Obligado por las presiones Venezuela purga su sistema judicial
En medio de enormes presiones nacionales e internacionales, y apurados por dar una imagen de eficiencia y distanciamiento con el delito, Venezuela inició una purga en su sistema judicial, “para limpiarlo” de corruptos de sus mismas filas.
Corrupción, conductas indecorosas y sospechas de extorsiones y chantajes a gran escala dentro del propio chavismo, la estructura abrió un nuevo capítulo de desprendimiento de allegados y de útiles en la crisis del sistema judicial en Venezuela.
A la cabeza del procedimiento de limpieza está el fiscal general, Tarek William Saab, quien informó estos días del arresto de 14 fiscales y jueces que, según el comunicado, suman 592 exfuncionarios del Ministerio Público que han sido procesados por corrupción desde el inicio de su gestión.
William Saab fue designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente para ejercer el cargo en 2017, y en las recientes detenciones figuran fiscales de alto mando cercanos a él mismo.
Éste y otros detalles han llevado a algunos analistas a cuestionar si se trata de una purga del chavismo contra el fiscal general, a medida que aumenta el conflicto con Estados Unidos, o la desconfianza entre los altos mandos que forman parte de la administración de Nicolás Maduro.
Un análisis de la agencia de noticias DW se pregunta si se trata de pases de facturas o de revanchas internas.
El abogado Carlos Lusverti, consultor de la Comisión Internacional de Juristas, dijo a DW que estas detenciones «tienen que ver con pases de facturas y/o revanchas internas; es decir, estas redes de corrupción que aparecen ahora denunciadas han podido tocar intereses de otros sectores» que han aflorado hoy.
En su opinión, se trata de un reacomodo relacionado con un contexto internacional más restringido, en el que «estos grupos informales tienen unos ámbitos de acción más limitados».
En efecto, los 14 fiscales detenidos pertenecen al central estado Carabobo e incluyen al fiscal superior de esa entidad. Y, hace unos días, en medio de la investigación por corrupción del Ministerio Público, fue hallado el cuerpo sin vida del ex fiscal superior auxiliar de Carabobo, Luis Enrique Maldonado Vásquez.
Su muerte, que se presume como suicidio, ocurrió luego de haber sido nombrado por Tarek William Saab en sus redes sociales como sospechoso en una trama de extorsión que investiga el ministerio.
Como parte de la investigación sobre tramas de extorsión dentro del Ministerio Público, el organismo de inteligencia del Estado (SEBIN), ha conducido una serie de interrogatorios a personas claves, cita la agencia.
Entre esas personas destacan el fiscal Farik Mora Salcedo, quien lleva los casos de presos políticos y que ha sido denunciado por la oposición por participar en actos de tortura durante interrogatorios.
El SEBIN también interrogó a tres directores del Ministerio Público: Marvin Emperatriz González Barrios, directora contra la corrupción; Ángel Fuenmayor, director de delitos comunes; y Orlando Peña, director de delincuencia organizada.
Aunque no se conocen los nombres de los detenidos, estos mencionados permanecen desaparecidos y fueron todos designados por Tarek William Saab y respondían directamente a él.
Laura Louza, directora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, que monitorea la administración de justicia en Venezuela, indicó a DW que lo más increíble de estas detenciones es que «muchos de ellos estaban justamente en la dirección de control de corrupción del Ministerio Público. Entonces, si los propios jueces y fiscales que se ocupan de hacer justicia en esa área son corruptos, pues ¿cómo puede haber justicia?»
Desde hace años, la impunidad es un problema estructural del poder judicial en Venezuela y así lo han denunciado varias organizaciones internacionales incluyendo la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Además, el World Justice Project posicionó a Venezuela en el puesto 142, el último lugar de su Índice Global de Estado de derecho.
Para Lusverti, «la impunidad es un problema estructural que va más allá de la situación particular de Saab» y «el debido proceso es una garantía que se ha vuelto ilusoria a lo largo de estos últimos años» en el país.
Acceso a la Justicia concuerda, ya que estos procesos de purga dentro del sistema judicial «corroboran lo que siente el ciudadano, que la administración de justicia en Venezuela es corrupta y al final favorece al poder, e incluso deja impune a quien hace parte del poder», subraya Louza.
Este nuevo escándalo dentro del sistema judicial venezolano surge en medio de un conflicto con Estados Unidos, que ha dejado al menos 14 muertes y dos barcos hundidos en el mar Caribe provenientes de Venezuela, presuntamente de narcotraficantes.
El gobierno de Donald Trump ha sido enfático en dirigir un despliegue militar en el Caribe para combatir lo que él llama el narcotráfico, que proviene de Venezuela y responsabiliza directamente a Nicolás Maduro como jerarca del denominado “Cartel de los Soles”, al punto de que ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por quien indique con éxito un sitio en el que se pueda capturar a Maduro. Esto ha elevado los niveles de desconfianza entre los altos mandos que conforman el régimen autoritario venezolano.
Para la periodista de investigación especializada en crimen organizado, Ronna Rísquez, estas detenciones representan una «purga parcial que está afectando al fiscal general», según dijo a DW. Rízquez cuestiona que el detonante hayan sido las tramas de corrupción. «Todo esto debe entenderse en el contexto de la situación política o bélica que hay con Estados Unidos», resaltó.
Para el abogado Lusverti, este escenario resulta confuso aún porque, aunque hay distintas facciones dentro del poder en Venezuela, la presión externa «lo que termina por hacer es que las distintas facciones se alineen más bajo la lógica de tratar de prevalecer en el gobierno».
Sin embargo, Lusverti tampoco descarta que alguna de las distintas facciones «podría estar generando todas estas persecuciones internas, ya que es a lo que apuestan factores externos para la ruptura del poder desde adentro».
Dentro del contexto de presión externa de EE.UU hacia el régimen de Nicolás Maduro, una purga no es lo más extraño que pueda suceder dentro del chavismo. «El temor a traiciones y delaciones» son motivaciones que Ronna Rísquez valora en esta nueva saga, pero advierte que «no necesariamente significa que vayan a cambiar la estructura del sistema judicial. Lo que están cambiando son los nombres y las lealtades, quizás».
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