ONG´s denuncian acoso
sistemático del gobierno
Vierne5. La demanda interpuesta por el gobernador del estado Carabobo,
Rafael Lacava, contra dos activistas que pidieron una investigación sobre su
responsabilidad indirecta en ejecuciones extrajudiciales representa, según
varias ONG´s de Venezuela, un cerco progresivo a entidades pro derechos
humanos.
El pasado 17 de mayo, Marino Alvarado y Alfredo Infante recibieron la
notificación de una demanda por difamación interpuesta por Lacava, quien
consideró que la solicitud de los activistas atentaba contra su honor.
Según el Código Penal venezolano, la difamación es “un delito consistente en
acusar de un hecho concreto que ataca el honor o la consideración de una
persona” y lo cometerá “quien hubiere imputado a algún individuo un hecho
determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público”.
No obstante, Alvarado e Infante no acusaron a Lacava de ningún hecho
concreto, sino que se limitaron a solicitar una investigación para averiguar si el
delito se ha cometido o no.
Alvarado, coordinador legal de la ONG Provea, indicó en una rueda de prensa
el pasado 19 de mayo que la demanda es parte del “cerco que
progresivamente se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad
civil” que acompañan a sectores populares en sus demandas por los derechos
humanos.
La demanda, explicó Provea, tiene lugar luego de que el pasado 14 de marzo
ambos activistas participaran en la presentación del informe Lupa por la Vida,
durante el cual se aseveró que “la Policía del estado Carabobo es de las más
letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe
investigar al gobernador Rafael Lacava”.
“Yo le quiero dar un mensaje al gobernador Lacava: nuestro informe no es
contra ningún gobernador, no forma parte de una campaña para desprestigiar
absolutamente a nadie, es un informe para visibilizar el grave problema de las
ejecuciones extrajudiciales en el país”, agregó Alvarado.
El informe señaló que en 2021 se registraron mil 414 presuntas ejecuciones
extrajudiciales en Venezuela, un incremento de casi 60 por ciento con respecto
a 2020, cuando hubo 3.034.
La directora de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna
Romero, explicó a la agencia EFE que en los últimos tres años se han
incrementado las agresiones contra activistas de derechos humanos y
organizaciones humanitarias.
