La sombra de Rubio y los siete juristas: ¿quién evalúa al TSJ?
Vierne5. / Opinión. /
Por Matías Ricardo Escalona Cardinale | 6 de noviembre de 2026
Siete juristas examinan a los aspirantes al TSJ mientras Rubio confirma su continuidad. ¿Garantizará el proceso una justicia independiente?
- Consejo de Revisión de Credenciales del TSJ
- Siete juristas y reforma judicial venezolana
- Marco Rubio y transición democrática
- Independencia judicial en Venezuela
Venezuela acaba de poner a siete juristas a examinar las credenciales de quienes aspiran a integrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. En Washington, casi simultáneamente, Marco Rubio desmiente los rumores sobre su salida del gobierno de Donald Trump. Son acontecimientos distintos, pero políticamente conectados por una pregunta que puede definir el destino de la transición: ¿quién garantiza que el próximo TSJ será realmente independiente? Porque revisar títulos, expedientes y trayectorias profesionales es necesario. Lo difícil comienza cuando los candidatos reúnen todos los requisitos legales, pero su independencia frente al poder sigue siendo una incógnita.
El Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos fue instalado formalmente el martes 3 de noviembre y anunciado al día siguiente por las delegaciones del gobierno interino y de la Asamblea Nacional de 2015.
Su misión consiste en verificar el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales y académicas de los aspirantes a las magistraturas del TSJ, así como de quienes opten a responsabilidades en la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura.
Según el comunicado conjunto de las delegaciones, se trata de un órgano técnico asesor integrado por siete juristas. Su trabajo complementará el proceso desarrollado por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.
La instalación constituye un avance procedimental. Pero sería prematuro confundirla con una garantía de independencia judicial.
La verdadera dificultad no está solamente en determinar quién puede ser magistrado conforme a la ley. Está en impedir que el nuevo tribunal reproduzca las relaciones de subordinación política que durante años deterioraron la confianza de los venezolanos en la justicia.
Siete juristas y una responsabilidad histórica
El Consejo está integrado por Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, María Bernardoni de Govea, Silio César Sánchez, Federico Sebastián Fuenmayor y Deyanira Nieves.
La composición busca incorporar profesionales vinculados a distintas sensibilidades dentro del proceso de negociación política.
Según informó Infobae, el Consejo surgió de los acuerdos entre las delegaciones del gobierno interino y de la oposición, con acompañamiento estadounidense.
Existe, sin embargo, una particularidad jurídica que merece atención: este órgano asesor no está expresamente previsto dentro del mecanismo ordinario de selección establecido por la legislación venezolana.
Su creación responde a la necesidad política de introducir una instancia adicional de revisión y equilibrio.
Eso puede ser útil si fortalece la transparencia y evita decisiones discrecionales. Pero también exige delimitar cuidadosamente sus competencias para impedir conflictos con las atribuciones constitucionales del Comité de Postulaciones y de los órganos encargados de la designación.
Los siete juristas no eligen directamente a los magistrados. Su función consiste en examinar requisitos y aportar una evaluación técnica.
Es una diferencia fundamental.
Porque la responsabilidad política e institucional de la selección definitiva no desaparece mediante la creación de un comité asesor.
El calendario avanza, pero las garantías todavía deben demostrarse
El proceso contempla la renovación de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a los acuerdos alcanzados durante las negociaciones iniciadas meses atrás.
El 11 de noviembre está previsto el cierre de las postulaciones. Para el día siguiente se espera publicar la relación de aspirantes que cumplen los requisitos iniciales.
Posteriormente deberán desarrollarse las entrevistas, evaluaciones y procedimientos de selección correspondientes.
La meta política es completar la renovación durante diciembre. Algunas informaciones sitúan el 11 de diciembre como fecha de referencia, aunque el cronograma ha sido descrito por integrantes del Comité de Postulaciones como tentativo.
El diputado Pablo Pérez explicó a TalCual que la revisión se realizará de manera paralela entre las instancias participantes.
La rapidez puede contribuir a evitar que el proceso se prolongue indefinidamente. Pero una selección acelerada también plantea riesgos cuando se trata de autoridades llamadas a garantizar derechos fundamentales durante años.
Por eso resulta indispensable que la ciudadanía conozca no solamente los nombres de los aspirantes, sino también los criterios empleados para evaluarlos.
La publicación de un baremo constituye un avance. Su utilidad dependerá de que sea aplicado de manera consistente, verificable y sin preferencias políticas encubiertas.
