El silencio de las celdas y el grito de las madres
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Mientras Maduro clama por derechos humanos en el exterior, los pisotea brutalmente en su propio país
Desde la redacción de Vierne5
En Venezuela, los calabozos no están en silencio: gritan, suplican, lloran, pero no hay oídos que escuchen. Son miles los secuestrados políticos que permanecen en las oscuras y hacinadas mazmorras del régimen de Nicolás Maduro. Sus nombres no salen en las noticias oficiales. Sus rostros no aparecen en las transmisiones de VTV. Sus familias no tienen respuestas. Y sus madres viven cada día con la angustia de no saber siquiera dónde están sus hijos.
Desde el 7 de enero, no se sabe absolutamente nada del ex candidato presidencial Enrique Márquez, detenido por razones políticas. Rory Branker, periodista, también permanece desaparecido. El régimen ni siquiera se ha dignado a confirmar su paradero. Luis Somaza, exconcejal, fue secuestrado por el régimen y, como si no fuera suficiente, su pareja ha sido amenazada por exigir el respeto al debido proceso.
El caso de Jesús Armas, activista detenido por hombres encapuchados en diciembre, es otro ejemplo del terrorismo de Estado que se vive hoy en Venezuela. Nadie responde. Nadie da información. Nadie asume la responsabilidad.
Y qué decir de Rocío San Miguel, una mujer que ha entregado su vida a la defensa de los derechos humanos y hoy se encuentra privada de libertad, sin acceso a abogados de confianza ni atención médica adecuada. Un patrón repetido hasta la saciedad.
¿Y ahora Maduro exige respeto a los derechos humanos en el exterior?
Sí. Así como lo leen. Nicolás Maduro, el mismo que desmanteló el Estado de derecho en Venezuela, el mismo que mantiene a ciudadanos inocentes incomunicados durante meses, ahora quiere erigirse como defensor de los derechos humanos. Clama por el “debido proceso” para los migrantes venezolanos deportados desde EE.UU. y El Salvador. ¿Perdón?
Desde esta tribuna lo decimos con absoluta claridad: sí, debemos exigir trato digno para todos los migrantes venezolanos en cualquier parte del mundo, porque huir de una dictadura no puede ser razón para ser criminalizado. Pero no podemos tolerar que sea el propio dictador quien se ponga la máscara de defensor de las garantías legales, cuando ha hecho del irrespeto al debido proceso una política de Estado.
No se trata solo de hipocresía, sino de cinismo criminal
El régimen de Maduro se ha convertido en una maquinaria de persecución: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, aislamiento, tortura psicológica y física, y un sistema judicial amañado que responde solo a los caprichos del poder.
Los que hoy están presos no son delincuentes. Son dirigentes, periodistas, activistas, ciudadanos comunes que alzaron la voz contra la corrupción, el hambre, la miseria, y la represión.
Por eso, cada vez que Maduro se atreva a hablar de derechos humanos, la única respuesta legítima será la de las madres que claman en la puerta de las cárceles: ¿Dónde está mi hijo? ¿Está vivo? ¿Lo están torturando? ¿Cuándo podré verlo?
Una gran deuda moral
La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos, y los gobiernos democráticos del mundo deben mirar hacia adentro de Venezuela. No pueden aceptar el doble discurso de una dictadura que persigue con saña a su gente mientras finge preocupación por los venezolanos fuera del país.
Los derechos humanos no son selectivos. O se respetan para todos, o no existen para nadie.
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