Maduro firma el decreto de Conmoción Exterior para confiscar lo poco que le quedaba en derechos a los ciudadanos en Venezuela
Vierne5 / En plena tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el gobierno de Venezuela informó este lunes que “suscribió” un decreto de conmoción externa frente a las “peligrosas amenazas” de Estados Unidos.
El documento aún no ha sido publicado por lo que se desconoce su contenido. Sin embargo, la Constitución prevé que, ante los estados de excepción, un decreto le garantizaría al mandatario un poder político, económico y social casi total sobre el país.
La encargada de hacer el anuncio fue la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien afirmó ante una sesión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, realizada en Caracas, que este estado de excepción se activaría en caso de una agresión de las fuerzas estadounidenses.
Es la primera vez que se invoca esta figura desde la aprobación de la Constitución vigente en 1999.
El Estado de Conmoción Exterior es uno de los cuatro estados de excepción contemplados en la Constitución venezolana, junto con los de alarma (por una catástrofe, como un terremoto), de emergencia económica (actualmente vigente) y de conmoción interna.
La Carta Magna indica que puede ser decretado en caso de un conflicto que “ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y,o de sus instituciones”.
“Un decreto de Estado de Conmoción Exterior como éste implica la restricción de garantías constitucionales”, explicó a la cadena de noticias CNN Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.
“La ley de estados de excepción le da al presidente las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico, social”, enfatizó el abogado, aunque recordó que hay excepciones.
La Carta Magna aclara que se mantienen las garantías “referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.
El decreto emanado del Ejecutivo debe pasar, para hacerse efectivo, por la Asamblea Nacional y por el Tribunal Supremo de Justicia, pero eso no es un problema porque esas instituciones son abiertamente apéndices del gobierno.
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