Vierne5 / El prestigioso diario norteamericano The New York Times abrió con una sentencia su análisis de este fin de semana: “Es poco probable que Maduro ceda el poder”.
Y explican por qué: “Luego de que funcionarios venezolanos rescindieran una invitación a la Unión Europea para observar las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, se produce otra clara señal de que es poco probable que Nicolás Maduro ceda el poder, a pesar de permitir que un candidato de la oposición se haya presentado contra él.
Y anota que “tras meses de intensificación de la represión por parte del gobierno de Maduro —que prohibió a aspirantes legítimos presentarse a las urnas, encarceló a opositores políticos y reprimió a la sociedad civil—, la autoridad electoral del país sorprendió a muchos cuando permitió al ex diplomático Edmundo González inscribirse como candidato de la oposición”.
El gobierno venezolano se ha visto asfixiado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a la vital industria petrolera del país, y algunos expertos afirman que Maduro permitió que González se presentara solo porque podría ayudarle a convencer a Washington y a sus aliados de que las cosas habían cambiado, “para que suavizaran las sanciones”.
Entonces, como no obtuvieron resultados, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, dijo en una emisión televisada que estaba rescindiendo la invitación a la Unión Europea, “hasta que esa entidad levantara las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas impuestas a nuestro pueblo”.
“Sería inmoral permitir su participación )a la UE), conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela”, agregó el funcionario afecto al régimen.
La Unión Europea reaccionó y dijo en un comunicado que “lamenta profundamente la decisión unilateral” del consejo electoral y pidió al gobierno que reconsidere su decisión, pero no obtuvo respuesta.
La economía de Venezuela implosionó hace casi una década, provocando uno de los mayores desplazamientos del mundo en la historia de América Latina: más de siete millones de venezolanos han abandonado el país, contribuyendo a una oleada migratoria hacia el norte que se ha convertido en un tema dominante en la campaña presidencial de Estados Unidos, citó el diario, que apeló a datos: Tres encuestas realizadas en el interior del país mostraron que la mayoría de los consultados pensaba votar por González, “pero hay dudas generalizadas de que Maduro permita que se hagan públicos esos resultados, o que los acepte si se hacen públicos”.
Este año, el gobierno de Maduro ya ha detenido y encarcelado a 10 miembros de la oposición. Otros cinco tienen órdenes de arresto y están escondidos en la Embajada de Argentina en Caracas.
Una propuesta en la legislatura también permitiría al gobierno suspender la campaña de la oposición en cualquier momento. Muchos venezolanos que viven en el extranjero no han podido registrarse para votar debido a los costosos y engorrosos requisitos que les piden.
Maduro, de 61 años, es el heredero político del movimiento socialista de Hugo Chávez en Venezuela, y ha consolidado el poder desde que ganó el cargo por primera vez en 2013.
Maduro controla funcionalmente el poder legislativo -dice el diario-, el ejército, la policía, el sistema judicial, el consejo electoral, el presupuesto del país y gran parte de los medios de comunicación, así como las violentas bandas paramilitares llamadas colectivos.
Él y su círculo íntimo también han sido acusados de abusos sistemáticos contra los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, incluidos homicidios, tortura y violencia sexual, puntualizó el rotativo.
En los últimos días los gobiernos de diversos países se han distanciado de la posibilidad de enviar misiones de observación electoral a Venezuela, dejando en evidencia la ya profunda desconfianza que se tiene sobre el comportamiento del régimen ahora, ya cercana la fecha de los comicios.
En su gran mayoría estos gobiernos se han excusado con el argumento de la “falta de tiempo”, para no avalar con su presencia el aparataje de legitimidad con el que la administración de Maduro quiere vestir el proceso.
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