Vierne5. En un país en el que se criminaliza la protesta y en el que por
años y a la fuerza el gobierno logró mantener “en la raya” o en la cárcel a ese
tipo de ciudadanos, hoy tiene que ver cómo desde diversas partes surgen
reclamos airados en busca de que se les respeten sus derechos.
El gobierno no ha actuado, y se espera que no lo haga, frente al hecho de que,
en los últimos meses, miles de trabajadores han salido a protestar
pacíficamente pero indignados en las calles de las principales ciudades de
Venezuela, denunciando la conculcación de sus derechos por parte de los
gobernantes.
Para Ramón Cardozo, según una publicación de Deutsche Welle, la agencia
alemana de noticias, la protesta tiene su origen en el modelo laboral chavista.
En los últimos cuatro meses, los intentos del régimen de Nicolás Maduro de
transmitirle al mundo la idea de que en Venezuela la vida se ha normalizado,
se han visto desmentidos con las imágenes de miles de trabajadores activos,
jubilados y pensionados venezolanos protestando de manera enérgica en las
calles de las principales ciudades del país, reclamando al gobierno el respeto a
sus derechos laborales.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el
primer semestre de este año se produjeron en Venezuela 3 mil 892 protestas,
de las cuales, el 42 por ciento correspondieron a reclamos relacionados con
derechos laborales. En ese grupo de protestas, la principal demanda de los
trabajadores activos y jubilados fue la de contar con un salario digno y
suficiente que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo
familiar.
El último aumento del salario mínimo en Venezuela fue decretado el pasado
mes de marzo de 2022, ubicándolo en 30 dólares, siendo, por mucho, el más
bajo de Latinoamérica. Para ese momento, ese monto solo alcanzaba a cubrir
el 8 por ciento del costo de la canasta alimentaria, ubicada en 370 dólares.
Hoy en día, cuatro meses después, la inflación ha hecho retroceder el salario
mínimo venezolano a 21,38 dólares, ni siquiera un dólar por día, mientras que
la canasta alimentaria ha aumentado a 392 dólares, con lo cual el salario
mínimo apenas alcanza para adquirir el 5,5 por ciento de la canasta
alimentaria, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Finanzas de
Venezuela (OVF).
Según Pablo Zambrano, Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores
de la Salud (FETRASALUD), el detonante de las actuales protestas laborales
tiene como antecedente la política de «aplanamiento salarial” que, desde el
2018, el Ejecutivo Nacional ha adelantado a través de instructivos emanados
de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), con el objeto de regular los
tabuladores salariales de los empleados públicos.
“Estos instructivos violan de manera flagrante la Constitución, las normas
laborales y los acuerdos de las convenciones colectivas vigentes en el país”,
dijo Zambrano.
En efecto, según Zambrano, el último instructivo de la ONAPRE, dictado en
marzo de este año, modificó de manera unilateral y arbitraria «los criterios
para el cálculo del último incremento salarial y redujo sustancialmente los
beneficios salariales conquistados por los trabajadores venezolanos, lo que es
inconstitucional».
Esas «tablas salariales del hambre” pulverizan el ya exiguo salario del
trabajador en Venezuela y desconocen o disminuyen de manera sustancial
bonificaciones salariales como los pagos de primas por titularidad, por
antigüedad, por responsabilidad, por profesionalización, por conceptos de
uniforme y por hijos con discapacidad, entre otras, puntualizó.
Dijo que seguirán las protestas.
