El retorno posible: condiciones para que vuelva la diáspora
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El retorno de la diáspora venezolana exige justicia independiente, empleo digno, servicios públicos y seguridad para las familias.
Regreso de los venezolanos; retorno voluntario a Venezuela; reunificación familiar venezolana; condiciones para regresar a Venezuela
LA VOZ DEL NIN | Miércoles, 11 de noviembre de 2026
El retorno posible: condiciones para que vuelva la diáspora
Venezuela puede reabrir sus consulados, reformar sus leyes, anunciar inversiones internacionales y convocar a millones de emigrantes a regresar. Pero ninguna declaración oficial conseguirá que una familia abandone la estabilidad conquistada en otro país para volver a un territorio donde todavía deba preguntarse si tendrá electricidad, trabajo, seguridad y justicia.
El retorno de la diáspora no se decreta. Se merece.
Esta es una de las verdades fundamentales que la transición venezolana debe comprender. Durante años, millones de ciudadanos reconstruyeron sus vidas lejos de su tierra. Aprendieron otros idiomas, revalidaron profesiones, crearon empresas, criaron hijos y establecieron vínculos que ya forman parte de su identidad.
Invitarlos a regresar exige mucho más que recuperar relaciones diplomáticas o normalizar operaciones petroleras. Exige ofrecerles una República capaz de garantizar derechos, oportunidades y confianza.
El verdadero retorno comenzará cuando Venezuela vuelva a ser un país donde quedarse represente una decisión razonable y marcharse deje de ser una necesidad.
El voto consular es apenas el comienzo
La recuperación de las relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos abre la posibilidad de reconstruir servicios fundamentales para los ciudadanos residentes en ese país.
Pero los acuerdos diplomáticos no equivalen automáticamente a consulados abiertos, sistemas de citas funcionando o procedimientos electorales disponibles.
Una política seria hacia la diáspora debe establecer calendarios públicos para restablecer servicios, modernizar registros civiles, facilitar pasaportes y garantizar información verificable sobre los trámites.
También debe proteger el derecho de los venezolanos en el exterior a participar políticamente, mediante procedimientos electorales transparentes y accesibles.
Sin embargo, reducir el vínculo con la diáspora al voto sería repetir una visión estrecha de ciudadanía.
Los venezolanos que viven en Madrid, Minnesota, Bogotá, Lima, Santiago o Toronto no son solamente electores potenciales. Son profesionales, empresarios, trabajadores, estudiantes, investigadores y familias con experiencias que pueden contribuir al desarrollo nacional.
Según las estadísticas divulgadas por ACNUR, cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos se encuentran fuera del país, una referencia acumulada que no constituye un censo actualizado de noviembre.
La dimensión del éxodo obliga a comprender que Venezuela ya es una nación con comunidades distribuidas internacionalmente.
La ciudadanía no termina en la frontera y la pertenencia nacional no depende de un boleto de regreso.
La patria necesita ofrecer razones para volver
La emigración transformó profundamente el tejido familiar y profesional de Venezuela. Muchos jóvenes que se marcharon siendo estudiantes hoy son ingenieros, médicos, técnicos, profesores o emprendedores con carreras consolidadas.
Otros han desarrollado ocupaciones diferentes de aquellas para las cuales se prepararon. Algunos han logrado estabilidad económica; otros continúan enfrentando dificultades migratorias, laborales o de integración.
No existe una diáspora homogénea ni una única respuesta sobre el regreso.
Para quienes desean retornar, la decisión depende de factores concretos: empleo, vivienda, reconocimiento profesional, educación de los hijos, seguridad personal y capacidad de preservar el patrimonio familiar.
Para quienes prefieren permanecer en el exterior, el Estado debe garantizar derechos consulares y posibilidades de vinculación económica, cultural y política.
El Nuevo Ideal Nacional debe abandonar cualquier noción de retorno obligatorio o emocionalmente impuesto.
Una República moderna respeta las decisiones individuales y construye oportunidades para que cada ciudadano pueda elegir su proyecto de vida.
Nadie regresa a una justicia que funciona por favores
La seguridad jurídica constituye una de las condiciones principales para recuperar la confianza.
Una persona que ha construido una empresa en el exterior difícilmente decidirá trasladar su capital a Venezuela si teme perderlo por una decisión administrativa arbitraria. Un profesional tampoco confiará en instituciones donde el mérito pueda quedar subordinado a la lealtad partidista.
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia representa, por eso, una prueba fundamental.
El Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, integrado por siete juristas, trabaja en paralelo al Comité de Postulaciones Judiciales para evaluar a los aspirantes a las magistraturas.
El calendario inicialmente anunciado contemplaba el cierre de postulaciones el 11 de noviembre, salvo prórroga, y la presentación de candidatos seleccionados ante la Asamblea Nacional el 11 de diciembre.
