Una juez anula orden de Trump de quitarle los recursos a la asistencia a migrantes
Vierne5 / Una jueza federal bloqueó una serie de restricciones impuestas por el gobierno del presidente Trump para los servicios de atención a inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente, incluidos el programa preescolar federal Head Start, clínicas de salud y educación para adultos.
Según citó la cadena CNN, la orden de la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Rhode Island, se aplica a 20 estados y al Distrito de Columbia, cuyos fiscales generales, todos demócratas, demandaron al gobierno federal.
La medida deja en suspenso la reinterpretación del gobierno de una política federal de la era Clinton mientras se decide el caso.
Bajo los cambios propuestos, algunos programas comunitarios serían reclasificados como beneficios públicos federales, haciéndolos inaccesibles para personas que no posean estatus legal.
Los beneficios públicos individuales, como los cupones de alimentos y la ayuda financiera universitaria, ya han estado en gran medida fuera del alcance de las personas en el país sin ese estatus, agregó CNN.
La jueza de distrito Mary McElroy, quien fue nombrada por Trump en 2019, dijo en su orden que la implementación de la política fue “apresurada” de una manera que empeorará el impacto para las personas excluidas de los servicios comunitarios y para quienes debían verificar su elegibilidad.
“El gobierno argumenta que de alguna manera ha interpretado incorrectamente este estatuto durante los casi treinta años que ha sido ley”, escribió McElroy. “En su opinión, todos… lo han entendido mal desde el principio, al menos hasta el mes pasado, cuando la forma correcta de leerlo se hizo clara para el gobierno. El Tribunal es escéptico al respecto de eso”.
La cadena CNN dijo haber contactado al Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Educación, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Justicia, que fueron nombrados como demandados, pero subrayó no haber obtenido respuesta.
En la demanda, los estados argumentaron que el gobierno no siguió el proceso de elaboración de normas y no proporcionó el aviso requerido sobre las condiciones impuestas a los fondos federales.
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