Rocío San Miguel y el limbo de la ley en Venezuela
Vierne5 / Fuerzas de seguridad de Venezuela allanaron la noche del miércoles pasado la casa de Rocío San Miguel en Caracas, en la que agentes de seguridad dijeron haber incautado «decenas de evidencias» que comprometerían, según el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a la activista por los derechos humanos en actos terroristas.
Los efectivos, al menos seis funcionarios de diversas instituciones gubernamentales, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ingresaron a la residencia sin mucho papeleo; es decir, sin mucha atención a lo que dice la ley.
Mientras se realizaba el allanamiento, afuera del inmueble estuvieron Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista, y uno de sus abogados. A Miranda poco después se la llevarían detenida, por ser hija de Rocpio y por considerar el gobeirno que ella era una cómplice necesaria.
El abogado de la familia, Joel García denunció más tarde que, tras la operación, las autoridades se llevaron de la casa mapas impresos de zonas de seguridad que San Miguel utilizaba cuando era docente en institutos militares, así como un dispositivo iPad de su hija. La vivienda , al momento, no fue confiscada.
CNN contactó a la Fiscalía General de Venezuela para pedir más detalles sobre estas acciones, pero el área de prensa respondió que no tenía información.
La Fiscalía de Venezuela rechaza que la activista Rocío San Miguel sea víctima de desaparición forzada.
El allanamiento a la casa de la activista ocurre cuando este viernes se cumpla una semana de que San Miguel fuera detenida acusada de delitos como conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. La Fiscalía la señala como copartícipe de una trama conspirativa contra el presidente Nicolás Maduro, algo que su defensa rechaza.
Además de San Miguel, también está detenido Alejandro González, su expareja, acusado de revelación de secretos políticos y militares, obstrucción de la administración de justicia y asociación para delinquir. El martes, la Fiscalía dio a conocer que a ambos un tribunal les dictó privación judicial preventiva de la libertad como medida cautelar.
Este miércoles, el Fiscal General, Tarek William Saab, justificó la detención de San Miguel, hecho que ha sido criticado por la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
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