Un país para los que se quedaron y los que se fueron
Vierne5. / La Voz Del NIN.
Venezuela necesita unir a quienes se quedaron y emigraron, con justicia, empleo digno y derechos iguales para reconstruir la República.
Unidad de los venezolanos; diáspora venezolana; reconstrucción nacional de Venezuela; reconciliación entre venezolanos
LA VOZ DEL NIN | Sábado, 14 de noviembre de 2026
Un país para los que se quedaron y los que se fueron
Venezuela no puede reconstruirse dividida entre quienes resistieron dentro de sus fronteras y quienes encontraron fuera de ellas una oportunidad para sobrevivir. Ninguno de esos caminos representa una superioridad moral. Ambos forman parte de una misma historia nacional, marcada por pérdidas, sacrificios y una extraordinaria voluntad de seguir adelante.
Durante demasiado tiempo, la política venezolana ha permitido que esa fractura se transforme en una discusión sobre quién sufrió más, quién merece mayor reconocimiento o quién conserva más derecho a participar en el futuro del país.
Es una disputa estéril. Y, sobre todo, profundamente injusta.
Quien permaneció en Venezuela enfrentó dificultades económicas, deterioro de los servicios, incertidumbre y obstáculos que exigieron una enorme capacidad de adaptación. Quien emigró tuvo que abandonar vínculos, aprender nuevas reglas, reconstruir su estabilidad y aceptar, muchas veces, trabajos alejados de su preparación profesional.
La Venezuela del futuro no puede pertenecer exclusivamente a quienes se quedaron ni a quienes se fueron. Debe pertenecer a todos los venezolanos, sin privilegios ni exclusiones.
Ese es uno de los fundamentos sociales del Nuevo Ideal Nacional: recuperar la unidad de la República sin exigir que sus ciudadanos renuncien a sus experiencias, sus derechos o sus proyectos de vida.
Dos caminos de una misma tragedia
El desplazamiento venezolano constituye una de las transformaciones demográficas más importantes de América Latina.
ACNUR mantiene como referencia cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, de los cuales más de 6,9 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Se trata de datos basados en registros gubernamentales, actualizados hasta diciembre de 2025.
La magnitud de esas cifras no debe ocultar la diversidad de experiencias.
Hay profesionales que encontraron oportunidades en el extranjero, familias que alcanzaron estabilidad, empresarios que comenzaron desde cero y jóvenes que crecieron en países donde hoy mantienen vínculos fundamentales.
También existen migrantes que enfrentan dificultades de documentación, precariedad laboral, separación familiar o incertidumbre sobre su permanencia legal.
En Venezuela, mientras tanto, permanecieron trabajadores, agricultores, docentes, médicos, comerciantes y familias que sostuvieron actividades esenciales en circunstancias extremadamente difíciles.
Ninguno de esos grupos constituye una categoría superior de ciudadanía.
La reconstrucción exige abandonar los reproches mutuos y comprender que la recuperación nacional necesita tanto el conocimiento de quienes permanecieron como la experiencia acumulada por quienes emigraron.
No hay dos Venezuelas enfrentadas. Hay una sola nación cuya ciudadanía ha aprendido a vivir en territorios diferentes.
Las remesas son solidaridad, no una política de desarrollo
Durante años, numerosos hogares venezolanos encontraron en el dinero enviado por sus familiares una fuente decisiva de apoyo económico.
Según estimaciones recogidas por FEWS NET, aproximadamente el 21 % de los hogares venezolanos recibió remesas durante 2024, con un flujo agregado cercano a 3.000 millones de dólares.
Detrás de esos recursos existen trabajadores que realizan sacrificios personales para ayudar a padres, hijos, hermanos y familiares que permanecen en el país.
Las remesas han contribuido a cubrir necesidades de alimentación, medicamentos, educación y gastos cotidianos. Pero sería un grave error convertir esa solidaridad privada en sustituto permanente de las responsabilidades públicas.
Una nación no puede construir su modelo económico descansando indefinidamente sobre el sacrificio de quienes trabajan fuera de sus fronteras.
El objetivo debe ser que los hogares recuperen capacidad productiva, salarios suficientes y oportunidades para sostenerse mediante su propio trabajo.
Las remesas pueden convertirse también en capital para pequeños emprendimientos cuando las familias así lo decidan. Pero ninguna política estatal debe presionar a los emigrantes para invertir sus ahorros ni tratarlos como una fuente obligatoria de financiamiento.
El dinero pertenece a quienes lo ganaron. La obligación de crear condiciones para el desarrollo corresponde a las instituciones nacionales.
