Ley contra el Odio: ¿reforma o continuidad del miedo?
Vierne5. / La Voz Del Lector.
Lectores cuestionan la reforma de la Ley contra el Odio y exigen libertad de expresión, justicia independiente y garantías reales.
Reforma de la Ley contra el Odio; libertad de expresión en Venezuela; transición democrática venezolana; renovación del TSJ.
Nos escriben lectores con una preocupación que va mucho más allá de una reforma legislativa: ¿puede Venezuela recuperar sus libertades mientras permanezcan vigentes instrumentos jurídicos que han sido utilizados para perseguir a quienes piensan diferente? La decisión de impulsar una reforma parcial de la Ley contra el Odio, en lugar de su derogación, ha despertado nuevas dudas sobre la sinceridad de la transición. Para el lector que nos escribe, conservar esa normativa, aunque sea modificada, representa una señal inquietante de continuidad de los mecanismos de control político.
El mensaje expresa una desconfianza profunda hacia quienes administran el actual proceso de cambios. No cuestiona únicamente una ley, sino la posibilidad de que las estructuras que hicieron posible años de persecución sobrevivan bajo nuevas denominaciones, autoridades y discursos de reconciliación.
Su planteamiento puede resumirse en una pregunta: si Venezuela pretende reconstruir sus instituciones democráticas, ¿por qué conservar instrumentos legales asociados a la intimidación de la disidencia?
Una reforma que no termina de convencer
La controversia tiene antecedentes concretos. El 29 de septiembre de 2026, Delcy Rodríguez solicitó reformar parcialmente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017. Reconoció que las autoridades habían aplicado abusivamente esa legislación, pero defendió los principios que, según explicó, inspiraron su aprobación.
Posteriormente, el 16 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia avaló la constitucionalidad del proyecto de reforma parcial y autorizó la continuación de su discusión parlamentaria. Esa decisión no significó la derogación de la norma ni su sustitución definitiva.
La información fue publicada por la agencia EFE, que también recogió los cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Para el lector, el reconocimiento de una aplicación abusiva debería conducir a una revisión mucho más profunda. Si una ley sirvió para restringir libertades, considera insuficiente modificar su redacción sin garantizar que desaparezcan las prácticas que hicieron posible su utilización contra ciudadanos críticos.
Su inquietud no consiste en negar que el Estado deba prevenir la violencia o la discriminación. Se centra en impedir que esas finalidades legítimas vuelvan a utilizarse para sancionar arbitrariamente opiniones, denuncias o expresiones de disidencia.
La libertad no puede llegar por partes
El lector relaciona la permanencia de la Ley contra el Odio con otros asuntos pendientes: la situación de los presos políticos, las restricciones a medios independientes y la persistencia de mecanismos de intimidación.
En su interpretación, esos elementos revelan una resistencia a desprenderse completamente de herramientas que durante años permitieron ejercer control sobre la sociedad.
La preocupación tiene un fundamento que merece examinarse. Según datos de Foro Penal divulgados en octubre, al menos 927 personas habían sido acusadas de incitación al odio desde la aprobación de la ley en 2017. Esa cifra corresponde a personas acusadas a lo largo del período, no al número actual de detenidos por esa causa.
También existen avances parciales en materia de libertad de información. Durante septiembre se levantaron restricciones a determinados portales digitales. Sin embargo, el monitoreo publicado el 6 de octubre por VE Sin Filtro identificó 143 dominios que continuaban bloqueados en al menos un proveedor de internet, incluidos 24 sitios informativos activos.
Estos datos muestran que se han producido algunas aperturas, pero también que permanecen restricciones importantes.
Para el lector, una transición democrática no debería conformarse con avances fragmentarios. La restitución de derechos debe traducirse en garantías estables, iguales para todos y protegidas frente a futuras decisiones arbitrarias.
El miedo no desaparece cambiando el nombre de las leyes
Una de las preocupaciones más profundas del mensaje es la posibilidad de que una reforma conserve los mecanismos de intimidación bajo otra formulación jurídica.
El lector teme que los instrumentos utilizados anteriormente para perseguir la disidencia sigan disponibles para las mismas estructuras de poder. Esta es su valoración política, no una conclusión sobre el contenido definitivo de una reforma que todavía requiere completar su proceso legislativo.
Pero la pregunta que plantea merece una respuesta institucional: ¿qué garantías impedirán que una norma reformada vuelva a emplearse contra periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos o ciudadanos que expresen opiniones críticas?
La respuesta no puede limitarse a prometer una aplicación diferente. También debe considerar mecanismos efectivos de control judicial, definiciones jurídicas precisas, respeto al debido proceso y protección de las libertades constitucionales.
En una democracia, combatir la incitación real a la violencia es compatible con proteger el debate público. Lo que no resulta aceptable es confundir la crítica política con un delito por el simple hecho de incomodar a quienes gobiernan.
Una sociedad que teme expresar sus opiniones difícilmente puede participar libremente en la construcción de su futuro.
El nuevo TSJ bajo la lupa ciudadana
El mensaje conecta esta controversia con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, uno de los asuntos centrales de las conversaciones políticas respaldadas por Estados Unidos.
