Vierne5 / Insólito.El gobierno de Venezuela, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, sentenció que cualquier ciudadano inhabilitado puede participar, e incluso ganar unas elecciones, “pero no podrán ejercer los cargos”.
La administración de Nicolás Maduro, y el PSUV, que son de verdad las dos instancias que controlan los poderes en este país, expresaron a través de su funcionario en la Cancillería, que en Venezuela no se incurre “ni se seguirá incurriendo”, en violaciones a los derechos humanos y ciudadanos con la sistemática serie de inhabilitaciones a las garantías políticas de sus ciudadanos y de los adversarios al mismo gobierno, algunos de los cuales tienen claras probabilidades de triunfo en las elecciones presidenciales de 2024.
El ministro Gil, instruido previamente por sus jefes, negó rotundamente este miércoles que en Venezuela haya ciudadanos que puedan haber perdido el derecho político a elegir o a ser electos. “Eso está garantizado”, dijo.
Pero no podrán ejercer
“No hay ni una persona en Venezuela que no sea por una decisión de un tribunal, que haya perdido el derecho político a elegir o a ser electo”, dijo Gil miércoles durante una sesión ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, organismo de expertos independientes que supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de sus Estados partes.
“Hemos visto el caso de algunos personeros políticos que han sido inhabilitados de cumplir funciones dentro de la administración pública; pero eso no significa que se esté conculcando algún derecho político, ellos pueden participar en una elección, pueden elegir, pueden ser electos, pero por hechos de corrupción debidamente documentado ante la Contraloría, han sido inhabilitados de la función pública”, continuó el funcionario. Es decir, que pueden ser electos, pero no pueden ejercer.
El canciller insistió en que los derechos políticos en Venezuela “están intactos” y que sólo pueden ser levantados por medida de un tribunal o tribunales, casualmente también controlados por el gobierno.
Gil aseguró que “no es una práctica selectiva” y que el tema de las inhabilitaciones es parte de un “discurso” utilizado por un sector político para “atacar” la institucionalidad venezolana.
Contrariando todas las prácticas, sugerencias y recomendaciones, el gobierno de Venezuela sigue insistiendo en descalificar y acorralar a sus opositores, en tanto pide que se le levanten las sanciones porque ellos, como dicen, “no han hecho absolutamente nada”.
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