Editorial/
Cómo la manipulación del sistema judicial en Venezuela perpetúa la opresión y socava la democracia.
En la continuación de mi anterior editorial, es esencial profundizar en la devastadora estrategia que los gobiernos comunistas en Venezuela han desplegado para controlar las instituciones que alguna vez representaron un baluarte de la democracia y la justicia en nuestro país.
La eliminación de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara de Senadores marcó un punto de inflexión en la historia institucional venezolana. Al reemplazarlas con un Tribunal Supremo de Justicia cuyos jueces fueron nombrados a dedo por el régimen, se consolidó un supra poder alineado incondicionalmente con el gobierno. Esta estructura judicial, supuestamente independiente, actúa como un títere que obedece ciegamente los intereses del ejecutivo, replicando modelos autoritarios vistos en China, Rusia y Cuba.
Este aparato judicial ha sido transformado en una herramienta de persecución política, utilizado para silenciar a opositores y para validar decisiones antidemocráticas que socavan las libertades de los ciudadanos. Juicios sin debido proceso, tribunales militares juzgando a civiles, sentencias arbitrarias y condenas sin evidencia clara, son la norma. Este nuevo «tribunal» se ha convertido en un instrumento para legalizar la represión y disfrazar la falta de imparcialidad bajo un manto de legalidad falsa.
La designación de estos jueces no responde a criterios profesionales ni éticos, sino a la lealtad que muestran al régimen. La concentración de poder que reside en esta institución se extiende a todos los niveles del sistema judicial, permitiendo que la injusticia se permee en cada rincón del país. Los fiscales, magistrados y hasta los abogados sienten la presión para mantener el statu quo, perpetuando una estructura que protege únicamente a los intereses del gobierno.
La erradicación de una justicia verdaderamente independiente ha permitido que el régimen opere sin restricciones, erosionando la confianza de los venezolanos en la imparcialidad de las instituciones. Los derechos de los ciudadanos a un juicio justo y a una defensa legal adecuada, se han convertido en conceptos abstractos que no encuentran lugar en esta nueva versión de Venezuela.
Como sociedad, no podemos permitir que este modelo de justicia se convierta en la norma. Debemos unirnos en una lucha firme para reconstruir un sistema en el que los jueces y las cortes respondan al pueblo, y no a los designios de un gobierno que ha traicionado los principios democráticos.
El regreso de una verdadera Corte Suprema de Justicia y de un Parlamento bicameral, puede restaurar el equilibrio entre los poderes, asegurando que el pueblo recupere el acceso a una justicia real e imparcial.
Es hora de que la justicia deje de ser una herramienta política y vuelva a ser el pilar que defiende los derechos humanos y la igualdad en Venezuela.
Victor Julio Escalona
Editor
