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El país informal no puede ser el país final

Vierne5. / Editorial.

Venezuela necesita sustituir acuerdos precarios, opacidad y rebusque por instituciones, trabajo formal, justicia y rendición de cuentas.


Institucionalidad democrática en Venezuela; transición con reglas; formalización económica y política; Estado de derecho venezolano

Venezuela ha sobrevivido demasiado tiempo mediante soluciones provisionales. Se negocia donde deberían funcionar instituciones; se improvisa donde debería existir presupuesto; se recurre al rebusque donde debería haber empleo; se depende del favor donde debería existir un derecho; y se administra la justicia mediante excepciones allí donde debería gobernar una regla. Esa cultura de la informalidad puede ayudar a atravesar una crisis, pero no puede convertirse en el diseño definitivo de la República. El país informal no puede ser el país final.

La cuarta ronda de diálogo instalada el 13 de noviembre en Caracas vuelve a demostrar la contradicción. Gobierno y representantes de la Asamblea Nacional de 2015 negocian reformas institucionales, garantías políticas y la futura reorganización electoral. Es necesario dialogar. Lo que no resulta aceptable es que aquello que definirá el próximo sistema político continúe dependiendo exclusivamente de conversaciones a puerta cerrada.

Una transición democrática no puede descansar indefinidamente sobre arreglos personales entre quienes tienen acceso al salón. Tiene que transformarse en procedimientos públicos que sobrevivan a los negociadores.

El diálogo debe producir instituciones, no sustituirlas

La cuarta ronda comenzó sin declaración pública prevista y con asuntos centrales todavía abiertos: inhabilitaciones, partidos políticos, libertad de expresión, garantías políticas y la discusión sobre un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Paralelamente continúa la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. El Consejo de Revisión de Credenciales, integrado por siete juristas, trabaja como instancia técnica asesora junto al Comité de Postulaciones Judiciales. El plazo para presentar candidaturas fue extendido hasta el 18 de noviembre y la designación de los nuevos magistrados continúa prevista para el 11 de diciembre.

Ese proceso puede convertirse en una oportunidad histórica.

También puede convertirse en un reparto mejor presentado.

La diferencia dependerá de cuánto pueda conocer la ciudadanía.

Un nuevo TSJ necesita algo más que magistrados distintos. Necesita un método distinto.

  • criterios públicos de evaluación;
  • currículos verificables;
  • declaraciones de conflictos de interés;
  • impugnaciones transparentes;
  • publicidad de las puntuaciones;
  • y explicación razonada de cada selección.

El ciudadano no debe descubrir después quién fue escogido y aceptar que la negociación fue suficiente garantía.

La República formal comienza cuando las reglas pueden ser examinadas desde fuera de la sala.

Doce mil millones de dólares obligan a abandonar la cultura del secreto

La misma exigencia debe trasladarse al dinero.

Un informe divulgado por el Departamento de Estado estadounidense, elaborado con apoyo técnico de KPMG, permitió conocer esta semana uno de los mecanismos financieros más importantes de la nueva relación entre Venezuela y Estados Unidos.

Entre enero y septiembre, una cuenta de custodia controlada por Estados Unidos recibió más de 12.260 millones de dólares provenientes principalmente de operaciones autorizadas con recursos naturales venezolanos. De ese monto, aproximadamente 12.110 millones habían sido desembolsados y unos 168,56 millones permanecían bajo custodia al 30 de septiembre.

La publicación de esas cifras es positiva.

Pero también demuestra algo inquietante: el país no puede depender de filtraciones, investigaciones extranjeras o informes que aparecen meses después para conocer el movimiento de recursos que le pertenecen.

El nuevo estándar debe ser otro.

Cada dólar venezolano administrado dentro o fuera del territorio debe poder seguirse.

Quién lo produjo.

Dónde fue depositado.

Quién autorizó el desembolso.

A quién llegó.

Y qué resultado produjo.

La deuda tampoco puede renegociarse en la oscuridad

Transparencia Venezuela ha advertido que la deuda pública supera los 170.000 millones de dólares y reclama una auditoría antes de cualquier proceso de reestructuración.

La petición debería convertirse en principio de Estado.

Venezuela no puede comenzar una nueva etapa económica sin saber con precisión cuánto debe, a quién le debe y bajo qué condiciones contrajo esas obligaciones.

Una reestructuración opaca podría convertir una deuda heredada en una nueva fuente de privilegios.

La auditoría debe identificar acreedores, verificar obligaciones, revisar emisiones controvertidas y determinar responsabilidades cuando existan irregularidades demostrables.

No se trata de desconocer deudas legítimas.

Se trata de impedir que la urgencia financiera sea utilizada para convalidar cualquier obligación sin examen público.

