Si hay algo que está claro en Venezuela es que el gobierno premia a sus funcionarios.
Este jueves, para ofensa a más de un centenar de ciudadanos que aspiraron de buena fe que el Parlamento analizara sus curriculums, se anunció que el ex Contralor General de la República, Elvis Amoroso, quien había renunciado oportunamente al cargo, es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral.
Amoroso viene de ser el ejecutor de una abundante serie de inhabilitaciones políticas que han ayudado al gobierno a desprenderse de dirigentes incómodos que pudieran eventualmente ser factores de riesgo para el régimen, que aspira a seguir manteniéndose el poder.
Varios funcionarios del gobierno, todos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), encabezados por Nicolás Maduro y seguidos, entre otros por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, calificaron la elección de la directiva del CNE como una muestra de funcionamiento de la democracia y de “independencia” de las instituciones.
De este modo, la directiva quedó constituida por el señor Amoroso, seguida por Rosalba Gil Pacheco y Carlos Quintero, quienes ocuparon importantes cargos en el gobierno de Maduro y que son considerados afines a su gestión. Amoroso y Quintero están sancionados por Estados Unidos, cosa que aleja el deseo del régimen de que se suspendan estas restricciones.
Por otra parte, los otros directivos, Aime del Nogal y Juan Carlos Delpino, han estado vinculados a partidos de oposición.
Y puede parecer una simpleza, o un dato no tan relevante, pero los diez rectores suplentes son Leonel Párica, Gustavo Vizcaino, Francisco Garcés, Antonieta De Stefano, Tulio Ramírez, Ana Julia Niño, Conrado Pérez, Aura Hernández Moreno, Himab Saab Saab y Fabio Zavarce Padrón.
Algunos son conocidos, otros no, pero resulta que la Constitución venezolana establece taxativamente que los funcionarios designados deben ser de probada independencia en sus criterios. Es decir, estos rectores no deben tener vinculación alguna con organizaciones con fines políticos o con el gobierno. Ese es uno de los requisitos de elegibilidad para ser rector del CNE, establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral y el artículo 296 de la Constitución; pero como está demostrado que varios de estos nuevos rectores, si no todos, la mayoría han militado en partidos políticos y obedecen a sus órdenes.
En Venezuela es una práctica común que un funcionario, cuando va a ser elevado a un cargo, “renuncie” a la militancia del partido, como si esto le diera un baño de independencia que por supuesto nunca se cumple porque siguen actuando como fichas de la organización en la que militan, organización que sigue imponiéndoles líneas y mandatos que deben cumplir, so pena de ser “renunciados” en cualquier momento.
El caso de Amoroso es muy particular no solo porque viene de ser contralor, sino porque es ficha del gobierno y de su partido, con el que ha ejercido el poder de veto que le arrastra como el inhabilitador profesional que ha sido para eliminar sin fórmula de juicio a todo aquel que se le presente como piedra en el zapato al gobierno. Dos de esos casos más sonados son, entre muchos otros, los de María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski, pero la lista abunda con ex gobernadores, alcaldes concejales, dirigentes políticos, e incluso sus esposas, cuya jurisdicción no llega al alcance de la Contraloría, pero que la Contraloría asume que sí la puede alcanzar, y la ejecuta con todo el sentido que implica esta palabra.
En un país como Venezuela los altos funcionarios del gobierno, o del partido, ni siquiera muestran un poquito de rubor cuando expresan que tal o cual funcionario “independiente en sus funciones”, ha sido designado a otra responsabilidad. Allí está el caso de la ex presidenta del CNE, Tibisay Lucena quien, al ser mencionada para otro cargo, el diputado Diosdado Cabello le calificó el traslado como una nueva responsabilidad que le asignaba el presidente, premisa que se ha repetido en este caso con el señor Amoroso y que supone un premio a como se han portado.
Amoroso, por supuesto, no es un independiente ni se manda solo. Fue diputado del chavismo y consultor jurídico de Maduro. La oposición y expertos legales aseguran que su poder de veto sin una sentencia penal, es contrario a la Constitución, y acusan al gobierno de usar las inhabilitaciones como herramienta política, cosa que pasa sin que sea necesario que se activen las maquinitas cuentavotos del CNE.
Pero en descargo, Amoroso es un hombre culto. Además de abogado y economista, es aficionado a la música sinfónica, que seguramente escucha, o escuchaba, entre una inhabilitación y otra. Ahora la escuchará de otra forma.
En la acera de enfrente está Machado, una exdiputada e ingeniera industrial de discurso recio contra el chavismo, quien es la última en una amplia lista de opositores inhabilitados por la Contraloría en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. María Corina, como le llaman de forma sencilla, es una de las detractoras de mayor perfil en Venezuela.
- www.vierne5.com
