El país visible y el país enterrado
Vierne5. / Editorial.
Venezuela negocia su transición mientras persisten ruinas, víctimas y opacidad. Sin verdad material no habrá República legítima.
Venezuela visible y Venezuela enterrada; reconstrucción y verdad en Venezuela; transición y víctimas del terremoto; país político y país real
Venezuela vive hoy en dos planos simultáneos. Está el país visible: el de Miraflores, las mesas de negociación, los acuerdos petroleros, las comisiones institucionales y los comunicados que hablan de estabilidad. Y está el país enterrado: el de las viviendas todavía inseguras, las familias que esperan respuestas, las escuelas golpeadas, la electricidad frágil y las comunidades que aprendieron que una transición puede avanzar en los despachos mientras la vida cotidiana sigue atrapada debajo de los escombros.
La contradicción no es retórica. Es política. Ningún contrato social será sólido si la nueva arquitectura institucional se construye sobre estadísticas incompletas, responsabilidades aplazadas y una separación creciente entre aquello que negocian las élites y aquello que soporta el ciudadano.
Esta semana ofreció una imagen perfecta de ese choque. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió en Miraflores a Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez después del tercer ciclo de diálogo. Las partes avanzaron en la revisión de normas, el proceso para renovar el Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, cuyos recursos han sido vinculados por los negociadores con la recuperación posterior a los terremotos.
Es razonable negociar. Venezuela necesita instituciones. Lo peligroso sería confundir movimiento político con recuperación nacional.
El país enterrado sigue imponiendo sus propias cifras
El último balance oficial nacional detallado ampliamente localizado mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio. Para finales de agosto se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, se habían inspeccionado 60.785 viviendas y apenas se habían entregado 335 viviendas nuevas.
Dentro de las edificaciones evaluadas, 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo y otras 14.239 quedaron bajo restricciones.
Estos números no describen solamente una catástrofe pasada. Describen una obligación política presente.
También obligan a corregir dos cifras que siguen circulando fuera de contexto.
El dato de 18.437 personas en 94 campamentos corresponde a julio. No es una fotografía válida de finales de octubre. Posteriormente aumentó el número de personas que habían requerido alojamiento temporal y el Gobierno informó a finales de agosto que más de 25.000 venezolanos habían necesitado ese tipo de asistencia desde los terremotos.
Del mismo modo, el registro cercano a 29.500 personas no localizadas surgió de una iniciativa ciudadana destinada a reunir denuncias familiares. No constituye un conteo forense oficial de personas sepultadas bajo estructuras colapsadas.
Lo grave no es corregir esa diferencia.
Lo grave es que el Estado haya dejado durante demasiado tiempo un vacío informativo suficientemente grande para que la sociedad tenga que intentar construir por sí misma el mapa de sus desaparecidos.
La verdad estadística también forma parte de la reconstrucción
Una República adulta no necesita cifras más grandes para demostrar que sufrió una tragedia. Necesita cifras mejores.
Fuente, fecha, metodología y actualización.
Eso debería aplicarse a fallecidos, desaparecidos, campamentos, viviendas, escuelas, empleos, presupuesto y contratos.
La tentación política de una transición es anunciar que la normalidad comienza antes de que pueda medirse. Allí aparece la primera obligación de la ciudadanía que dejó de pedir permiso: impedir que una fotografía estadística antigua sea utilizada para describir un presente distinto.
La memoria pública necesita precisión porque los recursos se distribuyen según aquello que se cuenta. Un censo equivocado produce un presupuesto equivocado. Un número desactualizado puede ocultar nuevas necesidades. Y una cifra sin metodología puede convertirse en propaganda tanto desde el poder como desde la oposición.
Miraflores negocia mientras el territorio exige resultados
La reunión entre Delcy Rodríguez, Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez confirmó que el diálogo político ha entrado en una etapa de mayor interlocución institucional. La tercera ronda concluyó con compromisos para revisar instrumentos legales, avanzar en la renovación del Tribunal Supremo y gestionar una comisión relacionada con los activos venezolanos retenidos en el Reino Unido.
La cuarta ronda está prevista para noviembre.
Pero todavía no existe un acuerdo definitivo sobre la fecha de las elecciones presidenciales.
La oposición ha llevado nuevamente esa demanda a la calle. La Conferencia Episcopal Venezolana también pidió esta semana elecciones libres y transparentes, un Consejo Nacional Electoral imparcial, un Tribunal Supremo independiente, el cese de las inhabilitaciones políticas y garantías de debido proceso.
Ese pronunciamiento importa porque coloca el debate en el lugar correcto: renovar nombres no basta.
Un nuevo TSJ tendrá legitimidad únicamente si puede actuar independientemente.
