El derecho a volver sin volver al colapso
Vierne5. / Editorial.
Volver a Venezuela exige vivienda segura, electricidad, empleo, servicios y Estado de derecho. El retorno no puede ser otra emergencia.
Retorno de la diáspora venezolana; regreso seguro a Venezuela; reconstrucción y retorno; reinserción productiva de venezolanos
Volver a Venezuela debe ser un derecho, nunca una nueva condena. No basta con invitar a la diáspora a regresar, apelar a la nostalgia o presentar la recuperación económica como prueba suficiente de que el país vuelve a estar preparado para recibir a quienes se fueron. El verdadero retorno comienza cuando una familia puede llegar y encontrar una vivienda segura, electricidad razonablemente estable, escuelas abiertas, hospitales capaces de responder, empleo formal y un Estado de derecho que proteja lo que esa familia decida reconstruir.
Ese es el principio que Venezuela necesita asumir: nadie debería tener que escoger entre el exilio y el colapso. Si el país quiere recuperar el enorme capital humano disperso durante años, tendrá que ofrecer algo mucho más serio que una convocatoria emocional. Necesita condiciones materiales, jurídicas y económicas que permitan volver para producir, invertir, trabajar y vivir.
ACNUR realizó en marzo de 2026 una evaluación específica sobre las intenciones de retorno de venezolanos residentes en varios países de las Américas. El estudio parte precisamente de una realidad elemental: las decisiones de regresar dependen de condiciones estructurales, riesgos percibidos, posibilidades económicas y necesidades de apoyo. El retorno sostenible no ocurre porque un gobierno lo anuncie. Ocurre cuando las razones que obligaron a marcharse dejan de imponerse sobre las razones para volver.
El país al que se vuelve sigue materialmente herido
La primera obligación es mirar el territorio sin propaganda. El último balance oficial ampliamente documentado mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos del 24 de junio. A finales de agosto se habían retirado 600.790 toneladas de escombros, pero el Gobierno reconocía que miles de personas continuaban dependiendo de alojamientos temporales y que solo se habían entregado 335 viviendas nuevas, además de recuperar otras 1.001.
El mismo balance registró 60.785 viviendas inspeccionadas. De ellas, 11.001 presentaban daños de alto riesgo. Otras 14.239 tenían restricciones. Esa es la realidad urbana sobre la que tendría que asentarse cualquier política seria de retorno.
También debe mantenerse disciplina con el dato de los desaparecidos. Iniciativas ciudadanas llegaron a reportar más de 29.000 personas en paradero desconocido después de la catástrofe, mientras organizaciones como Provea denunciaron la ausencia de un registro oficial actualizado. Esa cifra ciudadana no puede transformarse editorialmente en un cómputo forense confirmado. Precisamente porque el vacío oficial resulta grave, el deber periodístico es exigir el registro sin sustituirlo por una certeza que todavía no existe.
Volver exige verdad. También sobre los números.
No se retorna a una bandera: se retorna a una ciudad que funciona
La infraestructura es una condición de ciudadanía. Quien piensa regresar desde Madrid, Miami, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Lima, Toronto o cualquier otra ciudad no evalúa solamente afectos familiares. Evalúa colegios, electricidad, conectividad, vivienda, transporte, seguridad, oportunidades profesionales y servicios médicos.
El sistema eléctrico resume esa dificultad. A finales de septiembre, Reuters documentó que apenas alrededor del 40 % de los 32.800 megavatios de capacidad instalada se encontraba operativo y que el país soportaba un déficit superior a 1.500 megavatios, con cortes frecuentes en numerosas regiones.
Una empresa no puede planificar una planta productiva bajo interrupciones permanentes. Un profesional que trabaja de manera remota necesita conectividad y energía. Una familia que retorna con niños necesita escuelas que funcionen. Una persona mayor necesita hospitales con electricidad continua.
El retorno no puede organizarse como una operación migratoria desconectada de la reconstrucción urbana.
Debe convertirse en una política transversal de infraestructura.
La diáspora no debe regresar como población asistida
La ayuda humanitaria ha sido esencial después de los terremotos. El Programa Mundial de Alimentos había alcanzado a 308.000 personas con asistencia alimentaria para la segunda mitad de septiembre y proyectaba atender hasta 500.000 personas durante los primeros tres meses de la respuesta.
