Vierne5 / En Venezuela se ha abierto una serie de advertencias sobre el carácter autoritario y dictatorial de un proyecto de Ley que se prepara para controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG´s), que le permitiría al gobierno arrinconar y judicializar a aquellas que no le resulten favorables.
En efecto, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, adelantó el miércoles que la ley que prepara el Parlamento permitirá fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG de forma «muy severa».
«Ya comenzamos la consulta pública, y ya algunos comenzaron a chillar, pero se acabó la mamadera de gallo con las ONG en este país», dijo el también diputado, presidente de la Comisión de Política Interior del Legislativo controlado por el Psuv, durante su programa semanal “Con el mazo dando”, transmitido por la estatal VTV.
Cabello, considerado número dos del chavismo, afirmó que «la mayoría» de las organizaciones no gubernamentales del país «está conspirando», por lo que, una vez aprobada y promulgada la ley, estas «tendrán que registrarse» y «rendir cuentas» sobre el origen de «la plata (dinero) con la cual están conspirando».
El dirigente oficialista nombró a la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que va a «tener que rendir» cuentas de «hasta el último centavo» que -dijo- recibe.
«No digan que no se lo estamos advirtiendo, y desde ahí atacan, montan conspiraciones, reciben dinero por escribir mal contra su propio país», agregó Cabello.
El pasado 9 de enero, el parlamento anunció que llevará a consulta pública el proyecto de ley que «busca permitir, supervisar, revisar y registrar las ONG», cuya creación fue aprobada por la Cámara en enero de 2023.
Al estilo de Nicaragua, el proyecto inicial de esta ley, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12 mil dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
Esta propuesta ha sido rechazada por decenas de ONG, por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la principal coalición opositora- y por Amnistía Internacional (AI), entre otros.
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