La existencia de nuevas instancias de evaluación no garantiza por sí misma independencia judicial.
Lo decisivo será conocer los criterios utilizados, las trayectorias de los candidatos, sus posibles conflictos de intereses y los mecanismos destinados a impedir interferencias políticas.
El país necesita jueces capaces de proteger a un pequeño comerciante frente a un organismo estatal y de resolver una controversia empresarial sin preguntarse quién respalda a cada parte.
También necesita investigar denuncias de extorsión, abusos en controles viales y actuaciones de organizaciones armadas irregulares, mediante pruebas y procedimientos ajustados a derecho.
La justicia no puede seguir siendo una relación personal con el poder. Debe convertirse en una garantía impersonal para todos.
La libertad de expresión también es una condición de retorno
El 3 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma de la denominada Ley contra el Odio, planteada para sustituir determinadas penas de prisión por sanciones administrativas.
La propuesta ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y de sectores opositores que consideran insuficiente una modificación parcial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión solicitaron expresamente la derogación de disposiciones que restrinjan indebidamente la libertad de expresión.
La diferencia es esencial: eliminar una pena de cárcel no garantiza por sí mismo que desaparezca la posibilidad de utilizar sanciones administrativas para intimidar opiniones legítimas.
Quien regresa a Venezuela debe tener la certeza de que podrá criticar al gobierno, organizarse políticamente, investigar contratos y expresar desacuerdos sin exponerse a represalias arbitrarias.
La situación de las personas detenidas por motivos políticos también exige soluciones basadas en garantías judiciales, revisión de expedientes y reparación cuando corresponda.
Una reconciliación democrática requiere liberar a quienes permanezcan detenidos arbitrariamente e investigar las denuncias de tortura y otras violaciones graves.
La libertad no puede depender de la utilidad política de cada ciudadano.
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La electricidad es una política de arraigo
La aprobación, el 10 de noviembre, de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico introduce una transformación relevante en el modelo energético venezolano.
La nueva legislación permite la participación de empresas privadas y mixtas en la generación eléctrica, con concesiones que pueden alcanzar 25 años.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció además un esquema de tarifas indexadas y subsidios dirigidos a usuarios con menores ingresos.
La apertura puede atraer inversión y capacidades técnicas. Sin embargo, su verdadero valor no se medirá por los contratos anunciados, sino por la continuidad y calidad del servicio que reciban los ciudadanos.
Una familia que considera regresar necesita saber que podrá refrigerar sus alimentos, conservar medicamentos, estudiar de noche y trabajar mediante herramientas digitales.
Una empresa necesita electricidad estable para producir. Un agricultor necesita energía para el riego, el procesamiento y la refrigeración. Un hospital necesita sistemas confiables para proteger vidas.
La reforma también exige vigilancia sobre las tarifas, la calidad de los servicios, el otorgamiento de concesiones y los subsidios prometidos.
Las familias vulnerables no deben quedar excluidas de un servicio esencial por carecer de capacidad económica.
La electricidad no es solamente infraestructura. Es una condición material de libertad, productividad y arraigo familiar.
El regreso exige empleos que recompensen el mérito
La reinserción de profesionales y trabajadores venezolanos requiere un mercado laboral capaz de valorar conocimientos y experiencia.
Las visitas exploratorias de representantes de la Corporación Financiera Internacional y de Bank of America, reportadas en medios económicos, revelan interés por examinar oportunidades en la economía nacional.
Pero una visita no equivale a un crédito aprobado, una inversión comprometida ni un desembolso efectivo.
La recuperación dependerá de proyectos concretos, seguridad contractual, estabilidad económica y empresas que puedan contratar trabajadores bajo reglas competitivas.
Venezuela necesita superar la cultura según la cual conseguir un empleo, una licencia o un contrato depende de una recomendación política.
El talento de la diáspora puede contribuir al desarrollo de la industria farmacéutica, la tecnología, la agricultura, la energía, los servicios profesionales, la educación y miles de pequeñas actividades empresariales.
Sin embargo, ese talento debe encontrar condiciones equivalentes a las de quienes permanecieron trabajando en Venezuela.
No sería justo construir incentivos que privilegien automáticamente al emigrante mientras ignoran al profesional que sostuvo una escuela, un hospital o una empresa durante los años más difíciles.
El mérito debe unir a los venezolanos, no establecer nuevas categorías de ciudadanos.
La reconstrucción comienza por una vivienda y una escuela
Los terremotos del 24 de junio agravaron las dificultades que enfrenta cualquier proyecto de retorno familiar.
UNICEF ha documentado daños extensos en viviendas, hospitales y centros educativos. Su evaluación preliminar identificó al menos 432 escuelas afectadas en el Distrito Capital.
