La democracia empieza en el barrio
Vierne5. / Editorial.
La transición será democrática cuando vecinos, trabajadores y comunidades puedan auditar instituciones, recursos y servicios públicos.

Democracia barrial; auditoría vecinal; participación ciudadana; control ciudadano del poder
La democracia no empieza en el Palacio de Miraflores, en una mesa de negociación ni en una oficina diplomática de Washington. Empieza mucho antes y mucho más abajo: en el barrio donde un vecino exige conocer cuánto costó una obra, en la escuela donde los padres preguntan por qué no funciona el agua, en el hospital donde los trabajadores reclaman un salario digno y en el municipio donde una comunidad decide que ya no aceptará que lo público se administre como propiedad privada del poder. La transición venezolana solo será verdaderamente democrática cuando el ciudadano deje de ser espectador y se convierta en contralor cotidiano de la República.
Ese principio resulta especialmente importante ahora, cuando la política vuelve a concentrarse en negociaciones entre élites, renovación de magistrados, preparación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y acuerdos económicos capaces de movilizar miles de millones de dólares.
Todo eso es necesario.
Pero nada de eso puede secuestrar la soberanía ciudadana.
La cuarta ronda demuestra que la democracia no puede quedarse en una habitación
La cuarta ronda de diálogo entre representantes del chavismo y de la Asamblea Nacional de 2015 comenzó el 13 de noviembre en Caracas a puerta cerrada. La agenda incluye garantías políticas, reformas legales, la consolidación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia y la incorporación del futuro Consejo Nacional Electoral.
El diálogo es preferible al enfrentamiento permanente.
Pero una negociación entre dirigentes no sustituye una democracia.
La democracia comienza cuando los acuerdos dejan de depender exclusivamente de la palabra de quienes negocian y se convierten en normas públicas, procedimientos verificables y derechos exigibles.
La renovación del TSJ será una primera prueba.
El plazo para recibir postulaciones fue extendido hasta el 18 de noviembre y la designación de los nuevos magistrados continúa prevista para diciembre.
La ciudadanía no debería limitarse a conocer el resultado final.
Debe conocer el proceso.
- quiénes se postulan;
- qué méritos poseen;
- qué puntuación reciben;
- qué conflictos de interés declaran;
- qué impugnaciones enfrentan;
- y qué razones justifican su selección.
Un tribunal independiente no nace porque Gobierno y oposición consigan ponerse de acuerdo.
Nace cuando ningún partido puede apropiarse de él.
La democracia barrial empieza siguiendo el dinero
La reconstrucción económica venezolana moverá cantidades extraordinarias de recursos. Por eso la vigilancia ciudadana ya no puede ser una aspiración moral. Debe convertirse en infraestructura pública.
El informe divulgado esta semana por el Departamento de Estado estadounidense sobre fondos venezolanos administrados bajo un mecanismo de custodia reveló movimientos por más de 12.260 millones de dólares entre enero y septiembre.
La publicación del informe es positiva.
Pero también demuestra la magnitud del desafío.
Cuando miles de millones de dólares circulan a través de estructuras internacionales, bancos, compradores de recursos naturales y mecanismos cambiarios, el ciudadano necesita algo más que confianza.
Necesita trazabilidad.
La misma exigencia debe aplicarse a la deuda pública venezolana, que Transparencia Venezuela estima en más de 170.000 millones de dólares y cuya reestructuración debería comenzar, según esa organización, con una auditoría integral.
La democracia barrial puede parecer pequeña frente a esas cifras.
No lo es.
Porque cada gran flujo termina llegando a algún territorio.
A una escuela.
A una carretera.
A una vivienda.
A una tarifa eléctrica.
A un hospital.
Y allí es donde el vecino debe poder preguntar qué ocurrió con el dinero.
Auditar una vivienda también es ejercer soberanía
La contraloría ciudadana debe comenzar por lo concreto.
Cada obra pública debería tener una ficha digital accesible que indique su presupuesto, fuente de financiamiento, contratista, responsable técnico, fecha de inicio, modificaciones, porcentaje de ejecución y certificación final.
No se necesita crear otra burocracia para lograrlo.
