Vierne5 / Este 23 de noviembre, el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, asumirá las riendas de la primera magistratura de su país, rodeado de interrogantes, retos y problemas abiertamente difíciles de resolver.
Noboa asume formalmente la presidencia de Ecuador, un cargo con el que deberá hacer frente a la escalada de violencia sin precedentes en el país, agravada durante el mandato de su predecesor, Guillermo Lasso, y a dificultades económicas mayúsculas, especialmente tras el cierre de la actividad petrolera del bloque ITT, en el Parque Nacional Yasuní.
La presidencia, no obstante, será de tan solo año y medio, pero está marcada bajo presión por la necesidad de llegar a acuerdos para lograr una mínima gobernabilidad que, con la fuerte presencia del «correísmo» en la Asamblea, limitan las posibilidades de que se produzca un cambio real y a tiempo, según los expertos.
«Daniel Noboa necesita entregar cosas concretas y rápidas», dice a a la agencia alemana de noticias DW, Pablo Medina, coordinador de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco, de Quito. «Si quiere reelegirse en el 2025 teniendo dieciséis meses de gobierno, necesita bajar la percepción de inseguridad y que haya una sensación de recuperación económica», sostiene el experto.
El asesinato de Fernando Villavicencio, el pasado 10 de agosto, aspirante presidencial, mientras se encontraba en un mitín de campaña en Quito, puso sobre la mesa los altos índices de violencia que sufre el país andino. Según el portal InSight Crime, a lo largo de 2022, Ecuador registró 4 mil 603 asesinatos, con una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100 mil habitantes, la cuarta tasa más alta de toda Latinoamérica. Unas cifras que, según los expertos, forman parte de elementos estructurales relacionados con la infiltración del narcotráfico en instituciones y la violencia que se deriva de ello.
En Ecuador, además, varía en función de la provincia, siendo las zonas costeras más inseguras que las que carecen de puertos.
«La situación de violencia y de inseguridad del país sin duda va a marcar la agenda del presidente, tal y como ha marcado la agenda de las elecciones y el final de la presidencia de Lasso», comentó Medina a DW, a lo que añade que «lograr trabajar a esos distintos niveles que exige cada una de las delincuencias va a ser un desafío».
Además del frágil escenario de inseguridad, esto se combina con un panorama económico que no ha vuelto al nivel previo a la pandemia de COVID-19, con una deuda pública del 62 por ciento del PIB y con el 60 por ciento de la población activa desarrollando un empleo inadecuado, la mayoría, en la informalidad, según destaca a DW Ximena Zapata, investigadora del Instituto para Estudios Latinoamericanos (GIGA), en Alemania.
Uno de los mayores golpes a las arcas del Estado fue, el pasado mes de agosto, la decisión de la población ecuatoriana, en un referéndum, de abandonar la explotación de las reservas de petróleo del Parque Nacional Yasuní, en la zona nororiental del país, para salvarlo de una catástrofe ambiental, una decisión que priva al futuro gobierno de una fuente de ingresos de entre 1.500 a 2.000 millones de dólares estadounidenses, según Gonzalo Ordóñez, investigador del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar.
«No es solo dejar el petróleo bajo tierra, sino que el Estado necesita recursos para mantener a la naturaleza», alertó Ordóñez en la entrevista con DW.
En este contexto, también se suma el otro gran aspecto: «La crisis energética por la disminución de la producción de electricidad, que ha llevado a que los ecuatorianos tengan cortes de luz de hasta cuatro horas al día», subraya Zapata.
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