato de 18.437 personas en 94 campamentos que todavía aparece repetido en algunos balances corresponde a julio y no debe utilizarse como una cifra actual de finales de octubre. Posteriormente aumentó el número de personas que necesitaron alojamiento provisional, y para finales de agosto las autoridades informaban que más de 25.000 venezolanos habían requerido alguna forma de refugio temporal desde la catástrofe.
La misma disciplina debe aplicarse a los desaparecidos. Iniciativas ciudadanas llegaron a recopilar alrededor de 29.500 reportes de personas cuyo paradero no había podido establecerse. Esa base expresa la magnitud humana del problema, pero no equivale a un registro forense nacional confirmado de personas sepultadas bajo estructuras.
El problema institucional es precisamente que el Estado no consiguió ofrecer durante demasiado tiempo un sistema público consolidado que permitiera distinguir denuncias iniciales, personas posteriormente localizadas, víctimas identificadas y casos todavía pendientes.
Una emergencia larga necesita un sistema de información igualmente persistente.
No estadísticas ocasionales.
Datos públicos vivos.
El nuevo TSJ y el nuevo CNE no pueden diseñarse como cuotas
El proceso político entra ahora en una fase especialmente delicada. La renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la futura reorganización electoral ocupan una parte central de las negociaciones.
Ese trabajo es necesario.
Pero un nuevo tribunal no será independiente porque sus integrantes representen proporcionalmente a distintos sectores políticos. Y un nuevo Consejo Nacional Electoral no generará confianza simplemente porque las partes hayan negociado su composición.
Venezuela necesita introducir un criterio mucho más exigente: mérito profesional verificable.
Las instituciones de esta etapa deberían incorporar:
- criterios públicos de selección profesional;
- currículos y antecedentes accesibles;
- declaraciones de conflictos de interés;
- audiencias públicas cuando corresponda;
- mecanismos de impugnación;
- evaluación periódica de desempeño;
- y publicación sistemática de decisiones y estadísticas.
La emergencia larga no puede administrarse con instituciones nacidas de acuerdos cortos.
La electricidad demuestra por qué la técnica importa
El deterioro eléctrico ofrece quizá la imagen más precisa de la dimensión estructural del problema venezolano. Reuters informó a finales de septiembre que apenas alrededor del 40 % de los aproximadamente 32.800 megavatios de capacidad instalada estaba disponible y que existía un déficit superior a 1.500 megavatios.
Conviene entender correctamente ese dato. No significa que el 60 % del territorio permanezca permanentemente sin electricidad. Significa que una parte muy importante de la capacidad nominal del sistema no se encuentra disponible.
Eso limita industria, petróleo, hospitales, telecomunicaciones, escuelas, agua y empleo.
También recuerda que gobernar una emergencia prolongada exige profesionales capaces de decir la verdad técnica incluso cuando resulte políticamente incómoda.
La República necesita funcionarios que puedan afirmar que una planta no funciona, que una vivienda no es segura o que un proyecto no es viable sin temer que la conclusión profesional se convierta en un problema partidista.
El petróleo puede financiar la reconstrucción, pero no sustituir instituciones
La recuperación energética está introduciendo nuevos actores y recursos en Venezuela. Esta semana volvió a ocupar la atención pública la presencia de Alejandro Betancourt, representante de North American Blue Energy Partners, NABEP, durante una inspección de proyectos petroleros en Zulia junto con Delcy Rodríguez, autoridades de PDVSA y el encargado de negocios estadounidense John Barrett.
El hecho confirma el creciente peso de los acuerdos energéticos entre Caracas y Washington. Las controversias y señalamientos históricos relacionados con Betancourt deben mantenerse debidamente atribuidos y no confundirse con una determinación judicial de culpabilidad.
La pregunta esencial es institucional.
¿Quién controla los contratos?
¿Qué recibe Venezuela?
¿Qué inversiones se comprometieron?
¿Qué impuestos corresponden?
¿Qué infraestructura se construirá?
