Los asalariados
Opinión / Cuando en junio de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela designó a la abogada Indira Alfonzo, como nueva presidenta del
Consejo Nacional Electoral de Venezuela, dando cese de funciones a Tibisay
Lucena, en un arranque de ingenuidad y en respuesta a la pregunta de una
periodista, Diosdado Cabello explicó que la señora Tibisay iba ahora “a nuevas
responsabilidades” encomendadas por el presidente de la República.
Reconocía Cabello entonces algo que en Venezuela sabe todo el mundo, pero
que el único que pretende no conocerlo es el gobierno: que aquí todo
funcionario de toda o de cualquier institución, son escogidos y designados
desde el Palacio de Miraflores y desde la sede de Psuv.
Esa práctica se ha mantenido, lo que ahora ha cambiado es que la reconocen
solo por accidente como el cometido por el señor Cabello al considerar que la
señora Lucena cumplió el trabajo encomendado en el Consejo Nacional
Electoral y que ahora iba a ser designada como rectora de la Universidad de
Las Artes, para luego ser enviada como ministra de Educación Superior, cuyo
cargo ejerce hasta hoy, para afrentar a los profesores y a esas casas de
estudio.
Para Cabello, y eso es así, todos los funcionarios de todos los organismos de la
institucionalidad venezolana, son empleados del gobierno y así deben
comportarse. Son fichas gubernamentales por igual los altos cargos de la
Contraloría General de la República, que debiera considerarse independiente y
autónoma porque de otra forma no podrían cumplir sus funciones, como los de
la Procuraduría General, la Fiscalía, el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia,
para no mencionar sino unos pocos.
Por ello tal vez que lo primero que le sacó Cabello a Luisa Ortega Díaz, cuando
ésta decidió volteárseles, fue su “desagradecimiento”, porque ellos le dieron el
empleo, el puesto pues. Casi que le dijo que de gris funcionaria ellos la habían
puesto a trabajar, porque de otra forma no hubiera conseguido empleo. Y de
allí la llamó desleal y traidora. Dijo que lo que ellos en el gobierno y en el Psuv,
lo que no están dispuestos a tolerar es la deslealtad. Reclaman una lealtad que
está directamente asociada al salario que te pagan, llámese en el CNE, en el
TSJ, en un ministerio, en la Universidad de las Artes, o en la Contraloría
General de la República.
Aquí el funcionariado viene del partido y cuando nombran a alguien, estos
“renuncian” a su militancia y se declaran imparciales, justo en el momento que
le toman “juramento”.
Hace unos cuantos meses, y solo para poner un ejemplo, Jorge Rodríguez,
presidente de la Asamblea Nacional, le pidió a uno de los rectores principales
del CNE, Roberto Picón, “que renuncie al cargo” y se vaya a hacer política, a
buscar los votos en la calle, “porque no está actuando como árbitro”, como el
árbitro de ellos, y le dijo que siguiera el ejemplo del presidente del CNE, Pedro
Calzadilla, “que ese sí se porta bien”. Se porta bien, claro, porque actúa según
le mandan a hacer; como por ejemplo, aquel anuncio para la convocatoria de
un referéndum revocatorio en tiempos y modos imposibles de cumplir. Son
leales.
Por eso es que, actuando bajo el mismo patrón, cuando Maykel Moreno se
despedía de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, antes de que
llegara Gladys Gutiérrez Alvarado a sustituirlo, lo primero que les destacó
Nicolás Maduro fue su agradecimiento por la lealtad que le brindaron al
gobierno, tanto su entonces presidente así todos los magistrados de las cortes.
No desaprovechó Maduro para repartir elogios al CNE, “por la fortaleza y
transparencia del Sistema Electoral venezolano”, reconocida ya, según el
mandatario, hasta por los Estados Unidos y hasta España.
El señor Calzadilla es historiador, quién sabe cómo va a escribir la historia que
pasa en hoy sus manos.
No serán objetivos ni imparciales, pero son leales.
Un salario está de por medio. Son funcionarios públicos, son funcionarios de la
administración. Son funcionarios de paga mensual.
Vierne5.-
