De la asistencia al trabajo: reconstruir produciendo
Vierne5. / Editorial.
Venezuela necesita transformar la ayuda de emergencia en empleo formal, capacitación, salarios dignos y reconstrucción productiva.
Reinserción laboral en Venezuela; empleo para la reconstrucción; trabajo formal y recuperación; reconstrucción productiva venezolana
Una emergencia obliga a alimentar, alojar y proteger a quien lo ha perdido todo. Una reconstrucción obliga a algo distinto: devolverle capacidad para vivir sin depender indefinidamente de esa ayuda. Venezuela se encuentra exactamente en esa frontera. Después de los terremotos del 24 de junio, la asistencia humanitaria ha sido indispensable. Pero si el país pretende reconstruirse de verdad, la siguiente política pública debe ser mucho más ambiciosa: pasar de la asistencia al trabajo.
No se trata de despreciar al beneficiario ni de convertir la necesidad en una culpa. Se trata de impedir que la emergencia termine institucionalizando una sociedad de dependientes. La dignidad no consiste solamente en recibir alimentos cuando hacen falta. También consiste en disponer de un empleo, cobrar un salario, aprender un oficio, sostener una familia y participar en la reconstrucción del lugar donde se vive.
La legitimidad de una transición política no puede medirse únicamente por la composición de un nuevo tribunal, las negociaciones de Caracas o las futuras reglas electorales. También tendrá que medirse por una pregunta mucho más concreta: ¿puede el ciudadano volver a financiar su propia vida?
La emergencia todavía tiene dimensiones extraordinarias
El último balance oficial nacional detallado disponible mantiene en 6.509 el número de fallecidos por los terremotos. A finales de agosto se habían inspeccionado 60.785 viviendas, de las cuales 11.001 fueron consideradas de alto riesgo y 14.239 quedaron bajo restricciones. También se habían retirado 600.790 toneladas de escombros y entregado apenas 335 viviendas nuevas, además de otras 1.001 recuperadas.
Las autoridades habían calculado inicialmente que serían necesarias alrededor de 25.000 soluciones habitacionales.
Las cifras revelan la magnitud del trabajo pendiente. Pero también revelan algo que rara vez se presenta de esa manera: la reconstrucción constituye uno de los mayores mercados laborales potenciales de la Venezuela contemporánea.
Viviendas, escuelas, electricidad, agua, saneamiento, transporte, carreteras, hospitales y telecomunicaciones necesitarán durante años mano de obra, técnicos, profesionales, empresas y cadenas de suministro.
La pregunta es si ese esfuerzo se convertirá únicamente en gasto o también en empleo productivo.
Los campamentos no pueden convertirse en economías permanentes
Las cifras de los campamentos deben manejarse con fecha. El registro de 18.437 personas en 94 campamentos correspondía al 11 de julio. Posteriormente el número aumentó y, para finales de agosto, el Gobierno informó que más de 25.000 personas habían necesitado alojamiento temporal desde los terremotos.
La precisión importa porque un campamento debe entenderse como una solución transitoria, no como una nueva forma de organización económica.
Alrededor de una emergencia pueden comenzar a consolidarse sistemas de distribución, listas de beneficiarios, intermediarios, proveedores y estructuras administrativas. Algunas son indispensables mientras existe necesidad. El problema comienza cuando el éxito institucional se mide por mantener funcionando esas estructuras en lugar de reducir progresivamente el número de personas que necesitan utilizarlas.
La meta de una política humanitaria debería ser paradójica: hacerse cada vez menos necesaria.
El Programa Mundial de Alimentos demuestra la escala de la necesidad
El Programa Mundial de Alimentos había alcanzado a 308.000 personas con asistencia después de los terremotos para la segunda mitad de septiembre y había previsto apoyar hasta 500.000 durante los primeros tres meses de la respuesta.
Ese esfuerzo merece reconocimiento. Alimentar a una población desplazada después de una catástrofe no es asistencialismo político; es una obligación humanitaria.
Pero existe una diferencia fundamental entre asistencia de emergencia y dependencia estructural.
Una política inteligente debe comenzar a construir el puente entre ambas etapas desde el primer día.
Ese puente se llama trabajo.
No cualquier trabajo. Empleo formal, con salario, seguridad, capacitación y posibilidad de construir una trayectoria económica.
