HRW detecta paradoja en el gobierno venezolano
Vierne5. / Nacionales.
Human Rights Watch advierte avances parciales y estructuras represivas intactas tras su visita a Caracas.
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- Represión y transición venezolana
- Visita de HRW a Caracas
Human Rights Watch detectó una paradoja dentro del actual gobierno venezolano tras su visita a Caracas: conviven funcionarios vinculados durante años a graves violaciones de derechos humanos con actores que han tomado decisiones orientadas a reducir parte de la represión. La observación, formulada por Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización, coloca la transición venezolana ante una pregunta clave: si los cambios recientes son el inicio de una reforma real o una pausa limitada dentro de un aparato estatal todavía intacto.
La visita de HRW tuvo un peso simbólico especial. El equipo de la organización estuvo una semana en Caracas, en lo que medios internacionales describieron como su primera misión al país en 18 años, después de la expulsión de su entonces director José Miguel Vivanco durante el gobierno de Hugo Chávez. La delegación incluyó a Federico Borello, Juan Papier, Juanita Goebertus y Marina Rápido.
El diagnóstico no fue de ruptura plena ni de continuidad absoluta. HRW reconoció señales de disminución de la represión, pero advirtió que las estructuras responsables de los abusos siguen funcionando. Federico Borello resumió esa tensión al señalar que existe una “pausa” o “tregua”, aunque el aparato estatal responsable de violaciones permanece en pie.
Una visita que expone el dilema de la transición
La llegada de HRW a Caracas se produjo en un momento de apertura parcial. El gobierno de Delcy Rodríguez ha tomado decisiones que apuntan a bajar la presión represiva: liberaciones parciales, desbloqueo de algunos medios digitales y mayor margen para ciertos actores civiles y opositores. Sin embargo, HRW sostiene que esas acciones son insuficientes si no se desmontan las leyes, tribunales, cuerpos de seguridad y prácticas que hicieron posible años de persecución.
La paradoja señalada por Goebertus está precisamente allí: el mismo gobierno que permite gestos de distensión conserva dentro de su estructura a personas y organismos asociados con abusos graves. Esa coexistencia obliga a mirar más allá del gesto político inmediato y evaluar si hay capacidad institucional para garantizar no repetición.
El problema no es solo quién ocupa los cargos. También importa qué leyes siguen vigentes, qué cuerpos de seguridad mantienen poder operativo, qué tribunales conservan expedientes políticos y qué garantías tienen quienes fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura, censura o persecución.
Avances parciales frente a un aparato sin reforma profunda
Human Rights Watch ya había advertido en febrero que las autoridades venezolanas debían reformar instituciones judiciales y electorales, así como derogar leyes abusivas. En ese comunicado, la organización sostuvo que liberar presos políticos trae alivio, pero no basta si permanece intacto el aparato utilizado para detenerlos.
Ese punto es central para entender la evaluación actual. Una transición con presos liberados, medios desbloqueados o discursos de pacificación puede generar expectativas, pero no garantiza derechos si las herramientas de represión siguen disponibles para ser usadas de nuevo.
Las medidas de corto plazo pueden abrir espacio político, pero la reforma estructural exige decisiones más profundas:
- revisar expedientes de presos políticos y detenidos arbitrariamente;
- garantizar acceso a defensa, familiares y atención médica;
- cerrar centros de detención asociados con abusos;
- derogar o reformar leyes usadas para criminalizar disidencias;
- reformar cuerpos de seguridad e inteligencia;
- garantizar elecciones con participación real de opositores;
- restaurar independencia judicial y control civil sobre la fuerza pública.
La advertencia de la ONU refuerza el diagnóstico
La lectura de HRW coincide con hallazgos recientes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. Reuters reportó que esa misión concluyó que el aparato represivo venezolano continúa ampliamente intacto, pese a una reducción de algunos abusos tras la remoción de Nicolás Maduro del poder a comienzos de 2026.