¿Qué parte de los nuevos ingresos llegará a electricidad, vivienda, escuelas y recuperación productiva?
Una emergencia larga exige que esas respuestas puedan conocerse sin depender de filtraciones ni favores.
La Licencia 60A necesita trazabilidad, no mitología
La OFAC estadounidense actualizó el 16 de octubre la Licencia General 60, ahora denominada Licencia General 60A, para mantener autorizadas hasta abril de 2027 determinadas transacciones relacionadas con los esfuerzos de socorro por los terremotos.
La medida facilita operaciones que podrían verse limitadas por las sanciones estadounidenses.
Pero no significa que todos los ingresos petroleros, los financiamientos multilaterales, la asistencia estadounidense y el presupuesto venezolano pertenezcan a una misma estructura financiera.
Tampoco existe evidencia pública suficiente para afirmar que los créditos del Banco Mundial sean administrados operativamente por el Comando Sur.
La solución no es inventar una cadena de mando sencilla.
Es hacer visible la cadena verdadera.
La emergencia larga necesita una contraloría larga. Cada recurso debe conservar una identidad verificable desde su origen hasta su resultado: fuente, receptor, municipio, contrato, ejecutor, desembolso, avance físico y certificación final.
De la asistencia al trabajo institucionalizado
El Programa Mundial de Alimentos había alcanzado a 308.000 personas con asistencia después de los terremotos para la segunda mitad de septiembre y contemplaba apoyar hasta 500.000 durante los primeros tres meses de la respuesta.
Ese esfuerzo humanitario es indispensable.
Pero una emergencia prolongada necesita preparar también la salida de la asistencia.
La reconstrucción demanda trabajadores. Electricistas, soldadores, albañiles, operadores de maquinaria, técnicos, plomeros, especialistas en saneamiento, conductores y profesionales de ingeniería pueden formar parte de una enorme política nacional de empleo.
Las cooperativas y organizaciones comunitarias pueden participar, siempre bajo estándares transparentes de contratación, capacitación y supervisión.
El propósito no debería ser mantener indefinidamente una población dependiente de programas extraordinarios.
Debe ser transformar la necesidad en capacidad productiva.
La justicia sigue siendo el eslabón decisivo
Una emergencia larga también extiende el período durante el cual pueden aparecer corrupción, abuso de autoridad y conflictos contractuales.
Por eso el Poder Judicial adquiere una responsabilidad especialmente alta.
Las constructoras acusadas de haber incumplido normas deben ser investigadas con evidencia. Las denuncias de extorsión necesitan expedientes. Los grupos armados fuera del marco legal deben ser sometidos a procedimientos judiciales. Los abusos policiales tienen que generar responsabilidades individualizadas.
También las detenciones políticas siguen siendo una prueba.
El balance público más reciente localizado de Foro Penal registra 322 personas que esa organización clasifica como presos políticos, con corte al 5 de octubre. Son 308 hombres y 14 mujeres; 182 civiles y 140 militares.
La cifra de 382 corresponde a un balance anterior y no debe continuar utilizándose como dato vigente.
La precisión no debilita la denuncia.
La hace creíble.
El caso Antonio Delgado recuerda cuánto falta
Este fin de semana, Vente Venezuela denunció la detención en Trujillo de su coordinador municipal Antonio Delgado por funcionarios de la Policía Estadal. Delgado permaneció varias horas bajo custodia y fue posteriormente liberado.
El partido calificó la detención como arbitraria. Las autoridades regionales no habían explicado públicamente los motivos del procedimiento en los reportes revisados.
Ese episodio muestra por qué una transición política no puede medirse solamente mediante acuerdos nacionales.
Si un dirigente puede ser detenido durante horas sin una explicación pública clara, la discusión sobre garantías políticas sigue teniendo consecuencias concretas fuera de Caracas.
La legalidad se mide en la comisaría tanto como en el Tribunal Supremo.
