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La subasta de Citgo por $7,4 mmrd enfrenta objeciones legales en Nueva York y Delaware; bonistas denuncian falta de transparencia y exclución de participantes.

La subasta de Citgo —la filial estadounidense de PDVSA— ha estallado como un foco de tensión global. Dalinar Energy ofreció $7.400 millones por las acciones de PDV Holding, pero excluyó a algunos bonistas. En respuesta, esos bonistas preparan objeciones judiciales en Delaware y Nueva York, denunciando una subasta “irregular y opaca”. La puja promete retratar el pulso entre intereses políticos, económicos y jurídicos.

Una oferta para compensar… ¿pero no a todos?

Dalinar Energy, la sociedad creada por Gold Reserve, propuso pagar $7.4 mmrd para saldar obligaciones con 11 de los 15 acreedores involucrados. La intención, aseguran, es cerrar el capítulo con esos bonistas; sin embargo, esa oferta deja fuera al menos a los tenedores de un bono respaldado por acciones de Citgo. Por esta razón, mantienen el reclamo legal y acusan al proceso de violar criterios de equidad y transparencia al decidir quién entra y quién no.

Bonistas alzan la voz: ¿subasta injusta?

Los acreedores en cuestión están listos para presentar objeciones en las cortes federales de Delaware y Nueva York. Alegan que la subasta no cumple con criterios claros de selección y que el proceso favorece a Dalinar. Además, algunos advierten que la exclusión de ciertos tenedores de bonos podría dejar indefensos a inversores legítimos, convertidos en espectadores ante una maniobra que sienten arbitraria.

Fechas clave: 10 de julio y 18 de agosto de 2025

El calendario judicial juega un rol central: el próximo 10 de julio, los bonistas buscarán protección legal en la Corte de Nueva York. Allí podrían frenar o modificar el proceso. Más adelante, el 18 de agosto está prevista la audiencia final, donde se definirán las bases de adjudicación y las posibles compensaciones. Dos fechas donde se decidirá el destino de Citgo.

Implicaciones geopolíticas y financieras

Esta subasta no solo atañe a una empresa petrolera: abre una grieta en la estrategia del gobierno interino venezolano, del chavismo y de los poderes judiciales estadounidenses. El resultado impactará en las finanzas de PDVSA, en las relaciones con acreedores internacionales y en el precedente legal de otras subastas de activos soberanos.

¿Qué estará en juego en agosto?

• Distribución del precio: si los $7.4 mmrd se destinan solo a algunos bonistas, ¿qué pasa con los demás?
• Transparencia del proceso: ¿se aplican criterios justos y concurrencia abierta de postores?
• Control de Citgo: quién la dirige tras la adjudicación: ¿Gold Reserve, acreedores o nuevos administradores?

Antecedentes: protecciones y litigios previos

Citgo ha estado rodeada de disputas legales desde 2016, cuando PDVSA usó sus acciones como garantía para bonos PDVSA2020. La OFAC y cortes en EE.UU. han autorizado subastas sucesivas, extendido licencias y medido reclamos por hasta $21 mmrd en activos. Aparecen nombres como Crystallex, ConocoPhillips y Rosneft, cada uno con intereses distintos y demandas activas.

Un proceso inédito: ¿quién marca las reglas?

Las bases de la subasta se diseñaron bajo supervisión judicial, pero bonistas alegan que no hubo consulta ni transparencia. Denuncian que algunos criterios favorecen a Dalinar y Gold Reserve, en un entorno donde se decide el futuro de una de las principales empresas petroleras de propiedad venezolana fuera de Venezuela.

Editorial: subasta justa o ingeniería financiera

Cuando la negociación se traslada a una sala de jueces y no a pactos entre partes, el riesgo pasa de económico a sistémico. El caso Citgo representa un modelo donde activos estratégicos pueden cambiar de manos sin base política nacional ni consulta democrática.

Propuestas para un proceso legítimo

1. Transparencia total: publicar bases, criterios, oferentes y plan de distribución.
2. Igualdad de oportunidades: permitir que todos los acreedores válidos postulen y compitan.
3. Supervisión multilateral: incluir representantes de la oposición venezolana, tribunales y organizaciones internacionales.
4. Uso social del excedente: parte del dividendo debería ir a salud, educación o reconstrucción nacional.

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