La reconstrucción puede convertirse en la mayor escuela de oficios del país
Venezuela necesita miles de personas capacitadas para reconstruir. No todas serán ingenieros ni arquitectos. La recuperación necesita una cadena completa de capacidades.
- albañiles y maestros de obra;
- electricistas;
- soldadores;
- plomeros;
- operadores de maquinaria;
- técnicos en refrigeración y mantenimiento;
- instaladores de redes y telecomunicaciones;
- personal de logística;
- especialistas en saneamiento;
- topógrafos y asistentes técnicos;
- conductores profesionales;
- y trabajadores capacitados en seguridad industrial.
Los institutos técnicos, universidades, colegios profesionales, empresas privadas y municipios podrían desarrollar programas acelerados de certificación vinculados directamente con los proyectos de reconstrucción.
El damnificado no debería quedar reducido a receptor pasivo de una caja de alimentos. Siempre que sus condiciones personales lo permitan, también puede ser contratado, capacitado y remunerado para participar en la recuperación de su comunidad.
Eso no significa sustituir profesionales por voluntarios. Significa utilizar la reconstrucción para crear capital humano.
Las cooperativas pueden ayudar, pero no están por encima de los controles
Las organizaciones comunitarias y cooperativas pueden convertirse en instrumentos útiles para canalizar empleo local. Conocen el territorio, pueden identificar trabajadores y permiten que una parte del dinero invertido permanezca dentro de las comunidades afectadas.
Pero lo comunitario no es automáticamente transparente.
Una cooperativa puede caer en favoritismo, clientelismo o mala administración igual que una empresa privada o una institución pública.
Por eso cualquier programa financiado con recursos de reconstrucción debería exigir reglas equivalentes:
- registro público de responsables;
- contratos publicados;
- precios verificables;
- personal identificado;
- certificación técnica de los trabajos;
- pagos vinculados con metas físicas;
- y auditorías accesibles a la ciudadanía.
La reconstrucción desde abajo necesita participación. También necesita disciplina.
La Licencia General 60A facilita recursos; no elimina la rendición de cuentas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos emitió en junio la Licencia General 60 para autorizar determinadas transacciones relacionadas con los esfuerzos de socorro por los terremotos. El 16 de octubre fue sustituida por la Licencia General 60A, que amplía y actualiza ese marco.
La autorización permite realizar determinadas operaciones que, de otro modo, podrían quedar restringidas por el régimen de sanciones.
Eso puede ayudar a movilizar dinero, bienes y servicios necesarios.
Pero la licencia no convierte los recursos internacionales en una caja sin dueño ni demuestra que los créditos del Banco Mundial sean administrados por el Comando Sur estadounidense.
No existe evidencia pública suficiente para afirmar esa cadena de administración.
La responsabilidad editorial exige separar la operación militar de emergencia, las licencias de OFAC, los programas multilaterales, la inversión petrolera y el presupuesto venezolano.
Precisamente porque son corrientes diferentes deben ser identificables.
El dinero de emergencia necesita apellido. Cada dólar destinado a reconstrucción debería indicar de dónde viene, quién lo administra, qué proyecto financia, quién ejecuta la obra y cuántos empleos formales produjo. La trazabilidad no ralentiza la recuperación: impide que desaparezca dentro de ella.
El petróleo debe convertirse en productividad, no solamente en caja
La recuperación petrolera ofrece a Venezuela una posibilidad que no debería desperdiciarse nuevamente: utilizar un aumento de ingresos para reconstruir capacidad productiva.
El país necesita electricidad, infraestructura, agricultura, industria, servicios y pequeñas empresas capaces de absorber trabajadores de manera sostenible.
Una economía no sale de una emergencia porque reparte mejor los subsidios.
Sale cuando produce.
Eso obliga a utilizar parte de los recursos extraordinarios para infraestructura económica, crédito productivo, formación profesional, recuperación industrial y apoyo a empresas capaces de generar empleo formal.
La reconstrucción puede dar trabajo durante años. Pero el objetivo final debe ser que esos trabajadores encuentren una economía capaz de seguir empleándolos cuando desaparezcan los escombros.
La red eléctrica pone un límite físico al empleo
El trabajo productivo necesita energía. A finales de septiembre, Reuters informó que alrededor del 40 % de los 32.800 megavatios de capacidad instalada estaba operativo y que el déficit superaba los 1.500 megavatios.