Se necesita voluntad para abrir la información.
Una comunidad debería poder fotografiar una obra retrasada, comparar el avance con el cronograma oficial y exigir una respuesta.
Una asociación de padres debería poder consultar cuánto dinero recibió su escuela.
Un consejo vecinal debería conocer qué empresa rehabilitó una vivienda y quién certificó su seguridad.
La democracia barrial no significa reemplazar al Estado por asambleas. Significa conseguir que ningún nivel del Estado pueda esconderse de la comunidad a la que debe servir.
La protesta laboral de hoy también es democracia
Este lunes, gremios de educación, universidades y salud convocaron un paro nacional de 12 horas para exigir salarios dignos, mejores aguinaldos, respeto a las convenciones colectivas y una revisión de la política de bonificaciones.
La protesta merece ser leída más allá de la disputa salarial.
Es una expresión de organización social autónoma.
Maestros, profesores, enfermeras, trabajadores administrativos, obreros, jubilados y pensionados están utilizando una herramienta gremial para reclamar derechos concretos.
Eso también es democracia.
No porque toda reivindicación sindical deba ser aceptada automáticamente por el Gobierno.
Sino porque una sociedad democrática necesita trabajadores capaces de organizarse, negociar y protestar sin pedir autorización política.
La Venezuela futura no puede continuar descansando sobre salarios que obliguen a profesionales formados durante décadas a vivir del rebusque, de varios empleos o de bonos discrecionales.
La formalización económica comienza devolviendo valor al trabajo.
El asistencialismo no puede sustituir ciudadanía
Durante años, millones de venezolanos aprendieron a sobrevivir mediante bonos, remesas, pequeños trabajos informales y redes familiares.
Esa capacidad de adaptación evitó tragedias mayores.
Pero una política pública no puede convertir la supervivencia en modelo económico.
La reconstrucción debe producir empleo formal.
Electricistas.
Técnicos.
Albañiles.
Ingenieros.
Operadores de maquinaria.
Trabajadores sanitarios.
Docentes.
Productores agrícolas.
Pequeñas empresas capaces de crecer.
El subsidio puede ser necesario cuando una familia no tiene otra alternativa.
La política democrática debe buscar que deje de necesitarlo.
La autonomía económica también protege la libertad política.
El país que sigue en campamentos tampoco puede quedar fuera del debate
La reconstrucción continúa siendo una emergencia material.
El reporte de situación de la Organización Internacional para las Migraciones correspondiente a octubre mantiene como último balance oficial disponible 6.509 fallecidos por los terremotos del 24 de junio.
También señala que, al cierre de octubre, 23.901 personas permanecían alojadas en 107 campamentos transitorios, mientras se habían entregado 1.153 nuevos hogares a afectados por la catástrofe.
Estas cifras resumen el desafío.
Hay avances.
Y todavía existe una emergencia enorme.
Ambas realidades deben ser públicas al mismo tiempo.
El ciudadano tiene derecho a conocer cuántos campamentos cierran, cuántas familias son reubicadas, qué viviendas reciben y cuánto cuesta cada solución.
La reconstrucción no puede medirse únicamente mediante anuncios.
Debe poder auditarse territorio por territorio.
La justicia también empieza en la calle
La discusión sobre el nuevo TSJ no tendrá sentido si el ciudadano sigue encontrando arbitrariedad en el nivel más cotidiano del Estado.
Foro Penal registra 321 personas que clasifica como presos políticos con corte al 9 de noviembre.
Las revisiones de expedientes y las excarcelaciones producidas durante este año representan cambios relevantes.
Pero las contradicciones permanecen.
Militares recluidos en Ramo Verde iniciaron una huelga de hambre denunciando retardos procesales y afirmando, en varios casos, haber cumplido ya sus condenas.
El caso exige una respuesta judicial inmediata.
Nadie debería necesitar dejar de comer para conseguir que el Estado determine si legalmente debe permanecer preso.
Perkins Rocha demuestra que una orden judicial debe valer más que una orden verbal
La situación del abogado Perkins Rocha ofrece otro ejemplo.
