La transición también se construye con ingenieros
Vierne5. / Editorial.
Venezuela necesita instituciones nuevas, pero también ingeniería, meritocracia, datos abiertos y obras seguras para reconstruirse.
Ingeniería para reconstruir Venezuela; reconstrucción técnica de Venezuela; ingenieros y transición; meritocracia en la reconstrucción
Una transición política puede negociarse alrededor de una mesa. Una transición nacional no. Venezuela puede renovar magistrados, diseñar un nuevo Consejo Nacional Electoral y discutir garantías políticas, pero ninguna de esas decisiones sostendrá por sí sola una República cuyas viviendas siguen heridas, cuya red eléctrica funciona muy por debajo de su capacidad y cuya reconstrucción exige decenas de miles de decisiones técnicas. El país necesita juristas y políticos. También necesita ingenieros.
Esta no es una defensa corporativa de una profesión. Es una afirmación sobre la naturaleza del momento venezolano. Después de los terremotos del 24 de junio, la matemática del concreto, la resistencia de los materiales, la geología del suelo, la ingeniería eléctrica, la hidráulica, el urbanismo y la planificación dejaron de ser asuntos reservados a especialistas. Se convirtieron en cuestiones de Estado.
La transición también se construye con ingenieros porque una institución pierde legitimidad cuando promete seguridad política mientras el ciudadano continúa viviendo debajo de una estructura que no sabe si resistirá.
El país necesita sustituir improvisación por conocimiento
El último balance oficial ampliamente documentado mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos. Para finales de agosto, los equipos técnicos habían inspeccionado 60.785 viviendas. De ellas, 35.545 fueron consideradas habitables, 14.239 quedaron bajo restricciones y 11.001 fueron clasificadas como de alto riesgo.
Las cifras describen mucho más que un problema habitacional. Representan decenas de miles de decisiones de ingeniería que deben adoptarse correctamente: reforzar, reparar, limitar el uso, desalojar, demoler o reconstruir.
También se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, equivalentes aproximadamente al 28 % del volumen calculado en aquel momento, mientras la entrega de viviendas nuevas permanecía en 335.
El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos. El 47 % corresponde a edificaciones residenciales, el 27 % a infraestructura y el 26 % a inmuebles no residenciales.
Un desafío de esa escala no puede administrarse mediante intuición política. Necesita conocimiento especializado, estándares verificables y capacidad técnica independiente.
La política no puede modificar las leyes de la física
Un edificio no se vuelve seguro porque una autoridad inaugure su reparación. Un puente no resiste más porque exista urgencia electoral. Una planta eléctrica no aumenta su capacidad mediante un discurso. Una escuela dañada no vuelve a ser habitable hasta que alguien técnicamente competente certifique que puede recibir niños.
La República adulta que Venezuela necesita debería aceptar una verdad incómoda: existen decisiones sobre las cuales el criterio técnico debe prevalecer sobre la conveniencia política.
Eso exige fortalecer instituciones profesionales capaces de actuar con autonomía:
- universidades y facultades de ingeniería;
- colegios profesionales;
- institutos de investigación y laboratorios de materiales;
- especialistas en geotecnia y riesgo sísmico;
- ingenieros estructurales, eléctricos, hidráulicos y sanitarios;
- urbanistas y especialistas en transporte;
- y organismos públicos cuya dirección dependa de competencia profesional y no únicamente de confianza partidista.
La reconstrucción necesita autoridad. Pero necesita todavía más algo que la política venezolana ha sacrificado demasiadas veces: criterio profesional capaz de decir no.
No a una obra insegura. No a un material que incumple especificaciones. No a una modificación de planos sin justificación. No a una inauguración antes de tiempo.
La meritocracia también es una política de seguridad
Durante décadas se ha discutido la meritocracia como si fuera una preferencia administrativa. Después de una catástrofe, se vuelve una política de protección de vidas.
Cuando quien inspecciona una columna obtuvo su cargo por competencia, la meritocracia deja de ser un concepto abstracto. Cuando una licitación exige experiencia técnica demostrable, deja de ser retórica. Cuando el responsable de una obra puede ser identificado, auditado y sancionado, la institucionalidad comienza a adquirir forma material.
