EL FRAUDE ELECTORAL COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Vierne5. / Editorial.
No fue solo un fraude electoral, fue una maquinaria de destrucción sistemática de derechos.
Cuando robarle la voluntad a un pueblo se convierte en una forma de persecución masiva.
Venezuela no solo ha sido testigo de fraudes electorales. Ha sido víctima de un sistema que, cada vez que se burla de la voluntad popular, instala nuevas formas de represión, expulsión, exclusión y exterminio político. El 28 de julio de 2024 no fue una simple jornada de irregularidades. Fue la consolidación de un crimen que ya venía en marcha, pero que ese día se materializó como una bofetada al derecho de los pueblos a decidir su destino.
Cuando un régimen bloquea candidaturas opositoras, persigue a sus simpatizantes, encarcela disidentes, manipula el registro electoral, controla al árbitro comicial y, finalmente, proclama unos resultados fabricados, está cometiendo algo más que un fraude: ejecuta una política de aniquilación de la democracia.
Y eso tiene nombre en el derecho internacional: crimen de lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha definido como tales a los actos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque. El fraude del 28J no se cometió por accidente ni fue el resultado de errores aislados. Fue planificado, ejecutado y sostenido desde el Estado, con recursos del Estado, con funcionarios del Estado. Fue un acto de poder para perpetuar el poder.
El pueblo que votó el 22 de octubre de 2023 por una candidata unitaria fue despojado de ese derecho. La oposición que se organizó en medio de adversidades fue desmontada con chantaje y represión. Los ciudadanos que intentaron movilizarse fueron reprimidos, espiados, judicializados. Lo ocurrido tras el 28J no fue simplemente «continuismo»: fue la ejecución sistemática de un plan para borrar la voluntad popular, eliminar el pluralismo y cerrar la vía electoral.
La ONU, la OEA, la Unión Europea y los Estados democráticos del mundo no pueden seguir llamando a esta farsa “elecciones”. Deben reconocer que lo ocurrido en Venezuela amerita ser documentado como un crimen de lesa humanidad. No basta con pedir «nuevas condiciones» o «nuevas elecciones». La comunidad internacional debe avanzar hacia una investigación formal.
Desde Vierne5 levantamos la voz: lo que se robó el 28J fue mucho más que una elección. Fue la esperanza, la fe en las reglas, la confianza en el cambio pacífico. Se violaron derechos fundamentales y se instauró un mecanismo de persecución electoral que sigue activo.
Llamamos a los juristas, académicos, activistas y víctimas a trabajar juntos por una denuncia formal ante la CPI. Que el mundo sepa que, en Venezuela, votar también puede ser una forma de resistencia.
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