Una justicia para todos, no para los vencedores
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia representa una prueba fundamental para la credibilidad del proceso de reinstitucionalización.
El Consejo de Revisión de Credenciales, integrado por siete juristas, y el Comité de Postulaciones Judiciales participan en distintas etapas de evaluación de los aspirantes.
El plazo para presentar postulaciones fue prorrogado hasta el 18 de noviembre, mientras continúa el proceso de revisión de requisitos y evaluación de candidaturas.
La existencia de nuevas instancias técnicas puede contribuir a mejorar los procedimientos, pero no garantiza por sí sola independencia judicial.
Lo esencial será que la selección responda a méritos verificables, trayectorias profesionales, capacidad jurídica y ausencia de conflictos de intereses incompatibles con la función.
Un venezolano residente en el exterior necesita confiar en que podrá invertir, recuperar una propiedad o resolver un conflicto sin sufrir discriminación. Quien vive dentro del país necesita exactamente las mismas garantías.
Ninguno debería depender de relaciones políticas para obtener justicia.
La revisión institucional también debe responder a las denuncias sobre detenciones arbitrarias y persecución.
Foro Penal registró 321 personas consideradas presas políticas en su balance con corte al 9 de noviembre. De ellas, 171 permanecían sin condena.
La libertad de quienes hayan sido detenidos arbitrariamente debe garantizarse mediante procedimientos legales, mientras las denuncias de tortura y otras violaciones graves requieren investigaciones independientes.
La reconciliación no puede confundirse con impunidad, pero tampoco con venganza.
Una República democrática debe proteger al inocente, juzgar al responsable mediante pruebas y asegurar que ningún ciudadano quede fuera del amparo de la ley.
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El capital humano debe encontrarse con el país productivo
Venezuela cuenta con profesionales que han adquirido experiencia internacional en medicina, ingeniería, tecnología, agricultura, comercio, administración, educación y numerosos sectores productivos.
Ese conocimiento representa una oportunidad extraordinaria para la recuperación nacional.
Pero sería equivocado organizar el regreso del talento mediante mecanismos que privilegien automáticamente a quienes vienen del exterior y releguen a quienes mantuvieron sus actividades dentro del país.
El principio debe ser la igualdad de oportunidades.
Un ingeniero que adquirió experiencia en España y otro que sostuvo una industria venezolana durante la crisis deben competir y colaborar bajo reglas profesionales transparentes.
La meritocracia exige evaluar conocimientos, responsabilidades y resultados, no pasaportes, lealtades políticas ni contactos personales.
La reconstrucción productiva debe facilitar asociaciones empresariales, transferencia de conocimientos, reconocimiento de títulos y acceso competitivo al financiamiento.
También debe proteger a los pequeños empresarios frente a la arbitrariedad administrativa y garantizar condiciones laborales dignas.
El desarrollo no se consigue sustituyendo una dependencia por otra. Se consigue creando instituciones donde trabajar, invertir y emprender no requiera autorización política.
La inversión necesita transparencia y resultados
La recuperación económica venezolana está entrando en una etapa de renovados contactos con organismos multilaterales y actores financieros internacionales.
El 13 de noviembre, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una hoja de ruta para reactivar progresivamente su relación con Venezuela, después de años de restricciones operativas.
Se trata de un paso institucional importante, pero no equivale a un préstamo aprobado ni significa que el país haya solucionado sus obligaciones financieras pendientes.
La iniciativa contempla áreas como electricidad, recuperación económica, protección social y reconstrucción.
Al mismo tiempo, la reforma eléctrica aprobada el 10 de noviembre abrió nuevas posibilidades de participación privada en un sector que necesita inversiones y recuperación técnica.
La oportunidad debe medirse por resultados concretos: menos interrupciones, mejor servicio, inversiones ejecutadas y condiciones razonables para hogares y empresas.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de los contratos que comprometan recursos públicos, los criterios de adjudicación y los mecanismos de supervisión.
Para ello se necesita una política nacional de datos abiertos que permita examinar presupuestos, concesiones, proyectos y auditorías.
La inversión es necesaria. La transparencia es indispensable. Y ninguna de las dos puede sustituir a la otra.
La familia debe volver al centro de la República
El éxodo transformó la estructura de millones de hogares venezolanos.
Hay abuelos que conocen a sus nietos mediante videollamadas, padres separados de sus hijos y familias que distribuyen sus responsabilidades entre varios países.
Muchas han logrado reorganizarse y construir nuevas vidas estables. Otras siguen enfrentando enormes dificultades emocionales y económicas.
La política pública debe reconocer esa diversidad sin imponer un modelo único de reunificación.