La transición económica necesita una regla elemental: ninguna deuda, concesión, contrato, tarifa o ingreso petrolero debe ser demasiado complejo para que el ciudadano pueda saber quién responde por él.

La apertura económica no puede formalizar empresas y dejar informal al Estado

Venezuela vuelve a atraer la atención del capital internacional. Delegaciones vinculadas con la Corporación Financiera Internacional y Bank of America han evaluado oportunidades relacionadas con financiamiento empresarial y una eventual reestructuración de la deuda.

Al mismo tiempo, la reciente reforma de la legislación eléctrica permite participación privada en generación y concesiones de hasta 25 años, dentro de un nuevo esquema que contempla tarifas indexadas y subsidios para los usuarios que no puedan cubrir el precio pleno del servicio.

La apertura puede ayudar a recuperar infraestructura destruida por años de deterioro.

Pero el capital privado no reemplaza la institucionalidad.

La fortalece únicamente cuando opera bajo reglas claras.

Una concesión de 25 años necesita publicidad contractual.

Una tarifa indexada necesita metodología pública.

Un subsidio necesita criterios objetivos.

Una inversión necesita metas verificables.

Y un incumplimiento necesita consecuencias.

El país no puede pedir formalidad al empresario mientras conserva informalidad en la administración pública.

El país de los campamentos todavía existe

Casi cinco meses después de los terremotos del 24 de junio, la emergencia también obliga a abandonar relatos cómodos.

El último reporte de situación de la Organización Internacional para las Migraciones, correspondiente a octubre, mantiene como último balance oficial verificado 6.509 fallecidos. También recoge 60.785 edificaciones evaluadas, de las cuales 11.001 habían sido catalogadas como de alto riesgo.

La remoción acumulada de escombros seguía en 600.790 toneladas, equivalente al 28,61 % de la meta estimada utilizada por las autoridades en el balance disponible.

Pero hay un dato todavía más revelador.

Al cierre de octubre permanecían habilitados 107 campamentos transitorios con capacidad para 25.212 personas, y 23.901 continuaban alojadas.

Mientras tanto, el Gobierno reportaba 1.153 nuevos hogares entregados a afectados por los terremotos hasta el 31 de octubre.

Estos números muestran dos realidades simultáneas: existe avance y existe todavía una emergencia masiva.

Una República seria debe ser capaz de decir ambas cosas al mismo tiempo.

El rebusque no puede convertirse en política económica

La reconstrucción física no resolverá el problema venezolano si termina reproduciendo una economía de supervivencia.

Durante años, millones de ciudadanos aprendieron a vivir entre trabajos informales, remesas, bonos, pequeños intercambios y actividades sin protección laboral.

Eso permitió sobrevivir.

No constituye un modelo de desarrollo.

La nueva inversión privada, la recuperación petrolera y los recursos de reconstrucción deberían perseguir una transformación mucho más ambiciosa: convertir capital extraordinario en empleo formal.

Electricistas.

Soldadores.

Técnicos.

Albañiles.

Ingenieros.

Operadores agrícolas.

Trabajadores industriales.

Personal sanitario.

Maestros.

Emprendedores capaces de convertirse en empresas.

El país necesita empleos con salario, seguridad social, capacitación y posibilidad de progresar.

La asistencia debe proteger al ciudadano durante la emergencia.

El trabajo debe permitirle salir de ella.

La diáspora no regresará a un país sostenido por favores

Hablar del regreso de millones de venezolanos exige también abandonar el romanticismo.

La gente no vuelve solamente porque ama a su país.

Vuelve cuando puede imaginar una vida.

Eso requiere seguridad jurídica, vivienda, educación, salud, electricidad, trabajo y posibilidades empresariales.

Un profesional que construyó una carrera en Madrid, Miami, Santiago o Bogotá no regresará de manera sostenible para incorporarse a otra economía de improvisación.

La política de retorno empieza creando el país al que valga la pena regresar.

La justicia sigue siendo la contradicción más grave

La institucionalización económica avanza mientras el terreno judicial continúa mostrando señales contradictorias.

Foro Penal registra 321 personas que clasifica como presos políticos con corte al 9 de noviembre. En paralelo se han producido excarcelaciones y revisiones de expedientes amparadas en el proceso de amnistía.

Ese movimiento debe reconocerse.

Pero los hechos de esta semana demuestran que el problema está lejos de terminar.

Un grupo de militares recluidos en Ramo Verde inició una huelga de hambre alegando retardos procesales y cumplimiento de condenas. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó posteriormente que ocho de ellos presentaron descompensaciones y necesitaron atención médica.

Eso no puede considerarse un detalle marginal de la transición.

