Crisis en Guatemala: No dejan asumir al presidente electo
Vierne5 / El reciente allanamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Guatemala, así como el arbitrario encarcelamiento de la jurista Claudia González, integrante de la expulsada Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), tienen cabida en una resolución de la Eurocámara , emitida este jueves, por la situación electoral del país centroamericano.
Seis grupos políticos han coincidido, de manera insólita, en condenar los intentos de maniobrar contra el clarísimo resultado electoral que debería culminar con la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, en enero de 2024.
«Que hayamos coincidido todos es una señal muy fuerte y clara: es escandaloso y muy peligroso lo que está sucediendo en Guatemala”, dijo a la agencia alemana de noticias DW Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de América Central (DCAM).
El que se siga intentando ilegalizar al partido del binomio ganador, el Movimiento Semilla, cabe en las preocupaciones expresadas por una amplísima mayoría de la Eurocámara. El texto aprobado recoge el pedido de la sociedad civil guatemalteca para que la observación electoral europea siga atenta.
«Aunque la Misión de Observación Electoral haya dejado el país a comienzos de septiembre, una vez se validó el proceso de recuento, sigue observando la situación.
Aparte de los aspectos positivos del sistema electoral -que llevó a cabo un proceso de votación y recuento impecable-, también se incluirán en el informe preocupantes acontecimientos, como el allanamiento del TSE, la pérdida de custodia de los votos de la primera vuelta y el recuento absolutamente ilegal, por parte de la Fiscalía, contra la Impunidad”, reiteró a DW Jordi Cañas, jefe de la MOE.
«El informe con nuestras recomendaciones lo presentaremos el 31 de octubre y en dos años volveremos al país a monitorear avances”, prosiguió Cañas. Con todo, el jefe de la MOE insiste en que «los problemas que estamos viviendo no son del sistema electoral, son de personas e instituciones que están intentando poner en cuestionamiento el resultado del proceso electoral e intervenirlo a posteriori”.
«La situación empeora día a día”, asegura, por su parte, Tilly Metz, quien, en su función de presidenta de la DCAM, está en permanente contacto con la Delegación de la Unión Europea en el país.
«Por eso a mí me habría gustado solicitar en esta resolución medidas restrictivas contra miembros de la Fiscalía y el Ministerio Público”, afirmó Metz, denunciando la persecución a los operadores de justicia independientes que ahora están en el exilio o, como Claudia González, en la cárcel.
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