La agresión a los derechos

Vierne5: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
no ha descansado en manifestar su preocupación por las violaciones que
ocurren en el país contra los derechos de los ciudadanos.
En el informe del organismo. realizado entre mayo de 2021 y abril de 2022,
Bachelet volvió a denunciar que el gobierno continúa con las torturas,
ejecuciones arbitrarias y persecución a los opositores, además de atacar y
criminalizar a las ONG por recibir apoyo internacional.
El informe concluyó en que se evidencian “ciertos avances” respecto a las
recomendaciones presentadas en anteriores informes, pero en el que también
vuelve a alertar sobre las graves violaciones de derechos humanos en este
país. “Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a
alimentos, agua y servicios sanitarios”, responsabilizó la funcionaria.
Señaló también al ejecutivo por la falla en programas y políticas sociales, el
hambre, la falta de asistencia sanitaria, entre otros. Las continuas violaciones
tanto de los derechos civiles, como de los derechos políticos de los ciudadanos
venezolanos, han llevado a la nación a un estado de emergencia que es
negado de manera descarada por sus responsables”.
“El gobierno venezolano, entre enero de 2018 y mayo de 2019, ha llevado a
cabo más de 6 mil 800 ejecuciones extrajudiciales”, precisa el informe.
Bachelet también denunció las mantenidas torturas durante detenciones
arbitrarias. Recordó la muerte reciente del capitán Rafael Acosta quien, cuando
se encontraba bajo custodia, fue violentamente torturado, hasta que se le
causó su muerte.
El informe también hace eco de la hiperinflación que azota el estómago de la
mayoría de los ciudadanos y un sueldo mínimo que asciende al equivalente de
unos siete dólares estadounidenses al mes y que cubren únicamente el 4,7 por
ciento de la canasta básica de alimentos.

Alzó también su voz acerca de la constante disminución de los ingresos
estatales que dependen únicamente de la actividad petrolera y que descuida el
funcionamiento de los servicios públicos casi en su totalidad.
El deterioro y mal funcionamiento de servicios básicos como el transporte
público y el acceso a electricidad, agua y gas natural, son sólo una pequeña
parte de la preocupación diaria del venezolano.
Se resalta cómo el desvío de los recursos naturales y económicos, junto con la
corrupción por parte del gobierno, han originado en el país una creciente falta
de mantenimiento en la infraestructura pública que resulta en un alto número
de violaciones en materia de calidad de vida.
Dentro del derecho fundamental humano a la alimentación está la obligación
del Estado de garantizar que la población no padezca hambre. La resolución
39/1 destaca cómo el principal programa de asistencia alimentaria, conocido
como “Cajas CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son vitales
para el ser humano.
“Por todo esto, encontramos que en la actualidad la tasa de pobreza de
Venezuela se ubica en un 48 por ciento y, de acuerdo con los indicadores
oficiales presentados por los bancos centrales de los países de América Latina,
la inflación más alta de la región le pertenece a este país”, dijo.
Los expertos apuestan porque la pobreza seguirá aumentando debido a que la
hiperinflación aún no se detiene. Para el año 2018 esta cifra cerró en un 1
millón 700 mil por ciento y, en los primeros meses del 2019, el porcentaje ha
ascendido a 2 millones 300 mil por ciento, tal y como lo expresó la misma
Asamblea Nacional venezolana.
“Respecto a la migración masiva, encontramos en la actualidad 6 millones 400
mil venezolanos están regados por todo el mundo. La crisis humanitaria,
política, económica y social que ha experimentado Venezuela durante el
gobierno de Nicolás Maduro, nos ha sumergido en una realidad por la cual
diariamente 5 mil personas se marchan de la nación en busca de mejores
condiciones de vida y principalmente, seguridad”, precisó.
Esas personas son los venezolanos y colombianos que cruzan a diario el puente
internacional Simón Bolívar, el paso fronterizo entre Cúcuta (Colombia) y San
Antonio del Táchira (Venezuela). El epicentro de un drama migratorio sin
precedentes para el país.
La avalancha de personas comienza todos los días a las 5 de la mañana (hora
colombiana) y termina a las 7 de la noche en punto. Los fines de semana, se
extiende una hora. No hay un minuto en que deje de pasar gente. Desde
arriba parecen hormigas arrieras tras un rastro de azúcar. Más cerca, sus
rostros revelan cansancio, desespero, incertidumbre.

A Cúcuta, una ciudad de unos 850 mil habitantes, han llegado 10 mil
venezolanos a vivir, sin trabajo y sin casa. De día, en el Parque Santander -la
plaza principal-, hay cientos de ellos vendiendo algo, comprando pelo,
haciendo uñas, reclamando las remesas que sus familiares les envían desde el
exterior o, simplemente, esperando que el tiempo pase. Cuando cae la noche
se acomodan en el piso o en las bancas de concreto.
Tras más de 20 años de este régimen, Venezuela atraviesa su peor crisis. La
hiperinflación además de causar gran pobreza, ha generado una caída del 50
por ciento de la economía del país que difícilmente es reparable ya que, la
producción de petróleo, siendo su principal y único rubro exportable, sigue
disminuyendo.
Aproximadamente el 50 por ciento de los habitantes de calle en Cúcuta son
extranjeros, y la mayoría venezolanos.
En el más reciente censo de habitantes de calle hecho por el DANE, en la
ciudad de Cúcuta se pudo establecer que, al menos, mil 211 personas viven
bajo esta condición en la ciudad. Según la entidad, de 1.091 entrevistadas de
manera presencial, el 42,1 por ciento (459) manifestó ser proveniente del
extranjero, siendo Venezuela el país de donde llega la mayor cantidad de estas
personas; agravando la crisis social, económica y migratoria que padece la
ciudad fronteriza desde el cierre de los pasos internacionales con el vecino país
desde agosto de 2015.
La alarmante cifra ha generado que desde la Alcaldía de Cúcuta se expongan
una serie de estrategias y necesidades para atender esta crisis de carácter
humanitario.
“Nuestros recursos son insuficientes para atender situaciones que permitan
subsanar este gravísimo problema. En este momento estamos llamando la
atención al gobierno nacional y de la cooperación internacional para buscar la
financiación de un programa concreto que consiste en la habilitación de nuevas
casas Día – Noche por 10 mil millones de pesos al año y un centro de
rehabilitación para hacer reconversión social, laboral y de salud para todas
estas personas”, dijo a W Radio el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.

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