Un nuevo CNE tendrá legitimidad únicamente si genera confianza verificable.
Y una transición tendrá legitimidad únicamente si el ciudadano reconoce en ella una mejora material y jurídica de su propia vida.
El petróleo vuelve a mostrar el país visible
Otra imagen de esta semana ocurrió en Zulia. Delcy Rodríguez encabezó una revisión de proyectos petroleros y gasíferos asociados con los acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos. Participaron el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, autoridades de PDVSA y Alejandro Betancourt, representante de North American Blue Energy Partners, NABEP.
La reaparición pública de Betancourt ha provocado cuestionamientos políticos por sus antecedentes empresariales y las investigaciones que han sido mencionadas durante años en distintos medios. Esas controversias deben atribuirse y no convertirse automáticamente en culpabilidad.
Lo verificable es más importante: NABEP participa en proyectos asociados con Petrozamora dentro de la nueva arquitectura energética entre Caracas y Washington, y Betancourt apareció públicamente junto con funcionarios venezolanos y estadounidenses revisando esas operaciones.
Eso coloca nuevamente una pregunta sobre la mesa:
¿cómo se transformará el nuevo flujo energético en bienestar público verificable?
Venezuela no necesita solamente aumentar barriles.
Necesita conocer contratos, inversión comprometida, obligaciones, ingresos públicos, impuestos, infraestructura asociada y destino de los recursos.
El subsuelo pertenece al país incluso cuando su explotación requiere socios internacionales.
La Licencia 60A no debe confundirse con la arquitectura petrolera
La OFAC mantiene además un régimen excepcional para facilitar operaciones vinculadas con el socorro por los terremotos. La Licencia General 60, emitida en junio, fue sustituida el 16 de octubre por la Licencia General 60A, cuya vigencia se extendió hasta abril de 2027.
Su propósito es facilitar transacciones relacionadas con los esfuerzos de ayuda que de otro modo podrían quedar restringidas por las sanciones.
Eso no significa que los ingresos petroleros de NABEP, el dinero del Banco Mundial, la operación humanitaria estadounidense y los recursos presupuestarios venezolanos constituyan una sola caja.
No existe fundamento público suficiente para afirmar semejante cosa.
Precisamente porque el sistema financiero de la reconstrucción es complejo, debería ser radicalmente trazable.
- cada fuente de recursos debe identificarse;
- cada transferencia debe tener un destinatario;
- cada contrato debe tener un ejecutor;
- cada obra debe tener un responsable técnico;
- cada desembolso debe asociarse con un avance físico;
- y cada municipio debe poder mostrar qué recibió y qué produjo.
La transparencia no simplifica artificialmente el sistema. Lo vuelve comprensible.
El dinero debe bajar al trabajo
La reconstrucción será moralmente pobre si consigue mover miles de millones mientras mantiene a miles de personas dependiendo indefinidamente de asistencia.
La emergencia necesitó alimentos, refugios y protección. La siguiente etapa necesita empleo.
Electricistas, soldadores, plomeros, operadores de maquinaria, albañiles, técnicos, ingenieros, conductores, trabajadores de saneamiento y personal de mantenimiento pueden formar parte de una gigantesca operación de recuperación productiva.
El dinero de la reconstrucción debería medirse también en puestos de trabajo creados.
Pero las cooperativas, organizaciones vecinales y contratistas locales que participen no pueden quedar fuera de los controles. El origen comunitario no inmuniza contra favoritismos o corrupción.
Todo dinero público o internacional destinado a una obra debería producir:
- empleo identificado;
- salarios formales;
- capacitación certificada;
- contratos públicos;
- supervisión profesional;
- y resultados auditables.
La mejor política de asistencia es aquella que construye las condiciones para que el beneficiario deje de necesitarla.
El país visible anuncia acuerdos. El país enterrado pregunta qué cambió en su calle. Entre ambos existe el espacio que la política venezolana debe cerrar: convertir negociación, petróleo y financiamiento en servicios, empleo, justicia y obras que cualquier ciudadano pueda comprobar.
Las sombras del aparato represivo también necesitan verdad
Un reporte publicado por el diario español ABC y reproducido por medios venezolanos sostiene que autoridades estadounidenses tendrían acceso a archivos que anteriormente permanecían bajo custodia de organismos venezolanos de inteligencia, incluido el Sebin.
El trabajo se apoya en testimonios de viajeros y fuentes citadas por el periódico. Al cierre de las informaciones revisadas, Washington y Caracas no habían confirmado públicamente que Estados Unidos controle esos archivos ni que supervise operativamente al organismo.
Por tanto, debe tratarse como lo que es: un reporte periodístico relevante que requiere confirmación independiente.