Marco Rubio permanece en Washington
Mientras Caracas avanza con la selección judicial, Estados Unidos atraviesa su propia discusión política tras las elecciones legislativas de medio mandato.
Durante esta semana circularon informaciones sobre una posible salida de Marco Rubio del Departamento de Estado, vinculadas con sus eventuales aspiraciones presidenciales para 2028.
El Departamento de Estado rechazó esas versiones. Dylan Johnson, subsecretario para Asuntos Públicos Globales, cuestionó públicamente la información difundida por The Independent.
Posteriormente, el propio Rubio declaró a The New York Times que su intención siempre había sido permanecer al servicio de Donald Trump hasta el término del mandato presidencial.
La posición fue recogida el 5 de noviembre por Reuters.
Esto permite afirmar que Rubio ha expresado públicamente su intención de continuar en el cargo. No equivale, sin embargo, a una garantía absoluta de permanencia futura: los cambios de gabinete siempre dependen de decisiones políticas.
Para Venezuela, lo relevante es que continúa al frente de la diplomacia estadounidense un funcionario que ha participado directamente en el diseño de la política hacia la transición.
Su continuidad aporta estabilidad a la interlocución bilateral. Pero eso no significa que Washington tenga legalmente la facultad de escoger a los magistrados venezolanos.
La sombra de Washington y los límites de la soberanía
La influencia estadounidense sobre el proceso venezolano resulta evidente por su participación en las negociaciones y por los instrumentos económicos y diplomáticos que mantiene a su disposición.
La administración Trump ha promovido una estrategia que combina recuperación económica, estabilización institucional y una futura normalización democrática.
Desde esa perspectiva, contar con un Poder Judicial confiable puede ser indispensable para garantizar contratos, resolver controversias y generar seguridad jurídica.
También es necesario para establecer condiciones electorales verificables.
Pero conviene distinguir influencia política de autoridad constitucional.
No hay evidencia pública de que Marco Rubio esté evaluando personalmente los expedientes de los aspirantes al TSJ ni de que disponga de un poder formal de veto sobre sus nombramientos.
Lo que sí puede hacer Washington es valorar los resultados de la renovación judicial al definir su política hacia Venezuela.
Ahí reside la paradoja: la transición necesita acompañamiento internacional, pero su legitimidad exige que las nuevas instituciones respondan a la Constitución venezolana y no a la voluntad de una potencia extranjera.
Una justicia verdaderamente independiente debe poder actuar sin recibir instrucciones de Miraflores, de los partidos opositores o de Washington.
El verdadero examen no aparece en los títulos universitarios
La selección de magistrados requiere credenciales profesionales y condiciones de integridad. Pero los requisitos académicos no bastan para garantizar independencia.
Un jurista puede poseer formación sobresaliente y una larga trayectoria, pero carecer de autonomía frente a quienes favorecieron su nombramiento.
También puede haber participado anteriormente en actividades políticas sin que ello demuestre automáticamente incapacidad para ejercer funciones judiciales con imparcialidad.
Lo relevante es establecer garantías objetivas y mecanismos eficaces de control.
Por eso, el examen de las candidaturas debería concentrarse en varios aspectos:
- Trayectoria profesional: formación jurídica, experiencia acreditada y conocimiento de las responsabilidades constitucionales.
- Independencia: antecedentes de actuación profesional y posibles conflictos de intereses que comprometan la imparcialidad.
- Transparencia: publicación de criterios, puntuaciones y fundamentos de las evaluaciones.
- Participación ciudadana: mecanismos para formular observaciones e impugnaciones debidamente sustentadas.
- Garantías institucionales: procedimientos que protejan a los magistrados frente a presiones de los poderes públicos.
- Rendición de cuentas: instrumentos que permitan examinar la conducta judicial sin convertir la supervisión en persecución política.
La renovación del TSJ debería producir una institución capaz de resolver controversias contra cualquier autoridad, incluso contra quienes participaron en su designación.
Ese será el indicador más importante de su independencia.
Un nuevo tribunal no garantiza por sí solo una nueva justicia
Venezuela necesita reconstruir la confianza en un sistema judicial cuestionado durante años por decisiones vinculadas con restricciones políticas, conflictos institucionales y denuncias de falta de autonomía.
Pero sustituir a los magistrados no significa transformar automáticamente todas las prácticas del Poder Judicial.
La independencia también depende de los tribunales inferiores, del Ministerio Público, de los mecanismos disciplinarios y de las garantías efectivas para jueces, abogados y ciudadanos.
