Vierne5 / En un país en el que no existen instituciones porque ninguna de ellas tiene independencia, el Tribunal Supremo de Justicia está tan vacío de credibilidad como el CNE que decretó la reelección de Nicolás Maduro.
Ese es el ambiente que se vive en Venezuela. Si en este paúis los gobernantes se hubieran asegurado de la imparcialidad de esas instituciones asegurándose de que a los altos cargos llegaran personalidades probas, otra cosa hubiera ocurrido.
Por ello, destaca un trabajo de la agencia DW, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) validara el triunfo electoral atribuido a Nicolás Maduro no sorprendería a nadie. Tampoco a la oposición, que le atribuye a esa corte tanta neutralidad como la que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya proclamó hace semanas una cuestionada victoria de Nicolás Maduro.
«Estas elecciones se hicieron en un marco de ausencia del Estado de Derecho», señaló a DW Leandro Querido, fundador de la organización Transparencia Electoral.
«Al no tener Estado de Derecho ni división de poderes, todas las instancias responden al poder ejecutivo y eso se ha visto con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, que ha sido vergonzoso», afirma el experto.
El especialista ha seguido procesos electorales en América Latina desde hace 15 años y asegura no recordar «ningún fraude electoral estructural más grotesco en la historia contemporánea» de la región como el de Venezuela.
Lo concreto es que no se han publicado las actas electorales, pese a la insistencia de la comunidad internacional. «Ellos tienen las actas que tiene la oposición. Recordemos que la máquina, cuando se hace el escrutinio en cada mesa, emite en formato papel un respaldo, y las actas que tiene la oposición -el 83 por ciento- las tiene también la autoridad electoral, que no sabemos por qué nunca las mostró mi quiere mostrar», subraya el fundador de Transparencia Electoral.
Querido descarta prácticamente que se puedan publicar documentos alterados. «Es, yo diría, imposible, porque hay actas originales en poder de la oposición, que las mostró al mundo a través de una plataforma. Sería muy evidente la manipulación», dice, mencionando además los resguardos de seguridad.
Por su parte, Alfredo Rojas Calderón, doctor en Ciencias de la Comunicación y en Ciencias Políticas, e investigador en la Universidad Complutense de Madrid señala que «el mismo control que el gobierno ejerce sobre el Consejo Nacional Electoral lo ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia, y lo más grave es que no hay instituciones internas para dar respuesta a esta situación».
Rojas acaba de pasar varios días en Venezuela, donde fue a votar. Considera que la estrategia del gobierno ha consistido en traspasar la responsabilidad del CNE al TSJ, esperando que, con su pronunciamiento, se dé por zanjado el tema: «Es una última instancia, entonces, allí quedaría el asunto, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia se exprese. Eso tendría el carácter de cosa juzgada, por lo tanto, ahí no habría nada más que hacer», subraya anotando el riesgo que eso implica.
Para Rojas la intención de Maduro es esa, y hace notar un aspecto curioso: «El que se considera ganador de las elecciones y ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral, es quien recurre al Tribunal Supremo de Justicia para hacer un reclamo… Este es un dato más que evidencia que los resultados anunciados por el CNE no son creíbles». Rojas destaca ese punto. «He conversado con algunas personas expertas en el sistema, y dicen que tendrían problemas si quisieran falsificar o emitir nuevas actas porque tendrían que desarrollar todo el proceso nuevamente. Falsificar las actas con los códigos de seguridad que tienen, incluyendo la firma de los miembros y testigos de las mesas, es imposible dentro del sistema. Fuera del sistema podrán hacer cualquier cosa, buscar impresoras que lo hagan de la forma más precisa posible, no sé», reflexiona el politólogo venezolano.
La tesis del «hackeo»
El gobierno ha hablado de un ataque informático, argumento que fue usado también para recurrir al TSJ. «Yo llegué a pensar que eso podía conducir al planteamiento de una repetición de las elecciones», comenta Rojas, «pero no se hizo. Hubo resultados electorales». Al dar esos resultados, por mera lógica, la tesis del hackeo pierde sentido. «Si tu candidato ganó, como dices, y ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral con ese hackeo, entonces significa que ese hackeo no es el problema», indica.
«El mismo control que el gobierno ejerce sobre el Consejo Nacional Electoral lo ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Lo más grave es que no hay instituciones internas para dar respuesta a esta situación», insiste.
Leandro Querido retoma el tema y habla de un «sinsentido», y pone en tela de juicio lo que pudiera publicarse ahora. «Eso no es susceptible de verificación alguna y, sobre todo, no es susceptible de ser verificado por organismos independientes… No hay nadie que esté avalando hoy el accionar de la autoridad electoral y de esta instancia judicial». Por eso considera que «seguir reclamándole a una autoridad electoral que respalde con documentos el resultado que en su momento dio, al día de hoy, es extemporáneo».
Para Rojas, en cambio, sigue teniendo sentido que la comunidad internacional demande la publicación de las actas, «siempre y cuando se pase de esa exigencia a una gestión». Plantea que se tendría que poner ya a disposición un grupo de expertos que se presente al gobierno venezolano, para hacer la auditoria y la verificación de los resultados, y que eso debería ir acompañado de un diálogo.
«Aquí la única salida democrática, institucional y política, es la negociación. Eso es lo que debe forzarse, a eso debe conducir la presión, tanto interna como internacional», subraya.
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