La emergencia también provocó desplazamientos y dificultades de acceso a electricidad, agua y otros servicios fundamentales.
Invitar a familias con niños a regresar sin disponer de escuelas seguras y alternativas habitacionales suficientes sería irresponsable.
La recuperación debe priorizar la rehabilitación educativa, la protección infantil y la reconstrucción de viviendas conforme a estándares técnicos verificables.
También necesita registros transparentes de adjudicación, evaluación independiente de obras y mecanismos que permitan reclamar irregularidades.
Las comunidades deben conocer cuánto cuesta cada proyecto, quién lo ejecuta y qué resultados produce.
La diáspora puede contribuir con inversiones y conocimientos, pero la responsabilidad de garantizar servicios públicos corresponde al Estado y a las instituciones competentes.
Una agenda nacional para el retorno voluntario
El Nuevo Ideal Nacional debe convertir el retorno posible en una política pública medible, no en una campaña de propaganda.
Proponemos siete compromisos:
- Servicios consulares modernos. Pasaportes, registros civiles, poderes y trámites accesibles mediante sistemas digitales seguros.
- Participación política exterior. Procedimientos verificables para facilitar el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos residentes fuera del país.
- Seguridad jurídica. Protección patrimonial, tribunales independientes y procedimientos transparentes para inversiones y emprendimientos.
- Reconocimiento profesional. Homologación eficiente de títulos, certificación de competencias y concursos públicos basados en méritos.
- Servicios y vivienda. Programas de infraestructura con indicadores públicos de cobertura, continuidad y calidad.
- Reunificación familiar. Apoyo documental, educativo y comunitario a las familias que decidan reencontrarse.
- Contraloría territorial. Auditorías ciudadanas de contratos y presupuestos, con participación de residentes y comunidades venezolanas en el exterior.
Estos compromisos requieren coordinación entre municipios, universidades, colegios profesionales, empresas, organizaciones comunitarias e instituciones nacionales.
El retorno debe ser gradual, voluntario y compatible con los derechos de quienes decidan permanecer en sus países de acogida.
Quienes se quedaron y quienes partieron necesitan el mismo país
La reconciliación venezolana también debe superar una división emocional que rara vez se reconoce abiertamente.
Quienes permanecieron en el país soportaron enormes dificultades. Quienes emigraron enfrentaron pérdidas, incertidumbres y el esfuerzo de comenzar nuevamente.
Ninguno de esos recorridos otorga superioridad moral sobre el otro.
Venezuela necesita reconocer la dignidad de ambas experiencias y convertirlas en capacidades complementarias.
Las comunidades que resistieron conocen sus necesidades, sus posibilidades productivas y sus problemas cotidianos. Los emigrantes pueden aportar experiencias internacionales, redes profesionales y nuevas prácticas empresariales.
El encuentro debe producirse sobre la igualdad ante la ley, no mediante privilegios políticos o económicos.
La educación cívica tiene aquí una función esencial: formar generaciones capaces de fiscalizar a sus autoridades, respetar las diferencias y comprender que el patrimonio público pertenece a todos.
La reconstrucción debe hacerse con la ciudadanía, no únicamente para la ciudadanía.
La confianza no se anuncia: se demuestra
Las élites políticas pueden pactar calendarios, los gobiernos pueden restablecer relaciones internacionales y los inversionistas pueden explorar oportunidades de negocio.
Todo ello puede contribuir a la recuperación venezolana.
Pero ninguna de esas decisiones reemplaza la experiencia cotidiana de un ciudadano que necesita seguridad, servicios, empleo y protección jurídica.
La legitimidad del nuevo Tribunal Supremo de Justicia dependerá de su independencia real. La credibilidad del futuro Consejo Nacional Electoral dependerá de garantías verificables. La reforma eléctrica será juzgada por la continuidad del suministro y por su accesibilidad económica.
Y la política hacia la diáspora será evaluada por algo mucho más sencillo: si los venezolanos pueden regresar cuando lo deseen, sin sacrificar la libertad ni la estabilidad que conquistaron fuera.
La auditoría pública debe acompañar cada reforma, cada concesión y cada inversión destinada a reconstruir el país.
Porque la confianza no es una obligación que el poder pueda exigir. Es una consecuencia de sus actos.
El Nuevo Ideal Nacional tiene ante sí una tarea generacional: construir un país donde los jóvenes no tengan que emigrar para desarrollar sus capacidades y donde quienes ya emigraron puedan regresar sin miedo, sin imposiciones y sin renunciar a su dignidad.
El regreso no comenzará cuando un gobierno anuncie que Venezuela está lista. Comenzará cuando una familia compruebe que puede vivir allí con libertad, trabajar con dignidad y planificar su futuro.
La patria no recuperará a sus hijos con promesas. Los recuperará cuando vuelva a merecer su confianza.
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