Vierne5: Al gobierno no le gustan las ONG. Ya tenía cierto tiempo en eso. Las acusaba,
las judicializaba, las agredía, pero ahora parece estar dispuesto a
criminalizarlas con algunos proyectos de ley que buscan hacerlas desaparecer,
por señalamientos tan faltos de base como eso de “traición a la patria”, o
“lacayos del imperialismo”.
Y Provea, la institución venezolana que se encarga de velar por la defensa de
los derechos ciudadanos, acaba de denunciar que la Asamblea Nacional de
mayoría chavista, está intentando ilegalizar a las ONG del país por medio de
una nueva ley.
Para la organización, el gobierno de Nicolás Maduro pretende profundizar aún
más la criminalización y persecución por la cooperación internacional, “esencial
para seguir apoyando a víctimas y nuestra labor”, subrayó.
El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, explicó que son dos los
artículos de la llamada Ley de Cooperación Internacional los que podrían
utilizarse para ilegalizar a las ONG venezolanas. Para él se está siguiendo el
mismo ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua: acabar con quienes considera
adversarios o un obstáculo para hacer lo que ellos quieren.
Los artículos, dados a conocer por Uzcátegui, son el 25 y el 26. El primero
establece que: “Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales
como extranjeras, que ejerzan sus actividades en el territorio de la República
Bolivariana de Venezuela, están sujetas al cumplimiento de las normas
establecidas en la Constitución, en esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano vigente”.
Y el segundo: “Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición,
suspensión, restricción o eliminación definitiva, todas aquellas organizaciones
no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o
privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio
de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta,
promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones gobiernos u
organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales
contra la República, en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el
desarrollo integral de la nación”.
El proyecto ha tenido reacciones. Al menos 500 organizaciones de la sociedad
civil y 250 personas se alzaron para rechazar el proyecto de ley denominado
de “Cooperación Internacional”, con el que pretende el gobierno de Nicolás
Maduro enjuiciar y criminalizar a este tipo de entidades.
Los manifestantes consideran que la aprobación de un proyecto de ley de esta
naturaleza tendría consecuencias devastadoras para las personas en situación
de mayor vulnerabilidad.
“Esta iniciativa busca reinterpretar la definición de cooperación internacional
hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional,
dejando por fuera conceptos esenciales como el de los derechos humanos y la
ayuda humanitaria”, dice parte de un texto hecho público por estas
organizaciones.
Señalaron que esta ley tiene además la intención de controlar y castigar a toda
persona u organización que no se sujete a su interpretación, lo cual abarca a
toda la sociedad civil nacional y a las organizaciones internacionales.
“Esto incluye además el propósito del gobierno de dejar sin efecto las
obligaciones y compromisos del Estado en acuerdos con organismos
internacionales de cooperación, en caso de no adecuarse a esta finalidad del
proyecto de ley”, agregó el texto.
