Leandro Rodríguez Linárez (*)
No hay argumentos jurídicos, mucho menos legítimos, que justifiquen la permanencia del chavismo en el poder; por tal motivo, tampoco se justifica el secuestro institucional y todos sus lamentables actos retencionistas del poder, sin importar el cómo.
Insistimos, en 2007 (la reforma constitucional) los venezolanos dijimos no al proyecto propuesto por Chávez, mismo que posteriormente impuso a la fuerza vía habilitante y hoy nos está consumiendo la vida; en consecuencia, aparte de ilegal e ilegítimo, la permanencia del chavismo en el poder es extremadamente injusta.
La semana pasada la Unión Europea rechazó la invitación del chavismo a ser observadores en el 6D. Muy diplomáticamente el viejo continente declinó señalando que “no había tiempo”, pero el asunto es que no hay nada que observar en un proceso inconstitucional y antidemocrático en el que ya todo está servido, y en el que lo único que falta es votar por candidatos que impuso el régimen a través del Psuv, por las directivas de los partidos políticos opositores que expropió y de otras organizaciones colaboracionistas.
Para rematar, la misión independiente de la ONU en Derechos Humanos, acaba de confirmar que existen claras evidencias de perpetración de delitos de lesa humanidad por parte de Maduro y su régimen, algo que para los venezolanos ya estaba claro, pero para la comunidad internacional, lerda e insensible, era necesario corroborar.
Las implicaciones son desconocidas, el chavismo ha dado la espalda a todo espectro jurídico criollo y foráneo, aunque, afortunadamente, en época de la democracia civil (cuarta república) la nación suscribió acuerdos globales de protección democrática que, incluso, son de carácter supraconstitucional y son los que dan sustento a algunas acciones internacionales contra el régimen.
Preguntamos ¿Qué espera Capriles para retirar su apoyo a unas elecciones diseñadas por un régimen reiteradamente acusado internacionalmente de violador de derechos humanos? Esos son los hechos que hacen los políticos pierdan toda credibilidad.
¿Cómo Ochoa Antich va a pedir que la bancada del régimen acusado de violar derechos humanos realice en la “nueva AN” un Pacto Nacional de Derechos Humanos”? Si no fuera tan trágico lo que estamos padeciendo, sería risible.
¿Será que Claudio Fermín esta vez sí está enterado de las gravísimas acusaciones de crímenes de lesa humanidad que recaen en los orquestadores del 6D? O será que, como en el caso de Acosta Carles, ¿tampoco sabe?
El 6D se hace absurdo, en medio de inconstitucionalidad, de la peor crisis económica de toda la historia de Venezuela, en medio de la escasez de gasolina, de la pandemia que aún no nos ha mostrado su peor rostro, con hospitales destrozados, donde el régimen prefiere comprar más de 40 mil máquinas electorales antes de adquirir ventiladores para afrontar el pico del Covid-19 ¿En manos de quién estamos?
Ojalá resultasen inventos todo lo descrito, pero es una cruda realidad con la que nos enfrentamos todos los venezolanos. Somos penitentes en un país insostenible por los cuatros puntos cardinales, en el que la sobrevivencia día a día alcanza inusitados niveles de indignación. La agónica sostenibilidad recae en estos políticos colaboracionistas, reincidentes sospechosos en los mismos trágicos errores dizque electorales, que le dan la espalda al inmenso clamor de una mayoría que solo espera estrategias reales que den castigo a los responsables de tanto sufrimiento.
(*) El autor es politólogo.
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