Su esposa y su organización política denunciaron que funcionarios policiales restringieron visitas a su residencia, donde cumple arresto domiciliario. Posteriormente, su defensa aseguró que el tribunal de la causa confirmó que no existía una orden judicial que prohibiera esas visitas.
El problema trasciende a Rocha.
Si un funcionario puede imponer una restricción que el juez no ordenó, la informalidad ha entrado en el sistema penal.
La democracia barrial exige exactamente lo contrario: que la autoridad policial cumpla la decisión judicial y no invente una adicional.
El Estado de derecho se demuestra cuando la orden escrita vale más que la instrucción informal.
También las sentencias cuestionadas deben poder revisarse
La Corte de Apelaciones de Carabobo ratificó recientemente la condena de 30 años contra Juan Carlos Caguaripano y otros procesados por el caso Paramacay. Sus abogados han cuestionado el procedimiento y han señalado que todavía buscaban acceso completo a la decisión.
No corresponde a un editorial sustituir al tribunal.
Sí corresponde exigir que las impugnaciones sean examinadas con independencia y que cada acusado disponga de defensa efectiva, acceso al expediente y revisión judicial.
El nuevo TSJ será juzgado precisamente por su capacidad para revisar casos difíciles sin obedecer al clima político.
La justicia independiente no existe únicamente para proteger al inocente evidente.
Existe para garantizar derechos incluso en los procesos más controvertidos.
Las alcabalas también deben entrar en la transición
La democracia que comienza en el barrio también debe alcanzar la carretera.
Durante años, transportistas, comerciantes y ciudadanos han denunciado cobros irregulares y extorsiones en determinados puntos de control policiales y militares.
No toda alcabala es corrupta.
Pero toda denuncia debe poder investigarse.
El país necesita canales rápidos para reportar abusos, identificar al funcionario actuante y obtener una respuesta.
El monopolio legítimo de la fuerza solo es democrático cuando está sometido a controles.
Washington puede acompañar; el barrio debe gobernar su propia ciudadanía
Estados Unidos ha impulsado una hoja de ruta que contempla la renovación del TSJ, la posterior reorganización del CNE y condiciones para futuras elecciones.
Marco Rubio ha mencionado además la necesidad de facilitar mecanismos que permitan votar a millones de venezolanos residentes en el exterior, incluidos servicios consulares que hoy no existen en Estados Unidos.
Son asuntos relevantes.
Pero la soberanía venezolana no puede terminar dependiendo de que Washington certifique cada etapa.
La comunidad internacional puede acompañar.
No puede sustituir al ciudadano.
El proceso tendrá legitimidad cuando el venezolano pueda comprobar por sí mismo que las instituciones funcionan.
La democracia empieza en el barrio porque allí termina la propaganda
En una oficina es posible anunciar una reforma.
En el barrio se descubre si funciona.
En Caracas puede anunciarse una inversión eléctrica.
En una casa se sabe si llegó la luz.
En una conferencia puede anunciarse una reconstrucción.
En una escuela se comprueba si abrió.
En una negociación puede prometerse justicia.
En Ramo Verde se sabe si el expediente fue revisado.
En un presupuesto puede aparecer una vivienda.
En la comunidad se sabe si fue construida.
Por eso la democracia empieza en el barrio: porque el territorio es el lugar donde el discurso finalmente se enfrenta con los hechos.
La transición venezolana necesita políticos capaces de negociar.
Necesita capital.
Necesita jueces.
Necesita cooperación internacional.
Pero necesita sobre todo ciudadanos que no vuelvan a entregar el poder después de votar.
Vecinos que auditen.
Trabajadores que se organicen.
Padres que pregunten.
Periodistas que investiguen.
Universidades que contradigan.
Comunidades que conozcan sus presupuestos.
Y funcionarios que comprendan que administrar dinero público significa administrarlo bajo la mirada de quienes lo financian.
Si Venezuela consigue construir esa cultura, ningún acuerdo de élites podrá secuestrar completamente su futuro.
Porque habrá algo más fuerte que cualquier pacto a puerta cerrada.
Una ciudadanía acostumbrada a no pedir permiso para ejercer sus derechos.
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Vierne5. / Editorial.
Victor julio Escalona
Editor.

