Con rastros de sangre, amenazas y violencia, la extorsión gana terreno en Lara y Portuguesa

Vierne5 / Epicentro en el Zulia, el morbo descompuesto de la extorsión, ya tiene sus ramificaciones, como el cáncer, en los estados Lara y Portuguesa, cuencas de la interacción comercial que ocurre en los llanos y en el centro occidente del país.

Según el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia, “en el año 2022 se observar un incremento generalizado de las actividades de extorsión sobre aquellos actores económicos o individuos que tienen acceso a dólares u otras monedas extranjeras”.

En el último mes las noticias de extorsión por parte de bandas relacionadas al crimen organizado han colmado los portales, pero esta modalidad viene pasando hace un rato, advierte el informe, que hace referencia a lo que está pasando en el Zulia.

Y más acá, este es el caso del estado Lara, que en los últimos años, esta tipología delictiva se ha convertido en una amenaza debido a su alto crecimiento, aunque de manera silenciosa.

“No hay estadísticas, registros. Tampoco, que se sepa públicamente, denuncias abundantes por parte de las víctimas. Es un riesgo que los afectados no quieren correr”, dice el informe de OVV.

Los comerciantes son amenazados por los delincuentes, en una cadena en la que participan también autoridades y elementos policiales. Una de las practicas frecuentes de los funcionarios y de la administración de justicia de la entidad, es intimidar con posibles “sanciones” o “multas” inexistentes ante cualquier irregularidad para obligar a los afectados a entregar dinero o bienes. También funciona el acto extorsivo, en los casos más leves, para “agilizar” cualquier trámite, si no es que media la amenaza de muerte, según contaron fuentes a OVV Lara que solicitaron mantener el anonimato.

Como el cáncer, la extorsión ha hecho metástasis en el cuerpo de la actividad comercial y empresarial en estados ampliamente productivos. Casos similares se han suscitado en Guanare, estado Portuguesa, pero las víctimas no denunciaron ante las autoridades por temor a represarías.

Entre los casos se destaca algunos laboratorios clínicos en ambas entidades que fueron allanados sin una orden judicial por supuestos funcionarios que portaban pasamontañas. Amenazaron a los propietarios de que serían sancionados por manejo inapropiado de desechos biológicos, lo que acarrearía el cierre de locales y multas. Se les obligó a pagar dólares en efectivo para que pudieran funcionar.

En la columna de opinión “Retacitos”, escrita por el periodista Juan Bautista Salas en el portal de El Impulso, se detallan algunos de los modus operandi de los funcionarios que se presentan en las empresas del estado Lara con «una “notificación” de un proceso de fiscalización que conduciría a sanciones para sus propietarios. “Me pagas, o te atienes a las consecuencias”, les dicen.

Otro tipo de extorsión es la que se practica contra productores rurales y transportistas de alimentos. El último Informe de Violencia del OVV indica que en Venezuela “los productores viven entre dos amenazas continuas; por un lado, la de las distintas formas de crimen organizado -bandas o guerrillas- que pueden actuar en esa zona; y por el otro, la de los propios funcionarios policiales o militares locales, quienes unas veces los protegen y otras los extorsionan”.

Ante esta realidad, algunas comunidades de agricultores de los municipios Andrés Eloy Blanco, Jiménez, Iribarren y Morán, del estado Lara, han creado “brigadas de seguridad integral” para hacer frente a las extorsiones de funcionarios y a los delincuentes comunes.

Según pudo conocer el OVV Lara, las “brigadas” surgieron con el propósito de afrontar la ruralización de la violencia y como una forma de “autoprotección” contra los grupos armados. “Ellos tienen más de 2 mil armas en su poder. Los cuerpos de seguridad no tienen control sobre ellos, eso es un riesgo”, dijo un comerciante residente de uno de estos municipios que pidió mantener su nombre en reserva.

Por último, el OVV Lara exhorta a las autoridades a garantizar la protección de las personas que se atrevan a denunciar allanamientos arbitrarios, privativa ilegitima de libertad, retención de documentos, solicitud de dinero u otras amenazas.

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