El lector pregunta qué garantías tendrán los venezolanos de que los nuevos magistrados actuarán con independencia si permanecen estructuras capaces de condicionar sus decisiones.
La inquietud adquiere relevancia porque la renovación judicial no depende únicamente de seleccionar profesionales con buenas credenciales. También requiere procedimientos transparentes, estabilidad institucional y protección frente a cualquier forma de presión política.
El proceso de postulaciones ha despertado interrogantes sobre los criterios de selección, la participación de la sociedad civil y el funcionamiento de las instancias encargadas de evaluar a los candidatos.
El 17 de octubre, la delegación opositora que participa en las negociaciones informó que mantenía conversaciones con representantes del Colegio de Abogados sobre propuestas para transformar el sistema de justicia. Es una señal de actividad institucional, aunque todavía no permite determinar cuál será el resultado definitivo de la renovación.
Para el lector, justamente allí está el problema: Venezuela necesita magistrados independientes, pero también condiciones que les permitan ejercer esa independencia sin amenazas ni interferencias.
De poco serviría renovar los nombres de un tribunal si permanecieran intactas las prácticas que antes condicionaron el funcionamiento de la justicia.
La transición necesita resultados, no solamente etapas
Otro punto del mensaje está dirigido a Washington y al proceso que el lector identifica con la estrategia de tres fases de Donald Trump y Marco Rubio.
Su preocupación consiste en que una transición administrada progresivamente termine tolerando durante demasiado tiempo mecanismos institucionales incompatibles con una democracia plena.
Es razonable reconocer que desmontar estructuras autoritarias después de muchos años puede requerir negociaciones, reformas complejas y acuerdos entre sectores enfrentados.
Pero esa complejidad no debería convertirse en una justificación permanente para postergar la restitución de derechos.
El lector no desconoce que los cambios profundos necesitan tiempo. Por el contrario, admite que tantos años de deterioro institucional no pueden resolverse de la noche a la mañana. Lo que cuestiona es que no se aproveche cada oportunidad para avanzar.
Su planteamiento distingue entre una transición gradual con resultados verificables y una sucesión de medidas parciales que dejan sin resolver los problemas fundamentales.
La diferencia es decisiva. Una reforma útil debería reducir efectivamente los espacios de arbitrariedad. Una renovación judicial debería fortalecer la independencia de los jueces. Una apertura informativa debería permitir que los medios funcionen sin restricciones políticas. Y una política de reconciliación debería ofrecer garantías reales para que ninguna persona sea perseguida por sus ideas.
Dinorah Figuera, la Asamblea de 2015 y las responsabilidades pendientes
El lector también interpela directamente a Dinorah Figuera, a los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y al Departamento de Estado estadounidense, por su participación o acompañamiento en el proceso de conversaciones.
No se trata de atribuirles automáticamente responsabilidad por cada decisión adoptada por las autoridades venezolanas. Se trata de exigir que expliquen públicamente qué están defendiendo, cuáles son sus objetivos y qué garantías consideran indispensables.
La ciudadanía necesita conocer los compromisos asumidos, las condiciones de las reformas y los procedimientos previstos para comprobar su cumplimiento.
El silencio o la falta de información suficiente pueden alimentar sospechas incluso cuando existan avances reales.
Por eso, los representantes que participan en las conversaciones tienen una responsabilidad adicional: mantener informada a la sociedad y explicar tanto los acuerdos alcanzados como los obstáculos que impiden avanzar.
La transparencia no es un favor al ciudadano. Es una obligación de quienes intervienen en decisiones que pueden determinar el futuro institucional del país.
No basta con reformar: hay que devolver la confianza
El fondo de esta reflexión es una exigencia de coherencia. Venezuela necesita leyes que protejan derechos, instituciones que respondan a los ciudadanos y autoridades capaces de reconocer los abusos del pasado sin conservar las condiciones que facilitaron su repetición.
Una reforma legal puede representar un avance si elimina disposiciones incompatibles con las libertades fundamentales y establece garantías eficaces. Pero será insuficiente si permite que continúen las mismas prácticas de intimidación.
En Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe abrir espacio a estas voces porque expresan una desconfianza que no puede resolverse únicamente con declaraciones oficiales. Escuchar al ciudadano también significa reconocer que la credibilidad institucional debe ganarse mediante hechos.
La transición venezolana necesita aprovechar cada día para fortalecer la justicia, garantizar la libertad de expresión, resolver la situación de los presos políticos y eliminar mecanismos de persecución. No basta con prometer que el futuro será diferente. Hay que demostrarlo mediante decisiones verificables.
El lector termina con una advertencia que resume su reflexión: “La malignidad es mala, aunque sea a medias”. Detrás de esa expresión hay una exigencia sencilla: los abusos no dejan de serlo porque se reduzcan parcialmente o cambien de apariencia.
Venezuela necesita reconciliación, pero también libertades completas. Necesita nuevos magistrados, pero sobre todo justicia independiente. Necesita reformas, pero reformas que no dejen abiertas las puertas al miedo.
Porque una transición verdaderamente democrática no consiste solamente en administrar lo que debe cambiar, sino en construir garantías para que aquello que dañó al país no vuelva a repetirse.
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