La reconstrucción venezolana debería incorporar una regla elemental: cada proyecto público debe tener responsables técnicos identificados y sus informes fundamentales deben formar parte de un expediente accesible.
La ciudadanía debería poder saber quién diseñó una obra, quién la calculó, quién la supervisó, quién aprobó las modificaciones y quién firmó su recepción definitiva.
Eso protege al ciudadano. También protege al profesional responsable frente a presiones políticas para aprobar aquello que técnicamente no debería aprobarse.
Los datos abiertos deben llegar hasta el plano
La transparencia de la reconstrucción no puede limitarse a publicar cuánto dinero fue gastado. También debe permitir conocer qué fue construido con ese dinero.
Un sistema nacional de datos abiertos podría vincular cada proyecto con:
- presupuesto original y modificaciones;
- contratista y beneficiarios finales de la empresa;
- equipo profesional responsable;
- planos y especificaciones públicas cuando la seguridad lo permita;
- materiales certificados;
- porcentaje de ejecución física y financiera;
- inspecciones realizadas;
- fotografías del avance;
- y certificación final de habitabilidad o funcionamiento.
La tecnología necesaria existe. El obstáculo principal ya no es técnico. Es institucional.
Una administración que realmente quiera recuperar confianza debería convertir la reconstrucción en el mayor ejercicio de transparencia pública de la historia reciente venezolana.
La fiscalización pública necesita también conocimiento técnico. No basta con preguntar cuánto costó una obra. Hay que preguntar si el diseño era adecuado, si los materiales cumplían especificaciones, si las modificaciones estaban justificadas y si aquello que se certificó como terminado realmente puede utilizarse con seguridad.
La electricidad demuestra que no basta con reconstruir edificios
La ingeniería pendiente no termina en las viviendas. Reuters documentó a finales de septiembre que solamente alrededor del 40 % de los 32.800 megavatios de capacidad eléctrica instalada del país estaba disponible y que el déficit superaba los 1.500 megavatios.
El problema ya está condicionando el crecimiento económico. Ejecutivos del sector energético han advertido que la expansión petrolera y gasífera necesita una red eléctrica capaz de sostenerla, mientras CAF estima en unos 5.000 millones de dólares las necesidades de inversión para rehabilitar y automatizar el sistema.
Esta realidad debería modificar la jerarquía de prioridades.
No puede existir una reconstrucción productiva con fábricas detenidas por cortes. No puede existir una política hospitalaria confiable sin electricidad continua. No puede existir educación moderna sin conectividad. No puede existir retorno sostenible de la diáspora hacia ciudades donde una empresa o un hogar no pueden planificar su consumo eléctrico.
La transición energética y la transición democrática terminan encontrándose en el mismo lugar: capacidad institucional.
El calendario político necesita una base material
Dinorah Figuera ha mantenido públicamente noviembre como meta para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y diciembre para la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. Esas fechas corresponden al cronograma político planteado por su delegación y no constituyen todavía una fecha nacional para elecciones.
El próximo ciclo de conversaciones está previsto para el 14 de octubre. Marco Rubio se reunió recientemente con Figuera y reiteró el apoyo estadounidense a un proceso que produzca instituciones capaces de sostener una democracia gobernable, no únicamente una elección.
Esa idea es correcta si se lleva hasta sus últimas consecuencias.
Una democracia gobernable también necesita organismos técnicos gobernables.
Necesita empresas públicas dirigidas profesionalmente, catastros confiables, autoridades de vivienda con capacidad de inspección, instituciones eléctricas capaces de planificar y municipios que puedan ejecutar obras sin depender permanentemente de autorizaciones remotas.
La institucionalidad no termina en el TSJ y el CNE.
La justicia debe proteger también la ingeniería
La reconstrucción de la justicia tendrá una responsabilidad concreta frente a las obras públicas. Allí donde existan indicios fundados de corrupción, fraude contractual, utilización de materiales por debajo de las especificaciones o falsificación de certificaciones, corresponde investigar.
Pero justicia no significa culpabilidad anticipada.
