Vierne5. Las autoridades migratorias comenzaron a poner multas a los
venezolanos que no han regularizado o actualizado su situación en el país,
cosa que implica a no menos de cien mil nacionales que ahora protestan
porque no hubo una campaña adecuada de información antes de aplicar las
sanciones.
Y es que resulta que las multas del Sistema Nacional de Migración de Perú para
muchos inmigrantes son impagables.
Las notificaciones de la sanción no llegan a tiempo ni siquiera por correo
electrónico. Los afectados denuncian la falta de transparencia de las
instituciones. Una venezolana alzó su voz y solicitó a un Juzgado Constitucional
la revisión de las sanciones.
En otro caso, para este 8 de agosto está previsto el juicio por la demanda
interpuesta por un inmigrante venezolano ante el Juzgado Constitucional
Segundo de Lima.
El objetivo: solicitar la revisión de las sanciones de la Superintendencia
Nacional de Migraciones (SNM) ante lo impagables que se han vuelto por causa
del vencimiento de la prórroga de residencia en el carnet de extranjería.
Edith Arango conocerá su suerte en su país de acogida, y quizá la de muchos
connacionales más, de la voz de la jueza Andrea del Pilar Córdova Escobar.
Arango es una madre soltera, su hijo tiene 17 años de edad. Desde mediados
de 2018 reside en Perú, y comentó a Crónica Uno que “no ha sido fácil
sostenernos acá, pero hemos salido adelante”.
En mayo de 2022 recibió un correo en el que le notificaron que su solicitud de
condonación de deuda no fue aceptada por no reunir las condiciones
socioeconómicas: “No se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza
que permitan condonar su multa por vencimiento de su residencia”, reza el
mensaje electrónico que le mandaron a destiempo.
El mismo correo le insta a cancelarla de manera inmediata. Aquí comienza el
transitar de cerca de 100 mil venezolanos que en condiciones similares no
pueden adquirir ni una línea telefónica por tener vencida la residencia en el
país andino.
En Perú se han establecido un millón 400 mil connacionales que huyeron de
Venezuela tras la grave situación económica que atraviesa el país desde hace
nueve años.
Por su parte, Mireya Aguilar, otra venezolana que huyó de la realidad nacional,
lleva cinco años en el país andino.
Tiene una multa de siete mil soles por el vencimiento de su prórroga de
residencia. Cuando le llegó la notificación, su estado de salud estaba
comprometido por la neuropatía periférica que padece. Estuvo más de ocho
días en coma inducido para restablecerse.
Recobró la salud, pero no tenía cabeza para pensar sino en sus dos hijos
menores, que le acompañan.
Perdió su empleo, su tarjeta de débito y no puede conseguir trabajo en su
especialidad. Es una profesional de la enfermería que actualmente trabaja
como asistente de farmacia.
En tanto, Edith relata que desde que llegó al Perú ha hecho sus actualizaciones
de residencia. “Siempre he estado al día”, afirmó la mujer oriunda de San
Cristóbal, estado Táchira con residencia en Lima.
Cada seis meses los inmigrantes deben estar atentos para solicitar la
actualización de su estatus y cada año la residencia, pero ahora viven en una
tragedia que para ellos es inducida.
