Vierne5 / En Venezuela hubo, tan solo durante enero de 2023, 187 casos de «persecución contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas con la política y contra la ciudadanía», según un balance del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), difundido este viernes.
De acuerdo con el informe más reciente de la organización, la cifra equivale a que «cada cuatro horas una persona fue perseguida o criminalizada en Venezuela» durante enero.
Cepaz indicó que, del total de casos computados, 94 fueron contra la ciudadanía en general y la mayoría tuvieron lugar en el contexto de las protestas de diversos sectores sociales que claman por mejoras salariales y laborales.
«A pesar de que la manifestación, la protesta y la posibilidad de expresarse libremente son derechos fundamentales, el gobierno ha respondido con castigos ejemplarizantes contra las personas que se han sumado a la exigencia de sus derechos», aseveró la ONG.
Un total de 66 de los casos contabilizados tuvieron como víctimas a organizaciones no gubernamentales, e incluyeron «actos de hostigamiento y amenaza» contra varias ONG. Asimismo, Cepaz registró 18 «actos de criminalización contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación», y nueve en contra de personas vinculadas con la política. Estos últimos incluyeron cuatro «irregularidades» en procesos judiciales, tres hechos de «hostigamiento y amenaza» y dos «allanamientos irregulares».
La ONG calificó de «alarmante arremetida» la persecución registrada durante el mes pasado, e insistió en que se trata de «patrones específicos que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro contra distintas categorías de sujetos para, en definitiva, lograr permanecer en el poder de forma indefinida».
Ya para noviembre de 2022, el Cepaz había documentado 386 actos de persecución y criminalización contra la disidencia o personajes críticos en Venezuela, en un período de enero a agosto de ese año.
Según el centro, estos actos fueron ejercidos como parte de una política del gobierno de Nicolás Maduro para intimidar y mantener el poder.
Tan solo durante el mes de agosto se registraron 52 casos de persecución y criminalización a periodistas, trabajadores de la comunicación, ciudadanos vinculados con el activismo social, personas vinculadas con la política, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos.
En el monitoreo del mes de agosto se identificaron las siguientes acciones: 18 actos de hostigamiento o amenazas, 20 investigaciones arbitrarias, 10 impedimentos de registrar un hecho noticioso, dos despidos injustificados, una prohibición de salida del país y una muerte en custodia.
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela durante el mes de agosto, se identificaron 22 contra trabajadores y medios de comunicación, seis contra ciudadanos, 21 contra personas vinculadas a la política y tres contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos.
Múltiples descalificaciones han sido proferidas por funcionarios del Estado y dirigentes políticos y sociales del gobierno de Nicolás Maduro contra periodistas en Venezuela. Ejemplo de ello es el caso del periodista Pablo Villa, quien fue llamado por el alcalde del municipio Campo Elías, del estado Mérida, “periodista tarifado”. Entre tanto, el periodista Enmanuel Rincón fue desacreditado por Diosdado Cabello, quien expresó refiriéndose a Rincón: “Estos tienen que ser estúpidos de nacimiento, eso no se aprende en las universidades ni nada, tiene que venir con ellos; los estúpidos son así, creen que siempre tienen la razón”.
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