Las constructoras, funcionarios y profesionales deben responder cuando exista evidencia y un tribunal independiente determine responsabilidades. Convertir sospechas en condenas políticas antes del proceso reproduciría precisamente la arbitrariedad que la transición debería abandonar.
Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia será creíble si garantiza simultáneamente dos cosas: que nadie sea protegido por sus conexiones y que nadie sea condenado por conveniencia.
Ese principio tiene que alcanzar también los derechos humanos. El balance más reciente de Foro Penal disponible registra 322 personas que esa organización clasifica como presos políticos con fecha de corte del 5 de octubre. Son 308 hombres y 14 mujeres; 182 civiles y 140 militares.
La cifra debe atribuirse a la organización y actualizarse cuando exista un balance posterior. La precisión factual también forma parte del Estado de derecho.
El petróleo puede financiar obras, pero no diseñarlas
La producción petrolera venezolana está creciendo y el Gobierno busca ampliar rápidamente los contratos energéticos. PDVSA informó recientemente que aspira a cerrar 105 contratos petroleros antes de terminar 2026, mientras la producción ronda 1,2 millones de barriles diarios.
Ese movimiento puede generar recursos extraordinariamente importantes.
Pero ningún flujo petrolero sustituye la capacidad técnica necesaria para convertir recursos en infraestructura.
Tampoco existe base pública suficiente para afirmar que los créditos del Banco Mundial destinados a la reconstrucción venezolana sean administrados operativamente por el Comando Sur estadounidense. El Banco Mundial ha explicado que trabaja con el Gobierno venezolano y socios como el BID y CAF para evaluar necesidades y definir apoyo técnico y financiero.
Separar lo comprobado de lo supuesto es particularmente importante cuando se habla de miles de millones.
Los recursos necesitan trazabilidad. Las obras necesitan ingeniería. Y ambas cosas necesitan controles independientes.
La reconstrucción debe convertirse en una escuela de trabajo
La dimensión de las obras también ofrece una oportunidad económica. Venezuela necesita empleo formal y la reconstrucción puede convertirse en uno de sus principales motores durante años.
Pero eso requiere formación.
No toda persona puede convertirse de un día para otro en especialista estructural. Sí pueden crearse programas masivos de certificación para oficios vinculados con albañilería, electricidad, soldadura, plomería, maquinaria, instalaciones sanitarias, logística y mantenimiento.
Las universidades técnicas, institutos profesionales, empresas privadas y municipios pueden construir conjuntamente esa cadena de capacitación.
La asistencia humanitaria cumple una función indispensable durante la emergencia. El siguiente paso consiste en transformar progresivamente esa asistencia en capacidad productiva.
El ciudadano damnificado no debe ser reducido a beneficiario. Puede convertirse, con capacitación, salario justo y supervisión competente, en parte de la recuperación de su propia comunidad.
Una República se reconoce también por aquello que sabe construir
La política venezolana ha pasado demasiado tiempo discutiendo quién ocupa el poder y demasiado poco preguntándose qué capacidad institucional posee quien lo ocupa.
Esa diferencia se vuelve imposible de ignorar frente a una estructura dañada.
El concreto no pertenece a ningún partido.
La resistencia de una columna no responde a una negociación.
El voltaje no reconoce ideologías.
El agua necesita presión, tuberías y mantenimiento.
Un puente necesita cálculos.
Y una vivienda necesita seguridad antes que propaganda.
Estados Unidos, la oposición, el Gobierno encargado y los distintos sectores políticos pueden discutir calendarios, reglas y reformas. Pero el éxito de la transición venezolana terminará evaluándose también mediante preguntas mucho menos abstractas.
¿Funciona la electricidad?
¿Es segura la vivienda?
¿Abrió la escuela?
¿Resiste el puente?
¿Llegó el agua?
¿Puede una empresa producir?
¿Puede un profesional decir que una obra está mal sin perder su cargo?
La transición también se construye con ingenieros porque una República no se sostiene solamente sobre instituciones escritas en una Constitución. También se sostiene sobre estructuras que no caen, servicios que funcionan y profesionales suficientemente libres para decir la verdad técnica aunque resulte incómoda al poder.
La política puede aprobar el presupuesto.
Pero alguien tiene que saber cómo convertirlo en país.
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Victor Julio Escalona.
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