Los archivos de inteligencia necesitan verdad, no rumores elevados a sentencia
Un reporte del diario español ABC, reproducido posteriormente por medios venezolanos, sostiene que Estados Unidos habría accedido a ficheros anteriormente controlados por organismos venezolanos de inteligencia, incluido el Sebin.
La información se apoya en fuentes consultadas por ese periódico y en testimonios relacionados con trámites migratorios estadounidenses.
No existe confirmación pública independiente suficiente para afirmar que Washington controle operativamente al Sebin o que haya comenzado formalmente una intervención del organismo.
Debe decirse con claridad.
Pero el episodio plantea una pregunta legítima: ¿qué ocurrirá con los archivos de un aparato de inteligencia acusado durante años de participar en persecuciones y violaciones de derechos?
Una República democrática necesita reglas para preservar evidencia, proteger datos personales, investigar abusos y evitar que los expedientes de inteligencia sean reutilizados como instrumentos políticos.
La transición no consiste en cambiar de manos una caja negra.
Consiste en abrirla bajo la ley.
El regreso de Machado cambia el escenario, pero no sustituye las instituciones
María Corina Machado regresó este domingo a Venezuela después de casi diez meses fuera del país. Miles de personas la recibieron durante su recorrido desde Lara hasta Caracas, reclamando en numerosos puntos la celebración de elecciones.
Su retorno modifica el equilibrio político de la transición porque devuelve al territorio a una dirigente que había permanecido fuera de la mesa formal de negociación.
Pero tampoco ella puede sustituir instituciones.
La movilización ciudadana puede presionar.
La oposición puede exigir.
El Gobierno puede negociar.
Washington puede influir.
La Iglesia puede reclamar garantías.
Pero el resultado sostenible necesita procedimientos públicos capaces de sobrevivir a todas esas personas.
Las elecciones necesitan algo más que una fecha
La Conferencia Episcopal Venezolana pidió esta semana elecciones libres y transparentes, un CNE imparcial, un TSJ independiente, el levantamiento de inhabilitaciones y garantías de debido proceso.
Donald Trump había declarado en julio que, a juicio de su Administración, Venezuela todavía no estaba preparada para celebrar elecciones, aunque reconoció avances bajo el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.
La valoración estadounidense tiene un peso geopolítico evidente.
No constituye una autorización jurídica indispensable para que Venezuela ejerza su soberanía electoral.
La verdadera pregunta es otra: ¿qué condiciones necesita el ciudadano venezolano para volver a confiar?
Un árbitro independiente.
Un registro confiable.
Reglas conocidas.
Libertad para organizarse.
Garantías para competir.
Justicia capaz de protegerlas.
Y un Estado que no utilice la emergencia económica como herramienta de dependencia política.
La emergencia larga necesita una República larga
María Corina Machado dijo recientemente a Donald Trump: “Tenemos que terminar la tarea”.
La expresión pertenece a su estrategia política. Pero Venezuela puede otorgarle un significado institucional más profundo.
Terminar la tarea no es simplemente llegar a unas elecciones.
Es conseguir que una vivienda reconstruida siga siendo segura dentro de veinte años.
Que una turbina reparada tenga mantenimiento.
Que un tribunal nombrado durante la transición siga siendo independiente cuando cambie el Gobierno.
Que una base de datos pública siga existiendo después de que termine la emergencia.
Que un municipio pueda ejecutar sin convertirse en feudo.
Que la ayuda pueda terminar porque existe trabajo.
Que un ciudadano pueda denunciar sin temer una detención.
Y que la verdad institucional no dependa del gobernante que ocupa temporalmente el despacho.
Venezuela no necesita instituciones diseñadas para superar una semana difícil. Necesita instituciones capaces de atravesar una década difícil sin volver a quebrarse.
Ese es el desafío de la emergencia larga.
No reconstruir rápidamente para volver al país anterior.
Sino utilizar la crisis para construir un Estado que finalmente sea más resistente que el desastre que deberá administrar.
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Victor Julio Escalona.
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