Eso describe la magnitud de la necesidad, pero también señala el límite que debe tener toda emergencia: la asistencia no puede convertirse en modelo económico permanente.
Sería una contradicción llamar a los venezolanos del exterior para que regresen y terminar incorporándolos a un sistema cuya principal oferta sea el subsidio.
La diáspora representa experiencia profesional, conocimiento técnico, emprendimiento, redes comerciales, capital, oficios, idiomas, formación universitaria y capacidad productiva. La política de retorno debería diseñarse para activar esas capacidades.
Un programa serio de reinserción podría incluir:
- seguridad jurídica para inversiones y propiedades;
- ventanillas rápidas para apertura y formalización de empresas;
- reconocimiento simplificado de títulos y certificaciones profesionales obtenidas en el exterior;
- incentivos temporales para empresas que contraten retornados y trabajadores locales;
- crédito productivo para agricultura, industria, tecnología y servicios;
- programas de empleo vinculados con reconstrucción, infraestructura y vivienda;
- mecanismos transparentes para importar herramientas y bienes de capital;
- y reglas fiscales estables que permitan planificar más allá de una coyuntura política.
La reinserción debe ofrecer futuro, no dependencia.
La economía está mejorando, pero eso todavía no equivale a normalidad
La presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó esta semana que la economía podría crecer alrededor de 6,5 % en el tercer trimestre y señaló que la producción petrolera se acerca a 1,25 millones de barriles diarios. También anunció expectativas de obtener alrededor de 12.000 millones de dólares en financiamiento público y privado durante los próximos dos años.
Esos datos son relevantes. También lo es el regreso progresivo de compañías internacionales interesadas en petróleo y gas.
Pero los propios inversionistas están señalando qué falta. Esta semana, una alta ejecutiva de ConocoPhillips recordó que recuperar inversiones de largo plazo requiere estabilidad real, reglas fiscales razonables y un sistema jurídico duradero.
Ese diagnóstico vale todavía más para la diáspora.
El venezolano que regresa con sus ahorros está tomando una decisión de inversión tan importante como la de cualquier compañía extranjera. Compra vivienda. Monta un negocio. Traslada a sus hijos. Cambia empleo. Arriesga patrimonio.
No debería exigírsele más fe de la que exigiría una multinacional.
El periodismo independiente también debe vigilar el relato del retorno. Volver puede ser una esperanza legítima, pero convertirlo en propaganda antes de que existan condiciones materiales suficientes sería irresponsable. La tarea es medir la distancia entre los anuncios de recuperación y la vida cotidiana que encontrará quien decida regresar.
El nuevo Estado de derecho será examinado por quien regrese
La reconstrucción institucional avanza en paralelo. Marco Rubio se reunió esta semana con Dinorah Figuera y reiteró que Estados Unidos no busca solamente elecciones, sino instituciones capaces de sostener una democracia gobernable. Una nueva ronda de conversaciones está prevista para el 14 de octubre, sin que exista todavía una fecha nacional definitiva para los comicios.
Ese debate importa directamente para el retorno.
Quien vuelve necesita saber que un contrato será respetado. Que una propiedad no puede ser ocupada arbitrariamente. Que un tribunal puede resolver una disputa comercial. Que la policía responde a normas. Que una inversión no depende de relaciones políticas. Que un funcionario puede ser denunciado.
Por eso la renovación del Tribunal Supremo no puede reducirse a cambiar nombres. Debe producir seguridad jurídica demostrable.
Una justicia independiente no es solamente una demanda democrática. Es infraestructura económica.
Los derechos civiles también forman parte del equipaje de regreso
Venezuela continúa además enfrentando cuestionamientos sobre detenciones por motivos políticos. El balance más reciente de Foro Penal disponible al 5 de octubre registra 322 personas que la organización clasifica como presos políticos: 308 hombres y 14 mujeres, entre ellos 182 civiles y 140 militares.
Esa cifra debe atribuirse a Foro Penal y no presentarse como una clasificación oficial aceptada por todas las partes.
Pero su existencia es relevante para cualquier discusión sobre retorno. La seguridad personal no puede reducirse a delincuencia común o estabilidad habitacional. Incluye libertades civiles, garantías judiciales, derecho a expresarse y certeza de que el desacuerdo político no se convierte en un riesgo personal.
Una política de retorno creíble tiene que poder responder también esa pregunta.