Según ese reporte, la misión reconoció medidas como liberaciones de presos, una ley de amnistía y el cierre de El Helicoide, pero las calificó como parciales, condicionales y potencialmente reversibles. También señaló que funcionarios vinculados a la represión permanecen en posiciones clave y que agencias de seguridad, inteligencia y leyes restrictivas no han sido reformadas de forma significativa.
La ONU también documentó denuncias de malos tratos, tortura y condiciones severas en centros como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, además de vínculos entre estructuras estatales y colectivos armados usados para intimidar opositores.
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Por qué importa para los venezolanos
La discusión sobre derechos humanos no es un asunto reservado a organizaciones internacionales. Afecta directamente a presos políticos, familiares de detenidos, periodistas, defensores, dirigentes comunitarios, activistas, partidos y ciudadanos que necesitan garantías para participar sin miedo.
Si el aparato de represión no cambia, cualquier apertura puede ser temporal. Un ciudadano puede recuperar hoy libertad de expresión parcial y perderla mañana si siguen activas las mismas leyes, los mismos tribunales obedientes y los mismos cuerpos de seguridad sin control democrático.
También afecta la credibilidad de la mesa de diálogo. La renovación del CNE y del TSJ no tendrá suficiente legitimidad si no se acompaña de garantías concretas: libertad para competir, protección frente a detenciones arbitrarias, revisión de inhabilitaciones, independencia judicial y condiciones reales para ejercer derechos políticos.
El desafío del TSJ y el CNE
La reforma institucional aparece como el centro de la discusión. HRW ha insistido en la necesidad de restaurar la independencia judicial y revisar la composición del árbitro electoral para crear condiciones de elecciones libres y justas.
El nuevo TSJ no puede ser solo un cambio de nombres. Debe demostrar que puede revisar abusos, controlar al poder, proteger derechos y actuar frente a casos sensibles sin subordinación política. Un nuevo CNE, por su parte, necesita reglas claras para candidaturas, observación, registro electoral, voto en el exterior y resolución imparcial de disputas.
Sin esos cambios, la paradoja descrita por HRW seguirá operando: un gobierno que ofrece señales de apertura mientras conserva herramientas suficientes para cerrar el espacio cívico cuando lo considere conveniente.
Las medidas urgentes que siguen pendientes
La visita de HRW deja una agenda mínima para medir si la transición avanza. No basta con reuniones, declaraciones o gestos aislados. El cambio debe verse en decisiones verificables.
- liberación incondicional o revisión judicial efectiva de detenidos arbitrariamente;
- autorización para inspecciones independientes en centros de detención;
- cierre de cárceles y espacios clandestinos asociados con abusos;
- derogación o reforma de leyes usadas contra opositores, periodistas y defensores;
- reforma del aparato de seguridad e inteligencia;
- protección plena de libertad de expresión, asociación y protesta;
- garantías electorales para todos los liderazgos y partidos;
- investigación de responsabilidades por violaciones graves a los derechos humanos.
Preguntas frecuentes
¿Qué detectó Human Rights Watch en su visita a Caracas?
Detectó una coexistencia dentro del gobierno entre figuras vinculadas a violaciones graves de derechos humanos y actores que han tomado medidas para reducir parte de la represión.
¿HRW considera que la represión terminó?
No. La organización reconoce señales de disminución, pero advierte que el aparato estatal responsable de abusos sigue intacto y requiere reformas profundas.
¿Qué reformas considera clave?
Reformas judiciales, electorales, legales y de seguridad; además de liberación de detenidos arbitrarios, garantías políticas y control sobre centros de detención.
La paradoja señalada por Human Rights Watch resume el momento venezolano: hay señales de apertura, pero también estructuras de abuso que no han sido desmontadas. Esa tensión definirá si el país avanza hacia una transición con derechos o si apenas administra una tregua política reversible.
En Vierne5 creemos que el periodismo independiente debe observar esa frontera con rigor: no para negar los avances, sino para exigir que sean reales, medibles y sostenibles. Una democracia no se reconstruye solo con gestos; se reconstruye cuando la ley protege al ciudadano frente al poder.
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