Pero incluso esa incertidumbre revela otra dimensión de la transición.
Un Estado democrático no debería depender de filtraciones extranjeras para conocer cómo funcionó su aparato de inteligencia.
Necesita archivos preservados, investigaciones legales, identificación de víctimas, responsabilidades individualizadas y límites claros sobre el uso futuro de los servicios de seguridad.
La transición no puede significar simplemente cambiar quién tiene acceso a los expedientes.
Debe cambiar las reglas bajo las cuales esos expedientes existen y pueden utilizarse.
La justicia no puede confundir memoria con venganza
El último balance disponible de Foro Penal, con corte al 5 de octubre, registra 322 personas que la organización clasifica como presos políticos: 308 hombres y 14 mujeres, entre ellos 182 civiles y 140 militares.
Por tanto, la cifra de 382 corresponde a un balance anterior y no debe presentarse como dato actual.
Actualizar los números no reduce la obligación de revisar las causas, garantizar el debido proceso y resolver las detenciones que organizaciones de derechos humanos consideran arbitrarias.
El Estado de derecho necesita simultáneamente firmeza y garantías.
Las constructoras acusadas de corrupción deben ser investigadas.
Las denuncias de extorsión deben producir expedientes.
Los abusos de los organismos de seguridad deben documentarse.
Los grupos armados fuera de la ley deben ser desmantelados mediante procedimientos legales.
Y cualquier acusado tiene derecho a defensa y a una sentencia basada en pruebas.
La impunidad destruye una República.
La arbitrariedad también.
Nueva York no puede administrar la memoria venezolana
Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan en Nueva York nuevos cargos federales que incluyen una acusación de conspiración para cometer torturas. Ambos se declararon no culpables. El juicio está previsto para comenzar el 14 de junio de 2027.
Son acusaciones que deben resolverse en ese proceso judicial.
Pero Venezuela cometería otro error si transforma ese tribunal extranjero en sustituto de su propia reconstrucción judicial.
El país necesita instituciones capaces de investigar su historia dentro de sus propias reglas democráticas.
No para producir revancha.
Para evitar repetición.
La electricidad sigue revelando cuál de los dos países es real
Los discursos de recuperación chocan además contra una infraestructura eléctrica que permanece gravemente deteriorada. Datos divulgados a finales de septiembre señalaban que aproximadamente el 40 % de los 32.800 megavatios de capacidad instalada estaba disponible.
Esa cifra significa que más de la mitad de la capacidad instalada permanecía fuera de servicio o no disponible en ese momento.
La diferencia semántica importa: no significa necesariamente que el 60 % del territorio esté permanentemente apagado.
Significa algo técnicamente distinto y políticamente grave: el sistema opera muy por debajo de su capacidad nominal.
Una transición que quiera recuperar industria, petróleo, escuelas, hospitales y empleo necesita electricidad antes que propaganda.
La realidad material terminará arbitrando la transición
Donald Trump afirmó en julio que, a juicio de su Administración, Venezuela todavía no estaba preparada para celebrar elecciones, aunque reconoció avances.
Esa posición tiene peso geopolítico. No constituye, sin embargo, una autoridad jurídica sobre el derecho venezolano a votar.
La Conferencia Episcopal ha reclamado ahora elecciones libres, instituciones renovadas y garantías.
María Corina Machado ha enviado otro mensaje político a Washington: “Tenemos que terminar la tarea”.
Cada actor interpreta de manera diferente qué significa terminarla.
Vierne5 propone otra medida.
La tarea estará terminada cuando el país visible y el país enterrado dejen de ser dos realidades distintas.
Cuando el acuerdo de Miraflores pueda medirse en una escuela reabierta.
Cuando el barril adicional produzca electricidad y empleo.
Cuando un contrato pueda consultarse desde un teléfono.
Cuando una familia sepa qué ocurrió con su desaparecido.
Cuando una vivienda nueva pueda ser auditada desde sus planos hasta su entrega.
Cuando un detenido tenga una causa resuelta.
Cuando una institución pueda reconocer un abuso sin considerar que reconocerlo amenaza al Estado.
Y cuando ningún ciudadano necesite aceptar una mentira oficial para conservar una ayuda pública.
La verdadera transición no consiste en hacer visible una República nueva mientras debajo permanece enterrada la anterior. Consiste en excavar hasta encontrar la verdad, asumir responsabilidades y reconstruir desde allí.
El país de los despachos puede pactar.
El país del petróleo puede financiar.
El país internacional puede acompañar.
Pero será el país ciudadano el que finalmente decidirá si aquello que emerge merece llamarse República.
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Victor Julio Escalona
Editor.
