Al TSJ no le queda otra vía que contestarle rápido a María Corina Machado sobre su inhabilitación
Vierne5 / La solicitud de amparo cautelar de María Corina Machado para poder inscribirse como candidata presidencial, debe recibir una respuesta “lo más inmediata posible” del Poder Judicial, afirman los expertos.
La demanda de la candidata opositora María Corina Machado para poder inscribirse como aspirante a la presidencia de Venezuela el próximo año y ocupar el cargo, si ganara las elecciones, debe contestarse “lo antes posible”, al menos en una primera fase, de acuerdo con juristas de esa nación.
Machado, una ingeniera y activista política de 56 años que ganó holgadamente la primaria del antichavismo para ser su candidata en 2024, introdujo el viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia un reclamo junto a una demanda de amparo cautelar contra la “vía de hecho”, como califica junto a sus abogados la inhabilitación por 15 años de la Contraloría General de la República, pero que nunca le fue notificada, según argumenta.
La oposición venezolana acusa al oficialismo de utilizar ilegalmente desde hace años la figura de la inhabilitación administrativa para impedir que decenas de líderes antichavistas sean candidatos a cargos de elección o bien para destituirlos.
La Contraloría venezolana informó en junio pasado a través de un comunicado que Machado, entonces favorita en las encuestas para la primaria, había sido inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Según la institución, Machado participó en una supuesta trama de corrupción encabezada por el líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando presidía la Asamblea Nacional.
Refiere en diario estadounidense Voz de América, que a Machado también se le acusó de presuntamente ocultar información de su patrimonio tras cesar sus funciones como diputada hace 9 años.
Si bien voceros del chavismo han dicho en semanas recientes que Machado nunca será candidata presidencial, la dirigente del partido Vente Venezuela precisó que acudió ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte del proceso multilateral de negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Noruega, que facilita los diálogos, anunció a finales de noviembre un acuerdo sobre un mecanismo de revisión de las inhabilitaciones a través del Tribunal Supremo de Justicia y la solicitud de un amparo cautelar.
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