Esa realidad limita industrias, comercios, agricultura, hospitales y empresas de servicios.
Por eso empleo e infraestructura no pueden separarse.
No tiene sentido formar trabajadores para una industria que no puede operar con continuidad. Tampoco promover emprendimientos mientras la electricidad sigue siendo imprevisible.
La reconstrucción eléctrica debe considerarse una política laboral.
Una turbina recuperada también significa empleos.
La tercera ronda de diálogo necesita hablar también de economía cotidiana
El chavismo y el sector opositor encabezado por Dinorah Figuera culminan este 21 de octubre la tercera ronda de conversaciones en Caracas. La discusión se ha concentrado en garantías políticas y civiles, reforma electoral y renovación institucional.
Hasta el momento no han trascendido acuerdos definitivos de esta tercera fase.
Ese trabajo institucional es importante. Venezuela necesita reglas políticas capaces de generar confianza.
Pero ninguna reforma electoral solucionará por sí sola la fragilidad económica de millones de ciudadanos.
Una persona sin ingresos estables puede tener derechos políticos reconocidos y seguir siendo vulnerable frente a cualquier estructura que utilice alimentos, empleo público o subsidios como instrumentos de dependencia.
La libertad política necesita una base económica mínima.
El trabajo formal forma parte de esa base.
La justicia laboral también pertenece al Estado de derecho
La reconstrucción institucional debe alcanzar la relación entre ciudadano y autoridad. Quien trabaja necesita contratos, seguridad social, capacidad para reclamar salarios y tribunales capaces de resolver disputas.
También necesita carreteras donde no deba pagar extorsiones ilegales, instituciones que no condicionen beneficios a lealtades políticas y seguridad para emprender.
El último balance localizado de Foro Penal registra 322 personas que esa organización clasifica como presos políticos, con corte al 5 de octubre. Son 308 hombres y 14 mujeres; 182 civiles y 140 militares.
Por eso ya no corresponde utilizar 382 como cifra actual.
La actualización no disminuye la gravedad de las detenciones denunciadas. Refuerza la obligación de hablar con precisión.
El mismo rigor debe aplicarse a cualquier denuncia de corrupción, extorsión o abuso. Investigar, probar y sancionar mediante instituciones independientes.
La ayuda debe abrir la puerta de salida de la ayuda
La asistencia humanitaria seguirá siendo necesaria mientras haya familias que no puedan alimentarse, viviendas inutilizables o comunidades sin condiciones mínimas.
El error sería plantear una falsa elección entre ayudar y trabajar.
Las dos cosas pertenecen a momentos distintos de la misma recuperación.
Primero se protege.
Después se capacita.
Después se emplea.
Después se produce.
Y finalmente la familia deja de necesitar aquello que recibió durante la emergencia.
Ese debería ser el indicador de éxito.
No cuántas personas continúan inscritas en un programa.
Sino cuántas consiguieron salir de él porque recuperaron autonomía.
“Terminar la tarea” significa devolver capacidad al ciudadano
María Corina Machado utilizó recientemente una frase dirigida al presidente Donald Trump: “Tenemos que terminar la tarea”.
La frase pertenece a su posición política y a su interpretación del proceso venezolano. Pero puede leerse desde una perspectiva más amplia.
Terminar la tarea significa conseguir que Venezuela deje de necesitar excepcionalidad para funcionar.
Que una familia no dependa permanentemente de una ración.
Que una empresa no dependa de conexiones políticas.
Que un trabajador no dependa de un favor para conseguir empleo.
Que un municipio no dependa de Caracas para reparar cada calle.
Que un ciudadano no dependa de una filtración para conocer un contrato público.
Que una elección no dependa de una economía donde la necesidad pueda utilizarse para disciplinar voluntades.
La transición venezolana habrá avanzado de verdad cuando el Estado pueda ayudar a quien lo necesita sin convertir la necesidad en una forma permanente de poder sobre esa persona.
La asistencia salva durante la emergencia.
El trabajo reconstruye después de ella.
Y la libertad comienza cuando un ciudadano puede sostenerse sin pedirle permiso al poder para vivir.
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Victor Julio Escalona.
Editor.
