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La Ley permitirá hacer asociaciones nuevas, atraer inversiones, reactivar activos y proteger activos dentro y fuera de Venezuela, e incorporar a los sectores productivos, a la gran industria, a la pequeña y mediana empresa, al poder popular, y por supuesto, a las inversiones de gran capital.
De acuerdo con el viceministro William Castillo, la Ley ayudará al país a «hacer asociaciones nuevas, atraer inversiones, reactivar activos y proteger activos dentro y fuera de Venezuela, e incorporar a los sectores productivos, a la gran industria, a la pequeña y mediana empresa, al poder popular, y por supuesto a las inversiones de gran capital», lo que permitiría al país revertir los daños del último quinquenio.
No obstante, algunos sectores identificados con el chavismo se mantienen cautelosos en torno a la iniciativa legal y consideran que se debe dar a conocer su contenido de una forma más amplia, a pesar de «la necesidad de la confidencialidad» referida por el gobierno.
Para la abogada y constitucionalista, María Alejandra Díaz, la Ley no puede obviar que la Constitución será siempre «la norma suprema del ordenamiento jurídico» y que en Venezuela existe un «Principio de Transparencia», que supone el deber de informar toda la actividad de la Administración Pública.
«La pérdida de la Soberanía podría generarse en el hecho de la desaplicación y flexibilización del ordenamiento jurídico por tiempo indefinido y en secreto», sostiene Díaz, ya que la temporalidad de la nueva normativa dependerá del plazo que perdure el bloqueo estadounidense.
Sobre ese particular, el viceministro asegura que aunque la Ley será de rango constitucional «no estará por encima de la Constitución» y será controlada a través del Consejo de Estado y la Contraloría General de la República, mediante «reglamentos especiales» pensados para esta normativa.
Maduro afirmó que de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por la venta de petróleo en el 2014, hoy obtiene menos de uno. Pasamos de 56.000 millones de dólares a menos de 400 millones de dólares el año pasado», precisó Maduro, quien agregó los peores daños recaen sobre la industria petrolera nacional.
Desde el 9 de marzo del año 2015, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, declaró una emergencia nacional contra Venezuela, tras considerar que la situación política del país suramericano constituía «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad y política exterior de Washington, lo que sentó las bases jurídicas para la imposición de siete decretos u órdenes ejecutivas y 300 medidas administrativas contra Venezuela, que se intensificaron en los últimos meses.