Cuando una persona sostiene que terminó su condena y debe dejar de comer para reclamar una respuesta, existe una falla institucional que requiere resolución inmediata.

El caso Caguaripano obliga a que la revisión judicial sea real

La Corte de Apelaciones de Carabobo ratificó esta semana la condena de 30 años contra el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott y otros procesados por el caso Paramacay. La defensa y Foro Penal han cuestionado aspectos del proceso y sostienen que existen vicios que deberían ser examinados.

Corresponde a los tribunales resolver esas impugnaciones conforme a derecho.

Pero precisamente por eso el nuevo TSJ tendrá un examen inmediato.

La renovación judicial será irrelevante si solo modifica los nombres en la parte superior del sistema y deja intactos procedimientos cuestionados durante años.

La justicia debe poder revisar incluso aquello que el viejo aparato considera cerrado.

Las garantías deben cumplirse también en la puerta de una casa

El abogado y dirigente opositor Perkins Rocha continúa sometido a medidas restrictivas tras su excarcelación. Esta semana defensores de derechos humanos denunciaron actuaciones policiales que habrían limitado visitas a su residencia.

Foro Penal sostiene que la Policía Nacional no tiene facultad para imponer restricciones distintas de las previstas expresamente en la orden judicial.

El punto institucional es elemental.

La libertad condicionada no puede convertirse en una pena inventada diariamente por el funcionario de guardia.

Las restricciones deben estar escritas.

Y el funcionario debe obedecerlas exactamente igual que el ciudadano.

La informalidad de las alcabalas también tiene que terminar

El Estado de derecho no se demuestra exclusivamente en el TSJ.

También se demuestra en una carretera.

Las denuncias sobre cobros irregulares y extorsión en puntos de control militares o policiales han acompañado durante años la experiencia cotidiana de transportistas, comerciantes y viajeros.

No corresponde asumir que todo puesto de control sea corrupto.

Sí corresponde garantizar mecanismos eficaces para denunciar, investigar y sancionar cada abuso.

Una alcabala no puede funcionar como una pequeña aduana informal en territorio nacional.

La formalización de Venezuela empieza precisamente en esos lugares donde el ciudadano se encuentra solo frente a la autoridad.

2027 tampoco puede convertirse en otro arreglo informal

Marco Rubio ha explicado públicamente una hoja de ruta que contempla la renovación del TSJ, la futura conformación de un nuevo CNE y posteriormente un proceso electoral.

También ha señalado la necesidad de garantizar mecanismos para el voto de los millones de venezolanos que viven en el exterior, incluidos servicios consulares que hoy no existen en Estados Unidos.

El objetivo de ampliar la participación es correcto.

Pero tampoco el calendario internacional debe convertirse en un cheque en blanco.

La elección no pertenece a Washington.

Tampoco pertenece al Gobierno encargado.

Ni a una delegación opositora.

Pertenece a los venezolanos.

La cooperación extranjera puede ayudar a crear condiciones.

No puede sustituir la soberanía del elector.

El país formal debe comenzar antes de las elecciones

El gran error sería pensar que Venezuela se convertirá en una República institucional el día en que celebre elecciones presidenciales competitivas.

Ese día será decisivo.

Pero llegará demasiado tarde si la formalización no empieza ahora.

Formalizar significa que un contrato puede consultarse.

Que una deuda puede auditarse; Que una tarifa puede explicarse; Que un juez debe justificar su decisión; Que un policía no puede inventar restricciones; Que un preso que cumplió su pena sale de prisión; Que una empresa sabe cuáles son las reglas; Que un trabajador posee derechos; Que una comunidad conoce su presupuesto.

Y que ninguna persona necesita una conexión política para recibir aquello que la ley ya le reconoce.

El país informal no puede ser el país final porque una democracia no puede vivir eternamente de excepciones.

La transición debe servir precisamente para cerrar esa época.

La época del acuerdo verbal.

Del contacto; Del favor; Del funcionario que interpreta la norma según quién pregunta; Del contrato que nadie conoce; Del ciudadano que depende del rebusque.

Y del poder que siempre encuentra una emergencia para justificar su discrecionalidad.

Venezuela necesita inversión, petróleo, crédito, diálogo y elecciones.

Pero necesita algo más importante que todos ellos.

Necesita reglas.

Reglas suficientemente claras para quienes gobiernan.

Suficientemente fuertes para quienes tienen dinero.

Suficientemente iguales para quienes disienten.

Y suficientemente estables para que quien regrese al país pueda construir una vida sin tener que aprender nuevamente a sobrevivir en los márgenes.

Ese será el verdadero final de la transición: no cuando termine una negociación, sino cuando Venezuela deje de necesitar atajos para funcionar.

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Victor Julio Escalona

Editor.

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