Juez ordena detener arrestos migratorios en California sin causa probable
Vierne5 / Una jueza federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional suspender los arrestos en redadas migratorias en Los Ángeles sin causa probable.
La orden de la magistrada ordena también al departamento gubernamental que deje de detener a personas únicamente por motivos de raza, idioma o profesión, una de las mayores ofensas que comete el plan migratorio del presidente Donald Trump.
La jueza federal de distrito, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, designada por el ex presidente Joe Biden, ordenó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), desarrolle directrices para que los agentes determinen una “sospecha razonable” sin basarse en la raza o etnia aparente de una persona, el idioma que habla o su acento, su “presencia en un lugar determinado” como una parada de autobús o su ocupación.
El fallo se produce después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), del Sur de California, presentara la semana pasada una demanda contra la administración Trump en nombre de cinco personas y grupos de defensa de inmigrantes, alegando que el DHS –que supervisa a ICE– ha realizado arrestos inconstitucionales.
La cadena de noticias CNN en español, que conoció de la noticia, dijo que el fallo se limita a la jurisdicción de siete condados del Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles y sus alrededores, pero que puede considerarse un precedente.
Frimpong dijo en su fallo que el tribunal necesitaba decidir si los demandantes podían probar que la administración Trump “efectivamente está realizando patrullajes itinerantes sin sospecha razonable y negando el acceso a abogados”.
“Este Tribunal decide, basándose en todas las pruebas presentadas, que así es”, escribió Frimpong, señaló que la administración “no” proporcionó información sobre las bases de los arrestos. La orden de restricción temporal también aplica al FBI y al Departamento de Justicia, que también figuran como acusados en la demanda y han participado en la aplicación de las leyes migratorias.
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