Un nuevo TSJ podría contribuir a corregir problemas estructurales. También podría convertirse en otra institución repartida mediante acuerdos partidistas si la selección prioriza cuotas de influencia sobre idoneidad.
El desafío consiste precisamente en evitar que una negociación concebida para superar la subordinación judicial reproduzca esa misma subordinación bajo nuevas proporciones políticas.
No se trata de garantizar que cada sector tenga determinados magistrados.
Se trata de garantizar que ningún magistrado deba su comportamiento judicial a un sector.
La diferencia es profunda.
La justicia y las elecciones no pueden separarse indefinidamente
La renovación judicial forma parte de una discusión más amplia sobre las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales competitivas.
La estrategia de transición respaldada por Washington ha otorgado importancia a la reorganización del Poder Judicial y del Consejo Nacional Electoral antes de culminar el proceso político.
Sin embargo, todavía no existe una convocatoria presidencial definitiva, públicamente verificable, con todas las garantías establecidas.
El año 2027 aparece en las discusiones como horizonte posible, pero no debe confundirse una expectativa política con un calendario electoral formalmente aprobado.
La relación entre justicia y elecciones es evidente: los tribunales pueden determinar la validez de decisiones electorales, proteger derechos de participación y resolver controversias que afectan la competencia democrática.
Por eso la renovación del TSJ resulta relevante para cualquier futura elección.
Pero también existe un riesgo: que la necesidad de reformar instituciones termine convirtiéndose en una justificación permanente para retrasar la restitución del voto.
Una transición responsable debe encontrar el equilibrio entre condiciones suficientemente confiables y plazos razonables.
Ni improvisación institucional ni provisionalidad sin término.
¿Quién examina realmente a los examinadores?
Los siete juristas tendrán una responsabilidad importante durante las próximas semanas.
Pero sería un error concentrar toda la atención en ellos y olvidar a quienes decidirán finalmente la composición del nuevo tribunal.
El Comité de Postulaciones, el Poder Ciudadano y la Asamblea Nacional deberán responder por las decisiones que adopten dentro de sus competencias.
También deberán explicar cómo se garantizará la aplicación uniforme de los criterios de evaluación y qué mecanismos permitirán corregir eventuales irregularidades.
El acompañamiento estadounidense puede contribuir a generar incentivos para cumplir los acuerdos. Sin embargo, la supervisión internacional no sustituye la responsabilidad de las autoridades venezolanas.
Y mucho menos el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se seleccionan quienes administrarán justicia en su nombre.
Si el proceso produce magistrados independientes, capaces de resistir presiones políticas y aplicar la ley sin privilegios, será un avance significativo para la transición.
Si termina favoreciendo candidaturas cuya principal virtud sea satisfacer los intereses de quienes negocian, la renovación habrá cambiado los nombres sin resolver el problema de fondo.
El país no necesita un TSJ que agrade a Marco Rubio, a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez o a cualquier dirigente opositor.
Necesita uno que pueda contrariarlos cuando la Constitución y la ley así lo exijan.
Ese es el verdadero significado de la independencia judicial.
El 11 de diciembre podrá convertirse en una fecha importante si culmina una selección transparente y jurídicamente sólida. Pero la confianza no nacerá automáticamente con la juramentación de nuevos magistrados.
Se construirá después, sentencia por sentencia, mediante decisiones que demuestren que la justicia dejó de funcionar como una prolongación del poder político.
La sombra de Washington puede influir sobre el escenario diplomático. La firma de los siete juristas puede contribuir a ordenar la evaluación técnica. Pero ninguna de las dos cosas reemplaza la responsabilidad constitucional de construir instituciones independientes.
Porque el examen definitivo no lo rendirán solamente los aspirantes al TSJ. Lo rendirá toda la clase política venezolana cuando deba aceptar que un juez independiente puede decidir en su contra.
Y ese día sabremos si realmente comenzó una nueva etapa de justicia o si solamente cambiaron los examinadores.
Comparte esta columna y participa en el debate sobre la independencia judicial y la transición venezolana. ¿Qué opinas? Escríbenos a redaccion@vierne5.com. Tu voz también cuenta.
El periodismo independiente permite examinar las decisiones institucionales, contrastar los compromisos públicos y exigir transparencia a quienes ejercen el poder.
Apoya a Vierne5: Donar desde 1 €
Recibe nuestros titulares directamente en tu correo.
Suscríbete gratis y mantente informado.
Vierne5. / Opinión. / Matías Ricardo Escalona Cardinale.