El petróleo puede financiar infraestructura; no puede comprar confianza
El nuevo escenario energético ofrece recursos potencialmente decisivos. Estados Unidos ha incrementado su participación en los flujos petroleros venezolanos y el Gobierno busca atraer nuevas inversiones. Empresas internacionales han comenzado a firmar acuerdos para ampliar infraestructura de gas y petróleo.
Ese movimiento puede ayudar a financiar la recuperación.
Pero conviene mantener una distinción fundamental: no existe evidencia pública suficiente para afirmar que todos los ingresos petroleros o los créditos multilaterales constituyan una sola caja manejada desde Washington ni que los financiamientos del Banco Mundial sean operados por el Comando Sur estadounidense.
La exigencia responsable es otra: trazabilidad.
Si una parte del ingreso extraordinario termina financiando electricidad, agua, escuelas, hospitales o vivienda, el país debe saber cuánto, dónde y mediante qué mecanismo.
El Banco Mundial estimó los daños físicos directos de los terremotos en 19.600 millones de dólares. Frente a una reconstrucción de esa escala, cada fuente financiera necesita identidad propia.
El dinero ayuda a reconstruir infraestructura. La transparencia reconstruye confianza.
Volver también significa poder quedarse
Un retorno sostenible no puede medirse únicamente por cuántas personas aterrizan en Maiquetía. Debe medirse por cuántas continúan en Venezuela dos, cinco o diez años después.
Ese indicador cambia completamente la política pública.
Obliga a pensar en empleo, vivienda, educación, seguridad jurídica, jubilaciones, salud y oportunidades para los hijos. Obliga también a aceptar que algunos venezolanos retornarán gradualmente: primero invertirán, después pasarán temporadas más largas y solamente entonces decidirán trasladar definitivamente a sus familias.
El Estado debería facilitar esas trayectorias en lugar de exigir una decisión binaria entre emigrar y regresar.
La movilidad contemporánea permite vivir entre países, mantener empresas internacionales y trasladar conocimiento sin romper inmediatamente todos los vínculos con el lugar de residencia anterior.
Una Venezuela inteligente debería aprovechar esa flexibilidad.
El derecho a volver incluye el derecho a no ser engañado
Donald Trump afirmó en julio que Venezuela todavía no estaba preparada para celebrar elecciones, aunque reconoció avances bajo la administración de Delcy Rodríguez. Desde entonces, Washington ha mantenido su presión por instituciones estables y elecciones libres, mientras el proceso negociador continúa.
La misma lógica debe aplicarse al retorno.
Decir que el país todavía necesita condiciones no equivale a condenarlo permanentemente. Equivale a reconocer que una transición seria se construye con indicadores concretos.
El Gobierno puede promover el regreso. La oposición puede celebrarlo. Los empresarios pueden necesitar talento. Las familias pueden desear reunificarse.
Pero nadie debería vender la idea de normalidad antes de que esa normalidad exista.
El venezolano que regrese tiene derecho a saber qué encontrará.
Una vivienda segura o una estructura restringida.
Electricidad estable o cortes cotidianos.
Un hospital operativo o un servicio saturado.
Una empresa que puede desarrollarse o una administración imprevisible.
Un tribunal independiente o una institución sometida a cuotas políticas.
Esa información también forma parte del derecho al retorno.
La República necesita recuperar a su gente, pero primero debe merecer su regreso
Venezuela no puede resignarse a que millones de ciudadanos hayan desarrollado sus carreras, empresas, familias y capacidades permanentemente fuera del país. Parte de ese conocimiento será indispensable para reconstruir universidades, hospitales, empresas, campos, ciudades e instituciones.
Pero el retorno no puede concebirse como una obligación patriótica que el ciudadano debe cumplir mientras el Estado pospone sus propias obligaciones.
El pacto tiene que funcionar en ambas direcciones.
La diáspora puede aportar experiencia, capital y trabajo.
El país debe aportar seguridad, reglas, servicios y futuro.
Ese es el verdadero derecho a volver: regresar sin ser obligado a volver también al apagón, al techo inseguro, a la dependencia, a la arbitrariedad y a la incertidumbre que alguna vez empujaron a tantos a marcharse.
Venezuela necesitará a su diáspora. Pero antes tendrá que demostrar que puede recibirla con algo más sólido que un discurso.
Reconstruir el suelo es también reconstruir el camino de regreso.
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Victor Julio Escalona
Editor.
