Ortega expulsa a 26 abogados por defender a quienes le adversan
Vierne5 / Por primera vez en la historia de Nicaragua, un gobierno inhabilita de forma masiva a 26 profesionales mediante la suspensión “de por vida” de los títulos que les permitían ejercer su oficio, todos ellos abogados.
Primero fueron los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua y despojados de su nacionalidad. Luego los 94 opositores, en su mayoría exiliados, que también perdieron su ciudadanía y fueron expropiados de sus bienes. Dos meses después, el gobierno de Daniel Ortega arremete contra los abogados, en especial aquellos que han defendido a reos de conciencia o han denunciado las violaciones a los derechos humanos en los últimos cinco años.
El pasado 11 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua anuló de manera «definitiva” los títulos de 25 abogados críticos del régimen. De ellos, 15 iban en el avión que los llevó desterrados a Estados Unidos y 10 estaban en el grupo de «apátridas” expropiados.
En su resolución, la CSJ argumentó que las personas suspendidas «de por vida” como abogados y notarios «no pueden ostentar el título ni ejercer esa profesión en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”, que el gobierno mismo les arrebató hace tres meses por considerarlos «traidores a la patria”.
En el grupo destacan dos mujeres, una de ellas es la jurista Vilma Núñez, de 84 años y considerada un símbolo de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, a quien Ortega ordenó borrarla del Registro Civil de las personas, quitarle su pensión de vejez y confiscarle su casa.
La otra es Yonarqui Martínez, conocida como «la abogada de los presos políticos” y que, a diferencia de sus 25 colegas, no ha sido desterrada ni despojada de su nacionalidad nicaragüense. La CSJ no explicó el motivo de la sanción contra ella, pero le dio 24 horas para devolver su protocolo y sus sellos profesionales.
«No hay explicación alguna, no se me permitió la defensa y no se me permitió revisar los archivos. Es más, ni siquiera me notificaron, por lo tanto yo no me doy por enterada”, dijo la jurista en una conversación que sostuvo con la agencia alemana de noticias DW.
La abogada de 39 años, que asegura haber defendido a más de 500 presos políticos desde 2018, decidió rebelarse contra una decisión que considera «ilegal e inválida”. Por lo tanto, dice, no se presentará a entregar sus protocolos a la Corte. «No voy a ser partícipe de una ilegalidad. Además, ellos llevan años persiguiéndome, sé que si me presento caeré presa”, señaló.
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