El retorno puede ser una opción legítima, pero también lo es permanecer en el extranjero y conservar vínculos con Venezuela.
El restablecimiento de servicios consulares debe garantizar documentación, registros civiles, poderes, trámites familiares y procedimientos que faciliten el ejercicio de derechos.
Los avances diplomáticos entre Venezuela y Estados Unidos todavía requieren traducirse en servicios consulares efectivamente disponibles y comprobables.
De cara a 2027, las autoridades deberían establecer un programa verificable de modernización consular, con información pública sobre sedes, horarios, procedimientos y disponibilidad.
La reunificación familiar, además, debe apoyarse en escuelas seguras, acceso a vivienda, servicios sanitarios y oportunidades de empleo.
La patria no puede limitarse a convocar el regreso. Debe garantizar que vivir en ella sea una decisión sostenible.
La educación cívica debe romper el ciclo del clientelismo
La reconstrucción institucional no será duradera si las nuevas generaciones continúan aprendiendo que los servicios públicos dependen de favores políticos.
La educación cívica debe recuperar la comprensión de los derechos, los deberes, la Constitución, la transparencia y los mecanismos de participación democrática.
Una escuela no debe convertirse en espacio de obediencia partidista, sino en una institución donde los estudiantes aprendan a pensar críticamente y a convivir con quienes tienen opiniones diferentes.
La enseñanza democrática también debe incorporar el valor de la diáspora y reconocer las experiencias de las comunidades que permanecieron dentro del país.
La identidad nacional puede fortalecerse mediante intercambios educativos, redes profesionales y proyectos culturales que conecten a venezolanos de distintas regiones y países.
El desafío no consiste en borrar las diferencias. Consiste en garantizar que ninguna diferencia vuelva a convertirse en una razón para excluir.
Un pacto republicano para una Venezuela compartida
El Nuevo Ideal Nacional debe convertir esta visión en compromisos verificables que trasciendan cualquier gobierno.
Proponemos siete principios para construir un país compartido:
- Igualdad de ciudadanía. Los derechos no deben depender del lugar de residencia ni de la pertenencia partidista.
- Justicia independiente. Selección de jueces por mérito, transparencia institucional y garantías de debido proceso.
- Participación de la diáspora. Servicios consulares modernos y mecanismos efectivos para ejercer derechos desde el extranjero.
- Reconstrucción familiar. Vivienda, educación, salud y oportunidades para la reunificación voluntaria.
- Desarrollo productivo. Apoyo al emprendimiento, empleos formales y reconocimiento de competencias profesionales.
- Contraloría ciudadana. Publicación de contratos, presupuestos, resultados y auditorías de proyectos públicos.
- Educación democrática. Formación cívica que fortalezca la autonomía del ciudadano frente al clientelismo.
Estos compromisos deben acompañarse de metas públicas, responsabilidades identificables y evaluaciones periódicas.
La participación puede desarrollarse desde las comunidades municipales, los colegios profesionales, las universidades y las organizaciones venezolanas en el exterior.
La República necesita que el ciudadano deje de ser espectador de las negociaciones para convertirse en protagonista de la supervisión democrática.
La unidad verdadera no exige borrar las diferencias
El país que viene deberá aprender a convivir con una realidad que ya forma parte de su identidad: hay venezolanos que residen dentro de sus fronteras y otros que han construido hogares permanentes en el extranjero.
Ambos forman parte de la nación.
La política no debería enfrentar esas experiencias ni utilizar el dolor migratorio para dividir a la ciudadanía.
Quienes permanecieron merecen reconocimiento y oportunidades. Quienes emigraron merecen conservar sus derechos y vínculos nacionales. Ninguno debe reclamar exclusividad sobre el futuro.
La reconstrucción de Venezuela necesitará las manos de quienes sostuvieron el país, los conocimientos de quienes desarrollaron nuevas capacidades fuera y la participación de las generaciones que están creciendo en ambos espacios.
La justicia deberá protegerlos a todos. La educación deberá reunirlos mediante valores comunes. La economía deberá permitirles producir sin privilegios. Y las instituciones tendrán que aceptar que la ciudadanía está por encima de cualquier pacto de cúpulas.
No habrá renacimiento republicano mientras sigamos preguntándonos quién merece más a Venezuela. La pregunta correcta es qué estamos dispuestos a construir para que Venezuela vuelva a merecer la confianza de todos.
Un país verdaderamente libre no exige que sus hijos elijan entre quedarse o marcharse para conservar su dignidad.
La patria no se divide entre los que se quedaron y los que se fueron. Se reconstruye cuando unos y otros dejan de ser extraños y vuelven a reconocerse como ciudadanos de una misma República.
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