Jueza suspende deportaciones expres de migrantes que entraron a Estados Unidos de manera legal
Vierne5 / Una jueza federal suspendió este viernes en Estados Unidos las denominadas “deportaciones aceleradas de inmigrantes” que ingresaron al país de manera legal.
Con esto se pretende de manera legal ponerle freno al intento del gobierno de Trump de acelerar la deportación de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos a través de programas de “parole” (o autorizaciones de permanencia humanitaria), lo que representa una victoria para los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que argumentaban que la política era ilegal y peligrosa.
El fallo impide temporalmente que el gobierno deporte a personas a quienes se les concedió “parole” en los puertos de entrada y que posteriormente fueron detenidas —a menudo sin previo aviso y, en algunos casos, tras comparecer ante tribunales de inmigración— a pesar de tener documentos válidos, empleos u otras formas de alivio pendientes, reseñó la cadena de noticias CNN.
“En un mundo de malas opciones, actuaron conforme a las reglas”, escribió la jueza Jia Cobb, designada por el ex presidente Joe Biden. “Ahora, el gobierno no solo ha cerrado esas vías para los recién llegados, sino que también ha cambiado las reglas para las personas con ‘parole’ que ya se encuentran aquí”, subrayó.
Expertos señalan que la política migratoria de Trump probablemente viola el estatuto de deportación acelerada y es “arbitraria y caprichosa” según el derecho administrativo. La suspensión permanecerá vigente mientras se tramite la demanda.
La orden formal de la juez suspende la aplicación de tres directivas de la era Trump: un memorando de Seguridad Nacional de enero, una directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de febrero y la cancelación en marzo de los programas de “parole” humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El fallo de la juez se aplica específicamente a las personas a las que previamente se les concedió la autorización de permanencia en los puertos de entrada.
Este caso marca uno de los primeros cuestionamientos judiciales importantes a la política migratoria bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump y es ampliamente visto como un indicador de cómo los tribunales federales interpretarán el poder ejecutivo luego de la decisión de la Corte Suprema, que redujo el alcance de los tribunales federales.
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