Vierne5 / El gobierno de Venezuela inhabilitó, por medio de la Contraloría General de la República, a otros cinco dirigentes opositores, dos de los cuales se encuentran en funciones públicas.
Según la publicación, los inhabilitados son: Carlos Ocariz, exgobernador del estado Miranda; José Fernández, actual alcalde del municipio Los Salias, en el estado Miranda; Tomás Guanipa, exparlamentario y miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática en las negociaciones con el gobierno; Elias Sayegh, alcalde del municipio El Hatillo. y el ex parlamentario Juan Carlos Caldera. A los cuatro primeros les están aplicando una sanción de 15 años y a Caldera 12 meses.
La Contraloría de Venezuela, de línea oficialista, informó el miércoles que inhabilitó políticamente a cinco opositores -dos alcaldes en ejercicio y tres exdiputados-, que se suman a una extensa lista de dirigentes que incluye a la líder María Corina Machado.
Este tipo de sanción ha sido practicada sistemáticamente durante la era del chavismo, apuntando a dirigentes con amplia popularidad como Machado, quien ganó las primarias de la oposición y es favorita en las encuestas, pero quedó inelegible para los comicios del 28 de julio en los que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato.
Las sanciones fueron anunciadas por un período de 15 años para los alcaldes Elías Sayegh del municipio El Hatillo del Área Metropolitana de Caracas, y José Antonio Fernández López del municipio Los Salias del estado Miranda (centro). También fueron inhabilitados por 15 años los exdiputados Tomás Guanipa y Carlos Ocariz, excalde del municipio Sucre (2008-2017), mientras que la sanción fue de 12 meses para el ex parlamentario Juan Carlos Caldera. Todos copartidarios del dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, otro inhabilitado por la Contraloría, en 2017.
Las resoluciones en la que están asentadas las inhabilitaciones tienen fecha del 16 de abril de 2024, según el documento publicado por la Contraloría en su sitio oficial. Capriles, Ocariz, Guanipa y Caldera forman parte del partido Primero Justicia (PJ), cuyo control tambiés les fue quitado y otorgado al disidente José Brito, señalado como colaboracionista del gobierno, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tachado de ser afín al chavismo gobernante.
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